“Impuestazo” de febrero 2003, el fracaso del neoliberalismo

miércoles, 20 de febrero de 2019 · 00:09

La mayor expresión del neoliberalismo vigente en el país entre 1985 y 2005 fue la enajenación de empresas públicas y recursos naturales. Antes de iniciarse el proceso enajenador, el país contaba con 212 empresas públicas: 78 dependían del gobierno nacional, 92 de las corporaciones regionales de desarrollo (Cordes), 17 de las prefecturas y 25 de las alcaldías. Del total, siete eran estratégicas (YPFB, LAB, ENDE, ENFE, ENTEL, Comibol y la EMV), porque eran las encargadas de generar excedentes económicos para atender las demandas de los bolivianos.

Los gobiernos neoliberales utilizaron tres métodos para enajenar empresas públicas: la privatización, la capitalización y el cierre. El proceso tuvo su inicio en el gobierno de Víctor Paz y Julio Garret (1985-1989) que sentó las bases para la privatización de empresas públicas y cerró cinco de ellas. Luego vino el gobierno de Jaime Paz y Luis Ossio (1989-1993) que promulgó la Ley 1330 de Privatización (24/04/1992) y privatizó 10 empresas del gobierno nacional, 14 de las Cordes y cuatro de las prefecturas, haciendo un total de 28 empresas; además se cerraron 15 empresas públicas.

Posteriormente llegó el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997), el más agresivo en la enajenación de empresas públicas. Promulgó la Ley de Capitalización (14/06/1991). La capitalización, según sus gestores, atraería inversiones extranjeras que doblarían la capacidad productiva de las empresas, generando doble empleo y doble beneficio económico para el país. Se capitalizaron cinco empresas públicas estratégicas (ENDE, ENTEL, LAB, ENFE y YPFB); además se privatizaron 37 empresas públicas (tres del gobierno nacional, 27 de las Cordes, seis de las  prefecturas y una de las  alcaldías) y se cerraron cinco empresas. En el gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga (1997-2001) se privatizaron varias unidades económicas de YPFB (refinerías, plantas de almacenamiento y estaciones de suministro de combustible y otras). Además, se privatizaron nueve empresas públicas (cinco del gobierno nacional, tres de las Cordes y una de las alcaldías) y se cerraron cinco empresas. En el gobierno por sucesión constitucional de Quiroga (2001-2002) se continuó con la privatización de unidades económicas de YPFB (redes de distribución de gas natural, plantas engarrafadoras y otras). Se privatizó, además, una empresa del gobierno nacional.

Llegó nuevamente al gobierno Sánchez de Lozada esta vez  con Carlos Mesa (2002-2003), un adulador incansable de la capitalización. Este gobierno se percató que la capitalización era un negocio altamente lucrativo para las empresas transnacionales capitalizadoras y totalmente desfavorable para el Estado boliviano. 

Al finalizar 2002, el desempleo abierto era de 7,7%, más del 30% de la población  residía fuera del país, el PIB había crecido apenas el 2,5% muy por debajo del comprometido (8%), la deuda externa alcanzaba al 54,2% del PIB, los ingresos del país habían disminuido paulatinamente, hasta generar un déficit fiscal del 8,7%. 

El neoliberalismo estaba en crisis, el país carecía de recursos económicos aún para atender necesidades básicas. Este extremo hizo que el gobierno de Sánchez de Lozada y Mesa presente un proyecto de ley para achicar el déficit fiscal a través del recorte de gastos estatales, cero incremento al presupuesto de las universidades, congelamiento de salarios y creación de un impuesto al salario de los trabajadores; en otras palabras, íconos del neoliberalismo y la enajenación de empresas públicas y recursos naturales estaban tácitamente reconociendo su rotundo fracaso. 

Queda como conclusión que quienes le hicieron esta maldad a Bolivia no fueron simples individuos organizados en partidos, fueron personas que portaban un conjunto de convicciones. Los privatizadores y los capitalizadores fueron portadores de una idea de país, de un proyecto de país entregado al poder del capital y de las transnacionales. Lo más contundente es que esa mentalidad está vigente, esos personajes siguen vigentes y en espera.

Rubén Medinaceli Ortiz es senador MAS-IPSP.
 

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