Tariquía, nuevo atentado a la Madre Tierra

sábado, 13 de abril de 2019 · 00:11

El conflicto por la tierra y las áreas naturales protegidas reaviva nuevamente la problemática expansionista de acumulación extractivista gubernamental, sustentada en la exploración hidrocarburífera gracias a la flexibilización de normativas y políticas ambientales, el debilitamiento de las organizaciones, y movimientos indígenas de tierras bajas y altas, invalidando sistemáticamente el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades campesinas.

Atrás quedaron los principios rectores del vivir bien y la charlatanería pachamamista del Gobierno y su abanderado “Héroe mundial de la Madre Tierra”, pues en los hechos se ha dado continuidad a las políticas de administraciones anteriores respecto a la estrategia primarioextractivista, basada en la explotación bruta, carente de planificación, cuya lógica es la simple obtención de lucro inmediato sin valor agregado, revelando con ello un total desprecio por el entorno ambiental y la unidad de las organizaciones indígenas. 

El escenario medioambiental del país refleja fuertes tendencias de explotación y ampliación de las fronteras petroleras, licencias mineras ajenas a políticas ambientales sostenibles; construcción de hidroeléctricas y carreteras en áreas protegidas con resultados catastróficos como las cuencas del Poopó y del río Pilcomayo; la deforestación de parques naturales; las concesiones mineras en el Illimani que ponen en peligro los glaciares que abastecen de agua para la producción agrícola; la afectación al TIPNIS, donde se pretende construir una carretera que atraviese el corazón de la reserva, pese a la negativa de los habitantes del territorio de las etnias yuracaré, chimane y moxos. 

La filial boliviana Petrobras y la subsidiaria YPFB Chaco, con una inversión estimada de 1.000 millones de dólares, pretenden realizar exploraciones en la reserva natural de fauna y flora de Tariquía, situada en Tarija y que desde el año 2015, mediante la promulgación del decreto 2366 -que aprueba actividades hidrocarburíferas en áreas naturales protegidas- se encuentra bajo constante amenaza y peligro de despojo por ser una zona potencial de exploración. 

Tariquía posee una extensión superficial de 246.870 hectáreas y fue creada para la protección de zonas de recarga hídrica, cumpliendo funciones ecológicas de conservación de una biodiversidad incalculable y de un alto valor científico por ser un reservorio natural de recursos genéticos aún no estudiados, así como la producción y purificación de aguas de los ríos Bermejo y Grande. 

Ante el atropello gubernamental y las transnacionales petroleras, Tarija llevó adelante un paro cívico de protesta en marzo.  

Las acciones gubernamentales evidencian grandes contradicciones e incoherencias tan alejadas de todo aquello que se predica pero que no se cumple, pues no está comprometida con la protección y preservación del patrimonio natural y menos aún con sus propios principios del vivir bien proindígena, y ecologista difundido y pregonado por Evo Morales, quien no pierde oportunidad para promocionarse como quijote de la justicia, defensor del medioambiente, los derechos humanos y la democracia de los pueblos; pero que en los hechos, hace todo lo contrario de lo que profesa. 

Este gobierno ha promovido la deforestación, la ampliación de las fronteras de exploración hidrocarburífera en áreas naturales protegidas, la agricultura sobre chamizado (selva quemada), el desarrollo de megaproyectos, como las represas hidroleléctricas del Bala y Chepete, en su pretensión de convertir a Bolivia en el “corazón energético de América del Sur”, socavando flagrantemente las libertades y los derechos humanos consagrados en la CPE, sumados a la desregulación de políticas ambientales de consulta previa y respeto a las normas que resguardan los territorios y derechos indígenas.

 

Saúl Marcelo Chinche Calizaya es docente investigador de la UMSS

70

Otras Noticias