Editorial

100 jueces despedidos y el control institucional

sábado, 11 de mayo de 2019 · 00:15

La reconocida fundación internacional de defensa de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), ha denunciado hace poco que  en los últimos dos años  unos cien jueces bolivianos han sido destituidos arbitrariamente por autoridades del gobierno central. Ante una situación tan grave, HRW pidió que la OEA convoque a una reunión de su consejo permanente para discutir este tema.

La entidad dijo que la reforma judicial en Bolivia, con la posibilidad de echar a los jueces cuando lo desea el gobierno, “está debilitando el Estado de Derecho en el país”.

El tema de los jueces es solo la punta del iceberg. La captura institucional que ejerce el gobierno es sorprendente. En un spot de TV de constante emisión, el ministro de Justicia, Héctor Arce, señala que los nuevos notarios del país son “independientes”. Lo que olvida decir es que la Dirección del Notariado, que dependía del Órgano Judicial, pasó ahora a depender del Ministerio de Justicia. Los notarios fueron juramentados por el propio ministro Arce, en presencia del presidente Morales. 

Qué manera tan curiosa de demostrar su independencia. Esos notarios, hoy por hoy, son virtuales funcionarios del Ministerio de Justicia, así que toda la información que ellos procesan de los ciudadanos ya no es segura ni reservada. 

Lo mismo ocurre con los magistrados de los máximos tribunales de justicia. Primero la bancada masista elabora unas listas de candidatos, que luego son refrendadas por una minoría de los votantes nacionales. Y a los elegidos ¡los posesiona el presidente Morales! Hace lo mismo con los vocales de los tribunales electorales, nacionales o departamentales. Esto, que ya se ha normalizado, es en realidad una anomalía. No se debería permitir que el jefe de un órgano nomine y posesione a los integrantes de los otros órganos.

Es el sueño de quienes, en el MAS, soñaron con crear un “Estado integral”, en el que la separación de poderes solo sea una ficción, una formalidad de la Constitución, pero que en realidad se base en que el Gobierno controle a todas las instituciones. 

El control de la justicia, obviamente, es crucial, y con éste el oficialismo evita las investigaciones que lo puedan afectar y alienta las que pueden generarle rédito político (como convocar a declarar “como testigo” al expresidente Carlos Mesa por la venta del departamento de sus padres en 2009). Pero logra aún más: se asegura de que su plan de eternización en el poder sea ratificado por magistrados genuflexos y acríticos, que estuvieron dispuestos a señalar que Morales tiene el “derecho humano” de reelegirse en el poder indefinidamente. Es preocupante.
 

 

 

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