Gregorio Lanza

El narcotráfico envenenó al gobierno del MAS

sábado, 29 de junio de 2019 · 00:09

A estas alturas para nadie es un secreto que existe una imbricación entre el narcotráfico y las  esferas políticas del partido de gobierno. Como el propio  Presidente dijo a los policías,  en el caso de Beni: Ustedes saben quiénes son los narcos, atrápenlos.  El Presidente  conoce esta realidad, pero  nada puede hacer, pues significaría desmontar el tinglado  que él también, de diversas maneras, ha contribuido a edificar. 

La acción de los clanes del narcotráfico en Beni se las ha asociado,  en publicaciones, con el Ministro de la Presidencia, puesto que él, durante años, ha sido el responsable político del departamento  y ha construido las estructuras del partido basándose en los grupos de poder de la región. Por otro lado, también habría que mencionar la responsabilidad que se atribuye, por acción u omisión,  al Ministro de Gobierno en el caso del clan Montenegro, que, a través de los exoficiales de la policía  Kurt, Moreira y Medina, manejaba la línea Chimore-Santa Cruz-Panamá. 

Las autoridades han reaccionado a  estas acusaciones con amenazas de procesos, después, bajando el tono, dijeron que están dispuestos a someterse a investigaciones que, como todos sabemos, no tendrían ningún resultado, pues todos los poderes, el Judicial, el Legislativo y la Felcn,  están bajo su control. 

Entonces, más allá de las personas y del rol coyuntural que desempeñan, se trata de descubrir las causas de la expansión del narco en el gobierno y el Estado. Un primer acercamiento nos dice  que los productores de coca del trópico de Cochabamba han pasado, en su mayoría, a  producir pasta base, lo que  profundiza los vasos comunicantes con los  cristalizadores/exportadores, y, peor aún,  el hecho de que el presidente de las seis federaciones de productores de coca del trópico de Cochabamba es al mismo tiempo  el Presidente del Estado Plurinacional, lo cual debilita la interdicción sobre esta fase  de la producción de droga. 

Un segundo aspecto es que la industria ilícita de la droga ha penetrado en amplias estructuras económicas y sociales del territorio,  como ser las poblaciones  de  las zonas fronterizas y del altiplano, que además son parte del apoyo al trasiego de droga desde Perú. Los servicios, como ser infraestructura,  transporte y logística de la industria de la cocaína, generan ingresos que llegan  a estratos pobres. Así,  contrabando, comercio informal,  por supuesto, banca y el gran comercio se reciclan y reciben, de una y otra manera, los dineros del tráfico de droga.

Finalmente, teorizar si este gobierno es de izquierda o  derecha, en este caso, es irrelevante; los datos muestran que  el MAS  es un gobierno capitalista  de las élites (empresariales, sociales, étnicas, militares),  con un caudillo y un  partido electoral  prebendal y clientelar; entonces, no tiene ideología, estructuras, ni contornos definidos. Son pocos los jerarcas que han logrado estructurar un aparato sólido, es el caso de Romero en Santa Cruz, y Quintana en Beni.

El MAS es un partido “atrapa todo”, cualquiera que tiene recursos puede ingresar a él, basta que dé poleras, transporte, alojamiento, comida y bebida para asistir a las concentraciones y congresos. Superó al MNR, debido a la gran cantidad de recursos ilícitos que maneja en estas élites. Los dineros pueden ser de las recaudaciones de los empleados públicos, quienes subieron al doble en 10 años de gobierno, o de las comisiones que existen en cada una de  las obras, casi todas sin licitación, o del narcotráfico, como es el caso que analizamos. 

Así, los dineros ilícitos de la droga han encontrado los resquicios para envenenar al Gobierno, debilitando su organismo (debido a las pugnas internas y la influencia cada vez mayor en sus decisiones) y además ha penetrado al Estado: al Poder Judicial, al Poder Legislativo (en menor cuantía) y a la Policía, lo que lleva a un deterioro general  de la seguridad en el país.

 Los organismos internaciones, en el caso del sistema de Naciones Unidas, han seguido la lógica de servir de manera funcional al Estado miembro. Así Unodc mira con excesiva cautela los  problemas que  genera el derrumbe del sistema de control antidroga en Bolivia.

 

Gregorio Lanza  es economista  con maestrías en políticas públicas  y exresponsable de Prevención y Atención de Conflictos de  la   Defensoría del Pueblo.
 

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