Los servidores públicos

miércoles, 05 de junio de 2019 · 00:09

Cuando en 1990 (Ley Safco) se utilizó por primera vez la expresión “servidor público” en reemplazo de “funcionario público”, empezó a producirse un giro en la manera de entender lo que debía ser la prestación de servicios en el sector público: una actividad al servicio de la comunidad y no de partido político, grupo o individuo alguno.

De ahí por qué la indicada ley, además de disponer que uno de sus objetivos era “lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación”, estableció también un régimen de responsabilidades (administrativa, ejecutiva civil y penal) aplicable a todo servidor público, desde el Presidente del Estado hasta el personero de menor rango de cualquier institución estatal. 

En línea con lo descrito, la Ley 2027, del Estatuto del Funcionario Público (1999), estableció una serie de normas orientadas a la institucionalización del sector público, capaz de dar estabilidad laboral a quienes, por sus méritos y no por su militancia, accedieran a cualquier cargo público. 

Entre los principios de esta norma se encuentran el servicio exclusivo a los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno; el sometimiento a la Constitución y a la ley; reconocimiento al mérito, capacidad e idoneidad funcionarias; a la eficacia, competencia y eficiencia en el desempeño de las funciones públicas para la obtención de resultados en la gestión; y otros. Todo ello se desarrolló con otras normas como los decretos 25749 (Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 2027) y 26115 (Sistema de Administración de Personal).

De esta manera comenzó a enfrentarse males endémicos que impregnaban la administración pública: compadrerío, prebenda, llunk’erío … Se buscaba que quienes prestasen servicios en ella fueran los mejores hombres y mujeres, con idoneidad y capacidad comprobadas para el desempeño de la función pública. Y así sucedió en muchas instituciones estatales, cuyas Máximas Autoridades Ejecutivas entendieron este espíritu y actuaron en consecuencia.

Este proceso comenzó a desdibujarse en 2006, cuando el MAS tomó el poder y “decidió” que las leyes Safco y del Estatuto del Funcionario Público eran neoliberales. Era, en el fondo, la decisión política del masismo de copar el Estado y llenarlo de sus “militantes” y adulones, con independencia de sus condiciones y capacidades.

Y así estamos hoy, con una administración pública prostituida, a la cual no acceden los mejores hombres y mujeres y, si lo hacen, es bajo condición de inscribirse al MAS y ser “leales” a la entelequia que se llama “proceso de cambio”. 

El servicio a la comunidad, el servicio al pueblo del que tanto hablan los líderes del MAS pasó al olvido. Hoy, quienes prestan servicios en la administración pública son obligados a viajar a actos políticos, a abrir cuentas en redes sociales para actuar como corifeos del líder, a hacer campaña para la re-re-re-reelección. Viven con la espada de Damocles sobre su cabeza, porque los jefes del MAS han decidido que deben retribuir el enorme favor de trabajar en la administración pública con su sumisión al partido; y saben que, a la mínima sospecha de no ser azules, serán echados de sus fuentes de trabajo, sin consideración alguna, aunque la Constitución reconozca el derecho a la estabilidad laboral.

Triste situación la de la administración pública, que es necesario corregir para poner a todos quienes trabajan en ella al servicio de los administrados y del país.

 

Carlos Derpic  es abogado.

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