Sonia Montaño Virreira

Feminicidios: ¿de lesa humanidad?

domingo, 18 de agosto de 2019 · 00:11

En medio de la chacota electoral del oficialismo y sus amigas, el Gobierno ha puesto el ojo en uno de los crímenes más lacerantes: la muerte de mujeres en manos de sus parejas o exparejas. Aún no ha dicho ni hecho nada por las otras formas de violencia cotidiana que, analizadas en su conjunto, ponen en evidencia su  carácter sistémico y la complicidad de las autoridades ante la impunidad que caracteriza el accionar de la (IN) justicia.

Una de las últimas ocurrencias del Presidente ha sido la de informar que ha invitado a un grupo de expertos a elaborar una propuesta para que el feminicidio sea considerado un crimen de lesa humanidad. ¡Bravo! han dicho quienes lo rodean, haciendo gala de una ignorancia indigna en quienes están a cargo de las políticas públicas.

El Estatuto de Roma, vigente desde 2002,  identifica, entre otras, la  tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. 

Fuera de ese contexto, el feminicidio ya sea en el ámbito público o privado, es objeto de severas penas de hasta 30 años, como ocurre en la legislación boliviana, suficiente, en caso de cumplirse, para sancionar a los perpetradores. Tipificarlo como crimen de lesa humanidad es parte de un debate que no es prioridad en Bolivia.

 Parece  que hablar de tal extremo y fácilmente puede convertirse en otra bandera para salir en la foto de organismos internacionales, como ocurrió con la Madre Tierra y el agua, declarada derecho humano, mientras en casa estamos destruyendo la vida y aún no tenemos agua para todos.

El incrédulo Presidente ha dicho que quiere otro estudio para convencerse si estos delitos han aumentado o son fruto de las maravillosas leyes aprobadas en su gobierno, las  que, a su juicio, han abierto las puertas para que las víctimas denuncien, aplicando mecánicamente una duda razonable hace más de 20 años pero cínica hoy, cuando hay evidencia de que éstos han aumentado y son más crueles.

Al Presidente debieran contarle  que en el ámbito internacional ya se cuenta, desde 2009, con la sentencia conocida como Campo Algodonero, por los crímenes en ciudad Juárez, donde el tema de género es el común denominador de la violencia,  que “sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos”.

 Lo que este caso enseña y es útil para reflexionar en Bolivia es que debido a  la sentencia sobre muerte de mujeres en Ciudad Juárez, ocurridas sistemáticamente desde los años 80, se identificó negligencia y complicidad de las autoridades, feminicidio sexual sistémico, violencia doméstica, torturas y secuestro, violaciones masivas y asesinato con ensañamiento, a fin de prolongar el sufrimiento de las víctimas y sus familiares. 

Muchas de estas características están presentes en Bolivia, donde se debe estudiar, como lo hicieron en México,  la relación con el contexto social desarrollado en las últimas décadas y fortalecido durante este gobierno. Es necesario ver los vínculos entre la violencia misógina y la tolerancia  social ante el narcotráfico, el crimen organizado y la influencia que tienen éstos en el comportamiento criminal de los perpetradores, algunos de ellos ligados directamente a situaciones de ilegalidad o influenciados indirectamente por el clima de permisividad hacia la violencia y la criminalidad. 

Si bien la mayoría de los feminicidios son perpetrados por parejas y exparejas, hay varias violaciones a derechos que se cometen en entornos de explotación de la minería ilegal, la producción de coca y en zonas de frontera, donde a las muertes se suman a los secuestros, la explotación sexual comercial, la trata y la complicidad o indiferencia de las autoridades. 

La impunidad y la cultura de la violencia en un contexto de creciente ilegalidad hacen temer que algunas zonas del país estén más cerca de Juárez de lo que creemos. El nuevo gobierno debe tener en mente lo establecido en la sentencia de Campo Algodonero y las otras convenciones ratificadas por Bolivia: garantizar el  debido proceso penal, reconocer públicamente su responsabilidad internacional y rendir homenaje a la memoria de las víctimas, acabando con la impunidad. No se avanza nada declarando que se quiere que sea de lesa humanidad.

Sonia Montaño Virreira es socióloga feminista

Confidencial

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