Javier Torres-Goitia T.

Incendios forestales y sociales

sábado, 14 de septiembre de 2019 · 00:11

 Hace 15 días, en esta misma columna, al comentar la tragedia que vivíamos en Bolivia a consecuencia del incendio de nuestros bosques amazónicos, hacíamos un paralelismo entre dos hechos igualmente criminales y de parecidas consecuencias, el infanticidio y el ecocidio. Pero, abrigábamos la esperanza de que se imponga la cordura y venza la razón civilizada.

 Los días transcurridos  han ido ahogando todo optimismo y el millón de hectáreas quemadas que el gobierno reducía a la mitad, ahora abarca a dos millones, Modestos pobladores de aldeas pequeñas han tenido que ser evacuados para salvar sus vidas perdiendo sus casas. Pese a la millonaria inversión oficial que se gasta más en propaganda televisiva que en ayuda a las víctimas, pese a todo el discurso de solidaridad social y al rimbombante anuncio de los grandes avances del crecimiento económico boliviano que nos quieren hacer creer es uno de los más grandes del continente, a la luz de las llamas la pobreza se  muestra en los rancheríos quemados y en los demacrados rostros de los niños huyendo del fuego.

 Nadie pudo lograr que el gobierno declarara desastre nacional, sin embargo, la angustia popular logró que la ayuda externa solidaria pudiera ingresar a las zonas afectadas. Lamentablemente la multiplicación de los focos de calor y la cada vez mayor extensión de las zonas de incendio están actuando en contra de la técnica, de los recursos empleados (aviones y helicópteros de  los  más grandes del mundo) y del heroísmo de los voluntarios,  dos de los cuales ya ofrendaron su vida por salvar la de sus semejantes.

 Pero, el evocentrismo miope y el culto a la personalidad, prefieren que se quemen dos millones de hectáreas de la Chiquitania, a que el supremo jefe pida ayuda externa.  Han inflamado así, otro incendio social que va desenmascarando a los ecocidas y los fatricidas. Cuando los indígenas organizados en el CIDOB, hastiados de la demagogia y del engaño deciden defender ellos mismos sus derecho a la tierra y territorio y resuelven exigir al gobierno la declaratoria de desastre nacional y la abrogación de la ley y el Decreto que permite el chaqueo, cuando se disponen a realizar una marcha hasta la ciudad de Santa Cruz no tardan en aparecer los  beneficiarios de la dotación irregular de tierras organizados en sindicatos campesinos para oponerse a la marcha. Son minoría, pero cuentan con suficiente apoyo oficial para encender conflictos. Los voluntarios que trabajan sin sosiego ya hicieron notar que llamaba la atención que en tierras de reserva y parques nacionales se encontraban instaladas haciendas privadas y que habían chaqueadores que seguían quemando sus parcelas mientras los voluntarios apagaban el incendio.  

 El Comité Cívico de Santa Cruz en una asamblea multitudinaria descrita por el cronista de Página Siete (miércoles 11-09-19) como única en las últimas décadas, saturada de emociones intensas y graves denuncias acompañadas de demandas enérgicas, respalda a los indígenas, apoya sus reclamos, convoca a un Cabildo y suspende los festejos del 24 de septiembre, surge un clamor generalizado por la aprobación de una ley que prohíba el cultivo de coca en las zonas afectadas por el incendio. Aparece el fantasma del polígono siete del TIPNIS que nadie sabe cómo ni cuándo dejó de ser zona protegida para convertirse en cocal con o sin pozas de maceración. En paralelo cada vez con mayor frecuencia se descubren vínculos de autoridades grandes y pequeñas con el narcotráfico. En la última semana se ha detectado un grupo de empleados de una aerolínea que enviaba cocaína desde Viru-Viru a España donde se decomisó dos maletas con droga. Un exalcalde del MAS del Beni ha sido identificado como narcotraficante. Y suman y siguen los escándalos  que comprometen a las autoridades nacionales con el narcotráfico.

 Los cocales del Chapare llegan a ser insuficientes, pero aparecen nuevos en distintas partes porque los cocaleros son políticamente poderosos. Este poder cocalero medirá sus fuerzas en las próximas elecciones con la población boliviana y está seguro de ganar, aunque el pueblo, que ya dijo NO el 21 F, arde en llamas de indignación y está dispuesto a recuperar los campos devastados y la libertad en las urnas.

 

Javier Torres Goitia fue ministro de Salud.

 

Confidencial

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