Mario Luis Tejerina Queiroz

¿Qué es Bolivia?

sábado, 07 de septiembre de 2019 · 00:10

La selva amazónica tiene una extensión de 7,4 millones de kilómetros cuadrados y se expande por ocho países de la región, además del departamento de ultramar de Francia conocido como Guyana Francesa. Desde que comenzó la alarma de los incendios, más de dos millones de hectáreas han sido consumidas por las llamas, dentro de la Amazonia y en la Chiquitania boliviana. En Brasil la extensión del siniestro se calcula por más de 73.000 focos de incendios y en Paraguay ya se consumieron 39.000 ha de su pantanal. Es decir, la extensión que se perdió de la Amazonia y las demás zonas forestales del continente, en este mes, fue mayor que durante los diez últimos años.

Es de conocimiento general la importancia que poseen las selvas para el planeta, por lo que no es necesario repetir sus características bióticas y abióticas, o las funciones que realiza para el equilibrio ambiental planetario. La pregunta más bien es: ¿Por qué no las estamos protegiendo como deberíamos? Y ese “deberíamos” está directamente relacionado a toda la normativa promulgada en años recientes para proteger y preservar el medioambiente. 

Bolivia cuenta con una de las legislaciones más progresivas en materia ambiental, la CPE regula el derecho fundamental al agua y la alimentación, pero recordemos que en el año 2016 la sede de Gobierno se quedó un mes sin acceso al agua debido a la mala gestión y planificación de este recurso vital, sin que se identifique a los responsables. Se sabe que las plantas, cumplen un papel fundamental para regular el ciclo del agua; autorizar la deforestación, el desmonte o el chaqueo de estas áreas ¿no implicaría perjudicar el ciclo del agua? Que, extrapolando estas consecuencias, sería como atentar contra el derecho fundamental al agua de la población. Según el estudio del peruano Jhan Carlos Espinoza titulado “Variabilidad Amazónica y conexión con el atlántico, Andes y Amazonia” determina que “los vientos húmedos que vienen de la Amazonia son la principal fuente de humedad de los Andes”. En consecuencia, no deberíamos extrañarnos si enfrentamos mayores sequías en los próximos años. 

Del mismo modo, la CPE en su artículo 33 estipula el derecho al medioambiente saludable, protegido y equilibrado, que garantice a los individuos y colectividades presentes y futuras, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. Contradictoriamente, según el Instituto de Recursos Mundiales, Bolivia fue el quinto país con mayor deforestación en 2018, gran parte para favorecer a los agro-negocios, la expansión de la soya transgénica para biocombustible, la dotación de tierras a colonizadores y la consecuente siembra de la “hoja sagrada”. Bajo esta realidad, ¿quién en su sano juicio podría decir que estamos aportando a conservar un medioambiente saludable?, o ¿que protegemos nuestra naturaleza?, o ¿que somos un país esencial para el equilibrio de los ecosistemas mundiales? Lamentablemente, nuestra Carta Magna no pasa de ser una declaración ideológica sin la voluntad para una aplicación real. 

Lo más desvergonzado de todo esto es nuestra postura a nivel internacional. En el año 2015, se convocó a la Segunda Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Defensa de la Vida donde se propuso la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática; a raíz de eso se fundó el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza. Cuatro años después, el mismo Tribunal sancionó a Bolivia por la vulneración de los Derechos de la naturaleza y de los Pueblos Indígenas en el caso del Tipnis, sin que el Gobierno otorgue el mínimo de reparo a la sentencia otorgada por la institución de su propia iniciativa; desprestigiando al país y por ende a todos sus ciudadanos.

Estoy seguro que muchos de los lectores podrán enlistar varios otros ejemplos de vulneración ambiental, tomando en cuenta recientes informes de contaminación hídrica por compañías mineras, la explotación de hidrocarburos en áreas protegidas, la calidad de tratamiento de residuos sólidos y líquidos, entre otros. La realidad es que esto no cambiará por la promulgación o la abrogación de leyes, ya que el cuidado del medioambiente es un tema de convicción y no de obligación. Sin naturaleza no podemos vivir y sin cuidarla no podremos sobrevivir.

Las instituciones y la población en general deben velar por el correcto cumplimiento y seguimiento de la normativa, las autoridades deberían exhortar a la observancia legal y no al revés. Cuando un país vive en el limbo entre lo legal y lo ilegal, se incentiva la corrupción y se menosprecia la virtud, se transgrede a sabiendas y se deja impunes a los transgresores, ese país deja de ser un Estado de Derecho para convertirse en un Estado anárquico, donde el bribón triunfa y los honrados sucumben. Tomando en cuenta que en variados episodios de nuestra historia fuimos así, dejo estas preguntas para los lectores, ¿Qué es Bolivia? Y, ¿a dónde nos dirigimos?

 
Mario L. Tejerina Queiroz es abogado especialista en Derecho Ambiental

Confidencial

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