Juan Antonio Morales

Recentrar la rueda de la bicicleta

miércoles, 15 de enero de 2020 · 00:11

Las bicicletas se frenan si no tienen las ruedas    bien centradas. Empleo esta metáfora para referirme a los necesarios ajustes que hay que efectuar en el  Gobierno de transición. Este reajuste no cuestiona las metas ni la trayectoria del ciclista, es decir de la presidencia del Estado.

Después de la sarta de abusos y la desinstitucionalización del Poder Judicial por el gobierno MAS, no podemos inclinarnos hacia la derecha de los patriarcas bíblicos, aplicando la Ley del Talión. Las noticias publicadas en Página Siete, de que hay más de 100 presos o perseguidos y 592 investigaciones patrimoniales por haber participado en el anterior  Gobierno, no sólo deben llamarnos la atención, sino que hacen elevar nuestra protesta. 

Muchas de las actuales víctimas fueron funcionarios de segundo rango o  altos funcionarios que  han cumplido con sus deberes, aún si ese cumplimiento les hacía tomar decisiones equivocadas. Pero ellas eran tomadas de buena fe. Se está cayendo en las mismas prácticas del anterior  Gobierno que tanto hemos criticado.

Con muchos políticos y personeros del  Gobierno anterior podíamos estar en desacuerdo, pero eso no debe quitar las consideraciones debidas. Tampoco se puede caer en el populismo penal ni proceder a linchamientos mediáticos.

Está en la lista de abusos que se haya tratado de enjuiciar al  expresidente del BCB Pablo Ramos. En una consultoría que hice en los años 80 en República Dominicana, lo primero que me decían los funcionarios a los que visitaba era que habían sido alumnos del licenciado Ramos. Su libro Siete años de economía boliviana es un referente para todos los estudiosos del primer gobierno de Banzer. 

Yo estaba en total desacuerdo con la política (o mejor dicho, la no política) monetaria del BCB durante su presidencia,  pero mis discrepancias no me quitaban el respeto por su persona. Tengo que añadir un toque personal. A mí me molestaron exfuncionarios y funcionarios masistas del BCB con acusaciones similares, e igualmente infundadas, como las que se las carga al licenciado Ramos. Todo eso, me parece un déjà-vu. 

Muchos nos hemos alegrado con la revolución de las pititas, porque hemos pensado que así se recuperaría el Estado de  Derecho. Creemos todavía que todos deben gozar del debido proceso y que, con muy contadas excepciones, deben poderse defender en libertad. Como alega correctamente el editorial de Página Siete (03/01/2020), se debe dejar en libertad a los exvocales electorales, nacionales y departamentales, así como a los funcionarios de las cortes, lo que no implica que se los exima de responsabilidades.

Creo también que a todos los asilados en la Embajada de México se les debe otorgar salvoconductos. Es posible, mas no totalmente seguro, que algunos de los asilados tengan que ser sometidos a procesos penales, pero siempre respetando todos los procedimientos previstos por ley. El que estén en el extranjero no los limpiará de polvo y paja.

 La vida de exiliado no es una sinecura y es sabido que por el  mero hecho de haber sido investigado penalmente se cierran muchas puertas. Además, la Interpol podría intervenir, lo que como mínimo les coartaría la libertad de moverse internacionalmente. 

Los juicios por corrupción deberían ser iniciados por el gobierno que saldrá de las elecciones y no por el Gobierno transitorio. Mientras tanto, se puede preparar el terreno acumulando evidencias y fortaleciendo técnicamente a la Contraloría General del Estado, cuyo rol primerizo debe ser contribuir a mejorar la gestión pública, estableciendo responsabilidades si fuera el caso. 

Su objeto no debe ser policial, tratando de encontrar culpables a como dé lugar. 

Una de las arbitrariedades más grandes del gobierno del MAS fue la Ley Quiroga Santa Cruz, con sus cláusulas retroactivas, violando todas las convenciones internacionales al respecto. Una de las primeras tareas del gobierno que salga de las urnas debe ser la abrogación de esa aberración, que ha hecho caer en la criticada  “corrupción de la lucha contra la corrupción” (K. Basu, 2019).

 
Juan Antonio Morales es   economista y expresidente del  Banco Central de Bolivia.

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