Sonia Montaño Virreira

Acceso a la justicia ¡Ya!

domingo, 19 de enero de 2020 · 00:11

Nos matan a razón de una por día,  tenemos la tasa más alta de feminicidios de Sud América, el Evo ha salido en todas las fotos con ONU Mujeres, posando contra la violencia y hace poco ha traído a su amiga ecuatoriana, presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, para que marche contra la violencia, para que coree celebrando las “excelentes” leyes y políticas del Estado Plurinacional. Esos gestos nos han llevado al hartazgo ante el cinismo.  

Ahora, la presidenta Añez, conmovida y con buena voluntad,  convoca a poner la atención en la prevención y de pronto algunas mentes brillantes piden que se derogue la Ley 1173 de abreviación penal, que según dicen -sin evidencia-  es la causa de la puesta en libertad de los feminicidas y la impunidad. Lo cierto es que la ley es de difícil aplicación porque requiere de  instituciones fuertes y un Estado de  Derecho que se encuentra en escombros.  

Las voces de alarma, incluso las de las masistas y su clientela, que callaron durante 14 años,  se multiplican para salir de nuevo en la foto. ¿Cómo separar la paja del trigo? Por supuesto que hay que ver con buenos ojos cualquier intento por detener una pandemia, que ni es reciente ni es desconocida. 

He hecho  una consulta a mis amistades en las redes sociales y he comprobado que hay mucho conocimiento disponible, numerosos esfuerzos asfixiados por el anterior  Gobierno, especialmente de algunas  organizaciones no gubernamentales, que desde la década de los años 80 han trabajado para lograr que el país se alinee con los acuerdos internacionales que buscan su erradicación, que han atendido  casos  aliviando el dolor de muchas mujeres y se han paralizado por falta de recursos y una justicia corrupta.

 Esas organizaciones que podrían servir de modelo para las políticas públicas han desgastado esfuerzos capacitando a policías, fiscales y jueces acostumbrados a estornudarse en la ley, los mismos que continúan en funciones. Todo el tiempo el Ministerio de Educación se destacó por su incapacidad para instalar programas educativos.

Hasta ahora no hay un informe sobre el  Ministerio de Justicia, salvo que utilizaron sus instalaciones para el fraude y gastaron su presupuesto en viajes.  Se han creado gabinetes e  instituciones públicas incompetentes que no actúan ni oportuna ni adecuadamente, sólo han servido de aparato  de propaganda en el exterior  y como agencia de viajes. 

La falta   de voluntad política ha sido el  rasgo más destacado.

Ella  es el resultado de una cultura machista  profundamente tolerante y arraigada en una sociedad y el sistema político que en los últimos años, además de minimizar  la violencia en general,  ha abierto entusiastamente las puertas  al crimen organizado que  articula tráfico de droga con trata y destruye el tejido social, al punto de convertir a las mujeres en las principales víctimas de todo tipo de violencia.

Es la dificultad de ver la relación entre una cosa y la otra que podría explicar el silencio de los candidatos que deberían colocar la erradicación de la violencia como tarea central, si quieren cambiar la economía y respetar la naturaleza. Mientras el aparato productivo esté en manos de  informales e ilegales, las instituciones en manos de sus cómplices, como muchos de los jueces , fiscales y policías, es una superficialidad pretender cambiar la Ley 1173  para que algo cambie en el corto plazo. 

Los partidos que quieren el voto de las mujeres deberán presentar propuestas de largo y corto plazo, con participación de mujeres;  pero mientras tanto, haría bien la Presidenta en tomar medidas para  mejorar el acceso a la justicia, considerando que uno de los principales obstáculos es el costo de la representación y el asesoramiento jurídicos.

Suprimir la detención preventiva, de la que se abusa especialmente en el caso de los pobres, simplemente  ampliará las ventajas de los feminicidas con poder y recursos para reincidir, pero no  hará justicia.

Entre tanto, es lamentable, por decir lo menos, que los partidos que quieren el voto de las mujeres sigan repitiendo consignas vacías y no se den cuenta de  la gravedad de este delito. Ninguno tiene un programa serio para favorecer la autonomía de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida ni colocan el  tema en un lugar central.  Les duelen más los muertos en enfrentamientos que las muertes de mujeres indefensas. La muerte de mujeres debe ser parte central del debate político, de la reforma de la justicia y de las transformaciones económicas y sociales, no un apéndice.

Hasta ahora los políticos que aspiran al Gobierno se limitan a poner cara de asombro, a hacer promesas sin propuesta y a abandonar el debate público frente a la reciente iniciativa de la Presidenta. No falta alguno que  quiere pescar en río revuelto y promover políticas de familia (patriarcal),  como si sólo desde  ese ámbito se debieran promover  valores de respeto e igualdad; mientras que los más fachos que son muchos, no lograr ocultar su deseo de fortalecer la sumisión de las mujeres.

Los “progres” tampoco alzan su voz, dejando a la Presidenta sola en su laberinto. El  Gobierno provisional debe aplicar medidas urgentes para asegurar el acceso a la justicia y dejar que el próximo Gobierno, ojalá, implemente políticas en serio.

Sonia Montaño Virreira es socióloga.

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