Ramiro Orias Arredondo

A propósito de la Sentencia en el Caso Petro Urrego

jueves, 15 de octubre de 2020 · 00:10

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el 8 de julio del 2020 ha pronunciado su Sentencia en el caso Petro Urrego vs. Colombia, con referencia a violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del proceso disciplinario que culminó con la destitución e inhabilitación general del señor Gustavo Francisco Petro Urrego como alcalde de Bogotá, como efecto de una sanción impuesta por el Procurador General de Colombia. 

Esta sentencia es importante porque ratifica decisiones anteriores con relación a la inconvencionalidad de sanciones administrativas que restringen o limitan derechos políticos de un funcionario público que ocupa cargos de elección popular. Sin embargo, en la discusión pública de esta sentencia no se ha visibilizado lo suficiente un otro aporte sustantivo que inserta la Corte, que desarrolla de manera muy clara y precisa las intersecciones entre el régimen interamericano de derechos humanos y la vigencia de la democracia representativa, interpretando la Carta Democrática Interamericana. 

La Corte señala que “la democracia representativa es uno de los pilares de todo el sistema del que la Convención forma parte”, constituyendo un principio fundamental asentado en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Así, la Corte deja establecido que en el Sistema Interamericano la relación entre derechos humanos y democracia representativa quedó plasmada en la Carta Democrática Interamericana, del 11 de septiembre de 2001. 

La Corte IDH subraya que el derecho de los pueblos a la democracia tiene como uno de sus elementos constitutivos el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Así,  el acceso y el ejercicio del poder en una democracia representativa debe ser conforme al alcance del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce a todos los ciudadanos los derechos: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, y c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a funciones públicas de su país.

En sus consideraciones, la Corte afirma que: “El ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención. Además, sus titulares, es decir, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de ‘oportunidades’”. 

Este último término implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. Por lo tanto, el Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación. Así, podríamos agregar, por ejemplo, que si en un proceso electoral no garantiza condiciones de equidad e iguales oportunidades para los candidatos, estas elecciones difícilmente serán consideradas justas y auténticas.

Por otro lado, la Corte reitera, como en varias sentencias anteriores, que “los derechos políticos no son absolutos, de forma tal que su ejercicio puede estar sujeto a regulaciones o restricciones”. En este sentido, cabe recordar que ninguna norma de la Convención puede ser interpretada en sentido de limitar los derechos en mayor medida que la prevista en ella. 

Al efecto, la Corte reafirma que “el objeto y fin de la Convención es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, así como la consolidación y protección de un ordenamiento democrático”. Es decir, bajo esta doble finalidad, es posible establecer regulaciones a los derechos políticos cuando estos son “necesarios en una sociedad democrática”. 

La Corte continúa en su análisis, señalando que esta interpretación teleológica permite resaltar que, en las restricciones a los derechos políticos se tienen que establecer “criterios claros y regímenes específicos bajo los cuales dichos derechos pueden ser limitados”. De esta forma, podemos inferir, como la Corte lo hace, que cuando las restricciones a los derechos políticos resultan congruentes con los valores democráticos, estas no sólo son compatibles con la literalidad del artículo 23 de la Convención, sino también con el objeto y fin del mismo instrumento. 

Esta reflexión resulta fundamental en el contexto de la próxima decisión que deberá pronunciar este tribunal con relación a la solicitud de opinión consultiva presentada por Colombia sobre la reelección presidencial indefinida en el marco del Sistema Interamericano. En este caso, la Corte, como intérprete auténtico de la Convención, deberá valorar si aquellos límites constitucionales a la reelección, que buscan promover un genuino juego democrático, basado en el pluralismo político, la igualdad de oportunidades en la competencia electoral, la separación de poderes y la alternancia en el ejercicio del poder, son limites congruentes con la consolidación y protección de un ordenamiento democrático que la propia Convención busca garantizar.

 

Ramiro Orias es oficial del Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso..
 

 

 


   

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