Felix Fernandez Bustos

Altiplano: una agricultura olvidada

sábado, 31 de octubre de 2020 · 00:08

Cuando se habla de agricultura y seguridad alimentaria pensamos inmediatamente en la agroindustria de Santa Cruz que, por su volumen y extensión  se ha convertido en uno de los sectores más importantes de la economía nacional. Su importancia radica también en su capacidad dinamizadora de otros sectores de la economía y el efecto vitrina que hace que mucha gente decida migrar hacia esas tierras para trabajar.

Esto pareciera significar que la agricultura campesina del altiplano y valles es tomada como algo menor dentro del contexto nacional y que, dadas sus características sociales y productivas, puede seguir desarrollándose con apenas alguna mirada ocasional del Estado. Olvidamos que los casi 2,5 millones de campesinos que viven y trabajan en estas tierras,  abastecen  el 65% del consumo interno de alimentos, al igual de lo que ocurre a nivel global donde, según la FAO, el 70% de los alimentos en todo el mundo son producidos por agricultores familiares, a diferencia del alud propagandístico de las grandes corporaciones agroindustriales que privilegian la agricultura comercial de gran escala.

El nivel de dependencia alimentaria de Bolivia es bajo (produce casi todo lo que sus habitantes consumen), pero si bien la dependencia alimentaria no es un problema grave hoy, las tendencias por demanda de alimentos,  el crecimiento poblacional,  la ampliación del sector de biocombustibles, la degradación de la tierra y el cambio climático constituyen una amenaza importante. En los últimos 14 años, la producción fue decayendo al punto que la importación de alimentos como la papa, hortalizas y frutas aumentó progresivamente. De 440 millones de dólares que gastábamos en 2008 para comprar alimentos, ahora gastamos casi 700 millones o sea 54% más, sin contar el contrabando que viene principalmente del Perú.

Según la CAO, la superficie cultivada en Bolivia alcanza a  3,85 millones de hectáreas ubicadas principalmente en los llanos de Santa Cruz (64%), en el altiplano central (5%) y en los valles del norte (4%), mientras que el 27% restante está repartido en diferentes zonas del país. De las 860.000 unidades agrícolas productivas existentes en Bolivia, 724.000  (92%) pertenecen a pequeños agricultores, 7% a medianos y 1% a los grandes terratenientes del oriente. Esto muestra la concentración de productores agrícolas en la zona altiplánica, trabajando en parcelas pada vez más pequeñas y agotadas, por lo que crear condiciones y oportunidades de desarrollo debería ser un asunto de prioridad para el próximo gobierno y los que le sigan. No sólo por razones de equidad económica y social, sino por su importancia en la producción de alimentos de alto valor nutritivo, así  como de especies forestales y medicinales de creciente demanda en el mundo.

 Como se lee en el libro Lost crops of the Incas,  publicado por el  National  Research Council de Estados Unidos, el desarrollo de estos cultivos perdidos de los incas es la clase de investigación que deberían hacer los científicos, sacando el velo de desconocimiento y redescubriendo la promesa de ellos para el mundo.

El estancamiento de la agricultura del altiplano es resultado de una compleja red de factores sociales y económicos que actúan como un freno. Por una parte, la atomización de la propiedad de la tierra que impide tener unidades productivas que permitan un ingreso suficiente para sostener a las familias, dando lugar a la pérdida de la fuerza de trabajo más productiva  por la emigración forzada. La creciente minifundización de las comunidades y tierras provocó a la postre una sobre-explotación de los suelos con el consiguiente deterioro de la fertilidad, problemas de salinización y creciente desertización.

El proceso de urbanización ha provocado la salida de miles de agricultores pequeños del campo en busca de mejores condiciones de vida en las ciudades, aumentando la presión sobre los sistemas de producción y comercialización de alimentos, cuyo déficit es  generalmente compensado vía contrabando. La precaria infraestructura de transporte, comunicación , servicios, salud y educación, elementos básicos de la calidad de vida, desalienta la permanencia de la población, y especialmente los jóvenes viven en El Alto, dejando a sus comunidades despobladas a cargo de personas mayores que dependen de los ingresos de sus familiares migrantes.

Los campesinos que se mantienen en ésta situación, casi siempre al nivel de subsistencia,  han sido marginados de toda pretensión de desarrollo, y se los ha convertido en objeto de los llamados “programas sociales”, es decir, de transferencias de recursos destinados al consumo, supuestamente temporales por ser compensatorios de los efectos empobrecedores de las políticas tercermundistas, pero que se convierten en permanentes, por ser también permanentes los efectos empobrecedores de esas políticas, y por los intereses creados de ejecutores y beneficiarios. Transferencias que, a fin de cuentas, tienden a debilitar la democracia, transformando a ciudadanos en clientes del Gobierno de turno, como quedó tan claro en el régimen autoritario de Evo Morales.

El abordaje de ésta problemática tiene que ser, en consecuencia, integral, incorporando al poblador rural en todas las etapas de  un “proceso de cambio” verdadero, diferente del que sólo sirvió para fines de propaganda y engaño. La oferta de proporcionar asistencia técnica, crédito, riego, seguro agrícola, enfocando sólo el aspecto productivo, como lo consignan casi todos los planes de gobierno, es más de lo mismo, y está condenado al fracaso. No se dan cuenta que se necesita una estrategia integral de corto, mediano y largo plazo en la que el desarrollo agrícola sea parte de un enfoque de desarrollo rural que movilice los recursos, la capacidad y energía de las organizaciones campesinas, liberadas de las marchas y bloqueos obligadas por sus propios sayones (dirigentes profesionales).

Es tiempo de revertir el proceso de atomización de la propiedad familiar que llega a niveles inverosímiles, En las riberas del Lago Titicaca las propiedades se extienden por unos cuanto surcos, mientras que al sur, en Potosí, hay propiedades de hasta 500 Has por ser zona de pastizales y ganado camélido. Áreas tan pequeñas son insuficientes para sostener a una familia. La producción en escalas tan reducidas limita la introducción de innovaciones y el acceso a servicios financieros y no financieros, hay costos de transacción mayores, su capacidad de negociar con intermediarios y otros agentes económicos y políticos es mínima. Ningún gobierno ha intentado siquiera enfrentar este problema, paralizado por su complejidad y magnitud. Pero el minifundio está allí y no puede ser ignorado.

Requiere de aproximaciones creativas, y el camino lo pueden estar mostrando los propios minifundistas.  Desde hace mucho tiempo se viene pidiendo una revisión de la ley de Reforma Agraria, buscando mecanismos que eviten la atomización de la propiedad familiar. Al principio, la ley preveía que “en las localidades de minifundio predominante, donde la escasez de tierra laborable esté agravada por la fragmentación de cada propiedad en parcelas separadas y distintas unas de otras, se aplicará una política de reagrupamiento de predios”.

Bueno, esto no se hizo a su debido tiempo, y ahora que?.  Según Arturo Urquidi, uno de los antiguos estudiosos y miembro de la comisión que redactó la Ley en 1953, el incremento del minifundismo tiene que ver con la prohibición de la venta de tierras y manifestaba que “prohibir la venta de la tierra en una sociedad de tipo capitalista como la nuestra,que por su propia esencia supone el intercambio mercantil, significa pues, no solo atentar contra el derecho de propiedad privada, sino, también, impedir el libre juego de la economía social”. 

En realidad, contra lo que comúnmente se cree, el campesino es profundamente individualista, muy aferrado a la propiedad privada de la tierra. ¿Qué estará ocurriendo ahora con el tan denostado comercio de la tierra?  La Fundación Tierra ha encontrado algo muy intrincado:  “Es un mercado entre pobres, segmentado, invisible, informal y de palabra. También hay venta de tierras adelantada a los herederos con un precio simbólico para evitar los trámites de la burocracia estatal.

En resumen, hay un gran enredo entre lo individual, familiar y comunal y en tales situaciones tratar de desenredarlo puede crear más problemas de los que podría resolver”.  Los defensores a ultranza de la intangibilidad de la tierra se horrorizan cuando se habla del capitalismo en sus relaciones económicas. Muchos de los dueños de tierras ya no viven en sus tierras, sino en El Alto y otras ciudades, donde son transportistas, maestros de escuela, comerciantes, albañiles, empleadas de hogar, etcétera, pero mantienen su propiedad en la comunidad, a donde van para la siembra y cosecha. Ellos están inmersos en todo tipo de transacciones capitalistas pero sus discursos son furiosamente anti. Muchos de ellos se han convertido en dirigentes sindicales y se constituyeron en una casta dirigencial de control y dirección política del gobierno del MAS, encargados de asegurar, además, la “fidelidad” u obediencia de las bases. 

Después, si se abren los espacios a nuevas alternativas, los agricultores  emprendedores podrán adoptar sistemas de transformación de sus productos alimenticios, unirse a cadenas de valor coordinadas verticalmente a través de contratos justos con procesadores y comerciantes. En las últimas décadas, han surgido una variedad de modelos de negocio, organizaciones nacionales e internacionales de la cadena de valor y acuerdos y políticas institucionales para proporcionar incentivos y servicios de apoyo a los pequeños agricultores, con el objetivo de aumentar la producción sostenible de alimentos y facilitar el acceso a los mercados.

Las innovaciones incluyen intermediarios institucionales y de mercado, tales como sistemas de garantía participativa, cooperativas de comercialización, centros de formación, comerciantes privados y mecanismos locales de contratación , que desempeñan una amplia gama de funciones en la vinculación de los agricultores a los mercados. Estos acuerdos tienden a ser más eficaces para vincular a los pequeños agricultores y los procesadores a pequeña escala con los mercados, mejor será la disponibilidad de infraestructura local y más fuerte será la organización de productores y organizaciones relativas. Ahora solo podemos hablar de ésta manera con los productores de quinua que ya tienen empresas, maquinaria y equipo de procesamiento, contratos de comercialización y exportación, en un tiempo relativamente corto y, aunque parezca ilusorio, muchos de los productos del altiplano norte y central podrían alcanzar igual dimensión.

Felix Fernandez Bustos es ingeniero agrónomo.

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