Hugo del Granado Cosío

A combatir la corrupción

jueves, 8 de octubre de 2020 · 00:10

El próximo gobierno recibirá un país muy complicado, no sólo por la deplorable herencia recibida del MAS,  sino por la pandemia y  la mala gestión del gobierno de transición, que dio la oportunidad y discurso para que los masistas se reorganicen y endilguen sus desastrosos resultados a los desaciertos de la transición.

El próximo gobierno tendrá múltiples barreras institucionales y legales dejadas por el MAS en la Constitución Política del Estado  y en leyes sectoriales. Por esta razón, desde el día mismo de su elección deberá organizar equipos de profesionales idóneos e incorruptibles, capaces de organizar, hasta la toma de posesión, las agendas técnicas en cada sector económico, social y político e, incluso, prepararse para acudir a la contratación de consultoras especializadas en los temas más conflictivos de las agendas. No habrá ningún espacio para improvisaciones. Los cinco años de gestión deberán ser intachables.

La corrupción es uno de los venenos más letales que ha inoculado el gobierno del MAS en todos los niveles del Estado y el que más ha atentado contra el sistema democrático, a sus valores y su economía. Al respecto  Mario Vargas Llosa afirma que “El crecimiento inmoderado del Estado facilita la corrupción, pero en nuestros días, acaso, la razón primordial por la que ha alcanzado la magnitud que tiene, es el desplome de los valores morales”. En los 14 años de ese gobierno irrumpieron todos los vicios. 

Además de haber sido el  gobierno más corrupto de nuestra historia, ha sido también un gobierno de cínicos. No se puede calificar de otra manera, dada  la cantidad de leyes y decretos que promulgaban y dictaban para supuestamente combatir  la corrupción. Tal montaje empezó con el  DS 29894 de 6 de febrero de 2009, que creó el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción con dos viceministerios. Anteriormente, esta función estaba a cargo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que contaba incluso con un sistema propio de información con la sigla de Sitpreco.

Meses después, a través del DS 214, se creó la Política Nacional de Transparencia y al poco tiempo, mediante la Ley 004, del fecha 31 de marzo de 2010, de Lucha contra la Corrupción o Ley Quiroga Santa Cruz, y se introduce el control social en esta lucha; se crearon los juzgados y  tribunales anticorrupción, así como las fiscalías respectivas y  se enlistaron nuevos tipos de delitos penales. Posteriormente, el control social es normado mediante la Ley 341 de 5 de febrero de 2013. 

Mediante la Ley 974 del 4 de septiembre de 2017 se crearon y  regularon el funcionamiento de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción en todas las entidades del Estado, que entre sus disposiciones debían asegurar el acceso a la información pública, que jamás se implementó.

Paradójicamente, en este período de profusas normas anticorrupción  es cuando se producen los mayores latrocinios de las arcas del Estado, los desvíos de fondos a cuentas privadas, la malversación de fondos en construcciones y proyectos irracionales ,  los sobreprecios en todo tipo  de compras y proyectos al amparo de decretos de excepción; lo que demuestra que si las cabezas de un gobierno son deshonestas, sus equipos de trabajo también  lo son y todo el entramado legal es sólo una máscara para encubrir el delito. 

Veamos algunos ejemplos en el sector hidrocarburos.

Cuando se anuló la irregular adjudicación de la construcción de la planta de polipropileno a Tecnimont, el 17 de junio de 2017, la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB  sólo atinó a justificar la anulación  dos meses después y recomendó sumarios a los responsables. No se sabe si la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos emitió algún informe al respecto y si los responsables fueron procesados. 

Otro caso,  simultáneo al primero, tiene que ver con el sobreprecio de 30 MM de dólares en la compra de taladros que terminó con la destitución de Achá, presidente de YPFB. Dicho personaje  se hizo nombrar presidente del directorio de todas las subsidiarias y creó un centro corporativo con súper gerentes por encima de las vicepresidencias para operar con mayor discrecionalidad  sin que las unidades de transparencia objeten tales medidas.  Esta exautoridad  fue procesada y sobreseída dos años después  de todos los delitos, excepto el de incumplimiento de deberes. 

 Se tiene también el caso del asesinato del ingeniero Jorge O’Connor. El enriquecimiento ilícito del gerente de plantas de YPFB,  Gerson Rojas,  en 2012; el tema de las  cisternas de carburantes de YPFB, descubiertos en Argentina el 2015 con cargamentos de cocaína. No se han hecho auditorías, ni se han investigado los sobreprecios de los millonarios proyectos  y no se sabe a cuánto puede ascender la rapacidad en el sector hidrocarburos, que fue el que más dinero manejó. Basta señalar que seis de los ocho presidentes que tuvo YPFB durante el gobierno del MAS fueron destituidos por actos de corrupción.

 

Hugo del Granado Cosío es experto en hidrocarburos.
 

 

 

 


   

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