Rolando Morales Anaya

Política industrial y déficit en las empresas públicas

miércoles, 18 de noviembre de 2020 · 00:10

Se requiere disminuir el déficit del sector público y buscar la forma de financiarlo. Desde el año 2014, llega a un 5% del PIB en la Administración Central y a un 3% en las empresas públicas. No se tienen datos para el año 2020, pero se supone que el déficit del sector público está cercano al 12% del PIB, es decir, alrededor de 5 mil millones de dólares que habrá que financiarlo de alguna manera. Una parte de este déficit, el 4 por ciento, es coyuntural, pero el resto tiene un carácter estructural que requiere la atención de las autoridades. En el año 2021 habrá que partir de nuevas bases.

Se requiere implantar una política de austeridad en el gasto corriente de la Administración Central pero también recurrir a soluciones de emergencia. Las inversiones nuevas tendrían que ser suspendidas por algunos meses. Las inversiones en curso de ejecución deberán ser objeto de auditorías.

El déficit de las empresas públicas tiene varias explicaciones. Algunas inversiones fueron mal concebidas desde sus inicios, por ejemplo, la planta de urea en Bulo-Bulo y la fábrica de azúcar de San Buenaventura, otras fueron mal administradas y unan pocas fueron víctimas del contexto internacional. Los defectos más importantes fueron la falta de institucionalidad, la deficiente definición de objetivos y la ausencia de estudios de factibilidad. Las fábricas dependían de los ministerios cuyo personal no estaba formado en temas empresariales. Las empresas estatales pueden tener objetivos sociales y/o económicos, pero en Bolivia perdieron mucho dinero, sin cumplir una función social.

Propongo un tratamiento para las empresas públicas con los siguientes componentes. Hasta que se ponga en marcha un plan definitivo, se puede intentar alquilarlas especificando objetivos y plazos definidos. Entre tanto, deberá constituirse una Corporación de Empresas Estatales, autárquica, independiente del poder ejecutivo y convertir todas las empresas en sociedades anónimas. Con los objetivos de movilizar el ahorro privado y capitalizar estas empresas, se podrá ofrecer acciones en la Bolsa de Valores. Esta operación será exitosa, si se modifica el Código de Comercio dando garantías a los socios minoritarios. La administración de cada empresa deberá ser definida por los socios y seleccionada según méritos empresariales. Siguiendo el ejemplo del sector público, algunas empresas privadas podrían hacer lo mismo, es decir, convertirse en empresas accionarias para capitalizarse y el mismo estado podría comprarles acciones. Esta estrategia podría convertirse en un importante instrumento de desarrollo industrial al mismo tiempo que mejora la situación de las empresas públicas y privadas.

Tenemos la costumbre de poner los ojos en el sector público olvidándonos del sector privado que tiene mucho potencial, quizás el más grande es la diferencia cuantiosa que tiene entre su ahorro y su inversión que en algunos años llegó a más del 10 por ciento del PIB. Bolivia es el país de América Latina con más dinero en los bancos con relación a su tamaño. Al 20 de septiembre último, los depósitos llegaban a 27337 millones de dólares y el coeficiente depósitos/PIB a 64.3%. Lo sorprendente es que hubo un importante aumento de 1489 millones de dólares en 12 meses, a pesar del confinamiento y la pandemia. Los bancos prestan este dinero sobre todo a actividades comerciales y al sector construcción. Como la gente no tiene muchas oportunidades de inversión, opta por la más fácil: comprar bienes inmuebles, pero si hubiese oportunidades de inversión en el sector productivo podría reorientar su gasto. Dar lugar a que aumenten las oportunidades de inversión debería ser un componente importante de la política industrial.

Este plan necesita ir acompañado de un gran esfuerzo de capacitación empresarial. Todas nuestras universidades tienen estudios de administración de empresas y algunas de emprendedurismo, pero no se ha hecho aún una evaluación de resultados, la que requiere ser realizada para emprender cambios sobre nuevas bases.

Más allá de sugerencias sueltas, las reflexiones anteriores deberían hacer parte de un plan de reactivación y desarrollo y deberían estar acompañadas de algunos cambios institucionales, entre ellos, la reposición del antiguo Ministerio de Industria y Comercio, la formación de la Corporación de Empresas Estatales, la capacitación empresarial y la reforma del Código de Comercio.

 

Rolando Morales Anaya es economista.

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