Luis Yañez

Eliminación de los dos tercios una maniobra antidemocrática

lunes, 2 de noviembre de 2020 · 00:10

En su última sesión, y luego de que se acreditase a los nuevos asambleístas electos, los salientes y prorrogados asambleístas de las cámaras de Senadores y de Diputados (en las que el MAS tenía dos tercios) aprobaron modificaciones a sus respectivos reglamentos quitando el requisito de dos tercios de voto e imponiendo –fácticamente– la mayoría absoluta para, entre otros:

 1) controlar unilateralmente asuntos tales como: impugnar a senadores o diputados, lo que le permitiría impugnar con facilidad a éstos por su simple voluntad política neutralizando, en potencia, cualquier forma de fiscalización legislativa, al anular a cualquier asambleísta que critique o fiscalice al Gobierno; 2) controlar unilateralmente los ascensos en Fuerzas Armadas y Policía Nacional, generando una absoluta dependencia del alto mando militar y policial hacia el partido de gobierno entrante en tanto éste controlase completamente los ascensos y, por ende, los altos mandos; y 3) controlar sesiones reservadas y modificaciones al orden del día, así como las mociones de dispensación de trámite y voto de urgencia y moción de cierre de debates, controlando de esta forma completamente el funcionamiento de la Asamblea, pudiendo, por ejemplo, cerrar el debate cuando el tema que se trate no sea conveniente para los intereses de dicho partido.

Como se puede advertir, estas modificaciones no son “de mero trámite”, tal como indica la bancada del MAS, sino artimañas políticas de carácter antidemocrático. Aquí el asunto central radica en que un partido tiene la mayoría absoluta, y el problema es que está usando su mayoría para aniquilar a la oposición, lo cual implica la vulneración del espíritu mismo de la democracia.

En efecto, estas disposiciones vulneran a la Constitución: 

a) Al Estado “democrático” y al “pluralismo político” (art. 1) porque se pretende imponer una agenda y un pensamiento único que pretende anular el criterio y la visión de las otras fuerzas políticas que también son representantes de la sociedad. 

b) A la forma democrática “representativa” (art. 11.II.2) porque no sólo limita o anula el trabajo que desarrollarán los asambleístas electos, sino que ahora también son pasibles a ser impugnados fácilmente si sus acciones no serían del agrado del MAS. Esto genera un efecto silenciador sobre los nuevos asambleístas, lo cual afecta a su libertad de pensamiento y libertad de expresión (arts. 21.3 y 21.5).

c) En el entendimiento que las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental “asegurar el imperio de la Constitución” (art. 244) y la Policía la de “la defensa de la sociedad” (art. 251.I), a partir de ahora los altos mandos de ambas fuerzas van a deber su nombramiento únicamente al MAS porque sus ascensos y grados máximos ya no dependerán del consenso con los asambleístas de los demás partidos políticos. De esto, se puede inferir que uno de los propósitos de esta reforma es controlar a ambas fuerzas para que éstas se deban al MAS y no así a la Constitución, tal como sucedió en noviembre de 2019.

Ya en 1788, Hamilton, Madison y Jay nos ilustraban, en su obra El Federalista, que ningún acto legislativo que vaya en contra de la Constitución tiene validez. A pesar de la representación delegada que tienen los legisladores, sus decisiones deben estar sujetas a la Constitución porque su poder está limitado a aquello que la Constitución permita o no. Más allá de aseveraciones temerarias y superficiales respecto a que los artículos modificados son solamente administrativos, todo cambio debe estar sujeto a respetar los derechos fundamentales y garantías de la Constitución.

En el entendimiento que la supremacía de la Constitución se funda en su acatamiento por parte de los órganos del poder público, resulta evidente que esta maniobra de la saliente bancada del MAS vulnera el espíritu de la Constitución al sesgar la división de poderes, someter a las Fuerzas Armadas y Policía y, en definitiva, atentar contra el carácter democrático del Estado.

Luis Yañez es alumno antiguo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya (Países Bajos), graduado de la School of Professional Studies de Columbia University (Nueva York) y máster en Derecho Constitucional. Es autor del libro Derechos Humanos y Proceso de Cambio: Análisis de la situación de los derechos humanos en Bolivia bajo el Gobierno de Evo Morales durante el periodo 2006 – 2016.

 

 

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