Max Murillo Mendoza

En la justicia boliviana no sirven las pruebas

lunes, 2 de noviembre de 2020 · 00:08

Bolivia es un país muy particular; pero también un laboratorio interesante porque nunca se sabe exactamente, en sus derroteros, donde realmente está yendo. Bolivia está desestructurada tradicionalmente, porque sus clases altas jamás se pusieron de acuerdo en cómo organizarla. Al mismo tiempo está estructurada en sus naciones ancestrales, ciertamente ya afectadas por el tiempo y la contaminación moderna y republicana. Al no contar con estructuras institucionales, es decir Estado, temas como la justicia desde siempre no existen sino como excepcionales asuntos anecdóticos, que sirven sólo como desahogo colectivo.  

La impunidad es nomás la reina de los resultados, ante la ausencia de justicia. No importan las pruebas porque lo impune tiene filtros más poderosos: políticos y económicos. Bolivia no es precisamente un país liberal ni mucho menos, sus clases altas supuestamente occidentales no son tales, nunca dieron ejemplos al respecto. Son mezclas complejas de mentalidades no muy bien definidas, poco investigadas. Son las culpables de nunca haber establecido normas jurídicas, que respondan a nuestras realidades, como sistema jurídico.  

Entonces lo que tenemos hoy como herencia jurídica, es nomas terrible. No  hay justicia, no hay leyes que valgan, todo se interpreta a gusto del cliente poderoso, todo pasa por los filtros políticos, todo es relativo y las pruebas no son nada ante ese maremágnum de filtros que dependerán del bolsillo o del poder político. Se puede tener mil pruebas contra el delincuente; aun así no es seguro que será condenado. Los juicios duran toda la vida, porque justificar en un país como Bolivia es simplemente buscar dinero e influencias en la política.  

El sistema judicial boliviano es obra de su realidad política, en cierto sentido delincuencial e impune. No ha cambiado desde el nacimiento mismo de la república, por todo lo que cuentan las historias de la literatura y lo que sabemos por experiencia propia, sea de familiares o amigos que se hayan topado por mala suerte con la justicia. Los señores de corbata o abogansters en términos populares, simplemente son los representantes de unos papeles que se llaman leyes; pero que no son nada en términos reales para la gente común.  

Ningún gobierno ha podido cambiar el sistema judicial, porque todos representan al patrimonialismo estatal coyuntural. Tienen que servirse del sistema judicial para sus propios beneficios: económicos, políticos e ideológicos. Es siempre la competencia de la impunidad porque la coyuntura es muy corta, y se debe correr para corromperse al máximo posible. Es totalmente lógico que a ningún gobierno le convenga cambiar las reglas de juego del sistema judicial. Es una costumbre muy señorial, que utilizan también los sectores populares, como ya lo sabemos por experiencia.  

Bolivia ha gastado millones de dólares para cambiar o reformar la justicia; costumbre muy arraigada de gastar y gastar millones de dólares para no cambiar nada. Eso nos sucede no solamente con el sistema judicial, también con otros asuntos como el educativo, etc. En uno de los países más pobres del mundo gastar millones de dólares, sin ningún resultado, es una costumbre digna de las novelas más importantes de ficción. Y a nadie al parecer le interesa, pues como costumbre pasa desapercibida, sino a los hambrientos y miserables a la hora de llevarse algo a la boca.  

Hoy mismo se debate, como costumbre, la culpabilidad de exministros, ex viceministros y otros ex burócratas que ciertamente tienen mucho que responder a la justicia. Pero por supuesto que la costumbre de la impunidad será la privilegiada, en un país sin ninguna costumbre y educación por rendir cuentas, todo pasará a ser parte del mito popular o de clase alta: en Bolivia los peines hacen y deshacen este pobre país, empobrecido y torturado por estos personajes desde tiempos inmemoriales.  

En el reino de la impunidad que es Bolivia, todo es posible menos que se haga justicia. Los abogansters tienen carta para matar, es decir esquilmar a cuanto ciudadano se atreva a acudir a las fauces del sistema judicial. Los resultados se pueden saber ya al inicio de cualquier proceso o juicio: cuánto dinero uno posee para corromper investigadores y abogados, o testigos, etc. O cuántos amigos se tienen en los pasillos del poder político.  

Cambiar ese reino de la impunidad, cambiar las lógicas y costumbres normales de la injusticia boliviana, requiere de condimentos políticos reales. De políticos honestos y con alma de colectividad boliviana, que no hay por el momento. Lo conocido es parte del folklor boliviano, de las costumbres que son las normativas más enraizadas de nuestras mentalidades.  

Esperemos que las nuevas generaciones se atrevan realmente a cambiar estas costumbres, estas raíces de la impunidad que sólo empobrece no sólo espiritualmente al país, sino también en lo económico y político. Hoy no se condena al ladrón y peine político, sino al sincero y al honesto, porque la lógica es quién destruye mejor y brilla después con todo lo robado y asaltado. El país se ha hecho sumiso ante esta dura realidad y no acaba de despertar.  
 

Recuperar los valores del servicio a la comunidad, del servicio a los intereses de la colectividad como política e ideología, tienen mucho camino por recorrer. Porque el país agoniza y puede implosionar ante tanta irracionalidad de la injusticia, de un sistema judicial que da asco y espanto, pero que nadie le pone cascabel al gato.

Max Murillo Mendoza es boliviano.

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