Erick San Miguel Rodríguez

Propuesta para la reforma judicial

lunes, 30 de noviembre de 2020 · 00:08

Los problemas inherentes a la administración de justicia en Bolivia son crónicos. En la historia contemporánea - que así la entenderemos desde la recuperación de la democracia en 1982 - se han dado muchos esfuerzos, se han invertido ingentes recursos y se han modificado una y otra vez leyes para lograr una justicia pronta, imparcial e independiente. Pero los avances han sido mínimos y las frustraciones enormes.

Se debe recordar que en el pasado los altos cargos de la judicatura eran elegidos en el Congreso Nacional por dos tercios de votos, lo que lejos de constituir “democracia” no era más que un descarado arreglo entre los partidos con representación parlamentaria. Si la torta no alcanzaba entraba en la negociación la designación del Fiscal General y del Contralor General. Ese sistema fue conocido como “cuoteo” y suponemos que nadie quiere retornar a ese punto. En la Constitución Política de 2009 se dio un osado paso: estos cargos serían elegidos por sufragio popular. Lamentablemente la práctica quedó muy lejos del programa. A pesar de haber pasado por dos elecciones judiciales el resultado ha sido desastroso. Esta vez no hubo cuoteo sino una selección basada en la lealtad al punto de la adulación; como consecuencia el país ha tenido magistrados mediocres, venales, corruptos e irresponsables, por no decir impunes, que no se someten a las leyes, ni siquiera a sus partidos políticos, sino a quién les ayudó a estar en las ternas.

El actual Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ha tomado la iniciativa de encarar una vez más la reforma de la justicia. Para ello propone cinco leyes y considera crucial remover a todos los miembros del Consejo de la Magistratura. Dada la incapacidad de estos personajes dudo que nadie pueda defenderlos, pero dudo también que una refundación de la justicia pase por ahí. Ha propuesto también crear un Consejo de Notables, que debería ser llamada de Expertos, porque no vivimos en una monarquía y la palabra “notable” inevitablemente se relaciona con aristocracia.

En las líneas siguientes me animo a plantear algunas propuestas; algunas necesitan modificaciones legales, otras pueden imponerse por decreto supremo, pero todas ellas requieren voluntad política y compromiso.

Publicidad y transparencia de todos los actos procesales. La única excepción debe ser el caso en que menores de edad sean víctimas de delitos o de adopciones. La publicidad debería alcanzar al proceso investigativo penal. No se debe olvidar que la reforma constitucional de 1945 suprimió el carácter secreto de las pruebas en el sumario, como se llamaba entonces a la fase investigativa.

 Digitalización plena y absoluta de todos los actos procesales. Durante la pandemia se ha demostrado que eso es posible.

 Código de ética profesional del abogado. Inexplicablemente la actual Ley del Ejercicio de la Abogacía abrogó el existente y no fue repuesto por ninguna otra norma.

Código de Ética de la función judicial, donde se establezcan medidas severas que obliguen a magistrados, vocales, jueces y auxiliares a llevar una restringida vida política y social. No se pide una vida santa, sino una vida cuasi monástica. Asimismo, donde se establezcan prohibiciones para que ninguno de los mencionados tenga encuentros con las partes o sus abogados fuera de las oficinas y de los horarios de atención. Y que se obligue a todos a momento de tomar posesión del cargo a declarar a sus amistades más próximas y a los intereses que tienen con abogados o con estudios jurídicos y firmar autorizaciones para que las autoridades llamadas por ley puedan revisar sus llamadas y sus comunicaciones electrónicas.

Mecanismos de control de los plazos procesales y de la notificación de las decisiones judiciales. Se debe impedir y castigar severamente la notificación predatada de sentencias, autos de vista, supremos, etc. Mientras no se elimine este vicio inveterado, toda reforma caerá en saco roto.

Prohibición absoluta para que los Tribunales de justicia a emitir circulares dirigidos a jueces. Los procedimientos que deben seguir los jueces deben ser los establecidos por la ley no por las circulares de los Tribunales.

Debe existir un Consejo o una oficina que de manera permanente o al menos periódica efectúe el monitoreo y evaluación de las reformas. Para asegurar el funcionamiento de una buena administración de justicia, tiene que haber ajustes permanentes y no esperar cambios de gobierno o crisis judiciales para volver a prestar atención al problema.

Requisito indispensable para ser Juez: asistir a la Escuela de Jueces; para ser Magistrado o Vocal: hacer carrera judicial. Mantener la votación popular establecida en la CPE; pero, las ternas deben emanar de los más altos puntajes que arroje el escalafón y no de reuniones secretas con los operadores del gobierno de turno.

Creación de Asociaciones de Litigantes que cubran todos los niveles de gobierno: nacional, departamental, municipal e indígena-originario-campesino. La administración de justicia no es un asunto de los abogados sino de toda la ciudadanía.

10 Aplicación plena de la Ley de Imprenta, lo que implica que los Gobiernos Autónomos Municipales deben designar anualmente jurados; eso evitará denuncias contra periodistas en la justicia ordinaria.

11 Conversión de los códigos militares (decretos leyes de la dictadura de Banzer) en reglamentos disciplinarios. En 1906 una reforma constitucional abolió el fuero militar, excepto en campaña de guerra. Un país democrático no puede convivir con leyes de la dictadura y tampoco se puede aceptar que nadie sea juzgado por sus pares.

12 Discusión para la creación de un alto tribunal de justicia administrativa, parecido al Consejo de Estado de Francia, que sea independiente, pero no parte del Órgano Judicial.

Erick San Miguel Rodríguez es abogado.

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