Marcelo Arequipa Azurduy

(In)Justicia para todos

miércoles, 23 de diciembre de 2020 · 00:10

Llevamos desde por lo menos un año en la discusión respecto de que la emergencia de un acuerdo o pacto entre las fuerzas políticas sobre temas urgentes para la sociedad es algo muy importante, es decir, la semilla del pacto político de Estado, que fue plantada por la población, no por la clase política. 

Primero para reclamar que las fuerzas políticas antimasistas se unan en torno a un proyecto político posmasista, ya se sabe que eso no tuvo resultado; hoy la clase política tiene una oportunidad más antes de que la gente comience a prescindir de los partidos y establezca por sí misma la instalación de pactos políticos y sociales entre los muchos grupos corporativos que componen nuestra sociedad. Esa oportunidad se llama reforma de la justicia.

La percepción generalizada de que el sistema judicial no funciona es un asunto sobre lo que ya basta y sobra hablar, porque es algo que tiene un correlato de ida y vuelta entre los políticos y los operadores de justicia. Ocurre eso cuando hay por un lado una politización de la justicia, lo que significa que es algo que ocurre cuando los políticos, sean del partido que sean, intentan inmiscuirse en las decisiones del poder judicial; por otro lado, se presenta la judicialización de la política, que ocurre cuando los operadores de justicia rebasan sus atribuciones y se inmiscuyen o influyen manipulando las normas en las decisiones de los políticos.

Vivimos este fenómeno de judicialización de la política y de politización de la justicia desde hace mucho tiempo, un círculo vicioso que lleva alimentando la sensación generalizada de injusticia e impunidad, y esto no es que sea calamitoso y definitivo, sino que nos lleva a un estado constante de anarquía institucional, que refuerza la sociedad jerarquizada y desigual por encima del empuje que tuvo el país, hace poco más de una década atrás, de movilidad social importante.

Y es que una cosa es clara, para salir del círculo vicioso tenemos que entender que los países con mayor movilidad social tienden a empujar políticas de mayor igualdad; en ese sentido, vale más que comencemos a bajar la intensidad de comprensión respecto a que los méritos propios y personales hacen que tengamos acceso a educación, salud y justicia; no, lo que vale aquí es la vuelta a una sintonía en la que el sentido común colectivo se construye en base a pactos y alianzas.

Por eso es que la reforma de la justicia es también la oportunidad para engarzar dos elementos importantes para la construcción democrática: la racionalidad a través de las políticas concretas, y la subjetividad a partir de lo aspiracional; porque todos queremos y aspiramos que funcione una justicia injusta. 

El círculo vicioso de ida y vuelta descrito antes nos arroja hoy día una factura muy alta a pagar, pero necesaria; esa factura se traduce en que tenemos una brecha muy profunda de persecusión política con la que se dio muerte civil a gente que podría no haber cometido delitos. Por eso la reforma de la justicia planteada desde el Ministro de Justicia tiene un lazo directo y muy fuerte con el proyecto de reconciliación nacional que se encuentra empujando el Vicepresidente Choquehuanca.

Los círculos viciosos se pueden detener y volver círculos virtuosos, para eso no basta solamente con la transformación normativa de aquello que está mal, sino de las señales que dé la clase política de oficialismo y especialmente, en este caso, de la oposición, porque en la medida que se involucren en esto, aportando, no simplemente reaccionando, como hasta hoy, habrán logrado tener un primer cable de conexión con la gente común y conseguiremos dejar de ser el país que compite en el mundial de desconfianza interpersonal e interinstitucional.

 

Marcelo Arequipa Azurduy es politólogo y docente universitario.

 

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