Javier Torres-Goitia T.

La violencia contra la violencia

sábado, 5 de diciembre de 2020 · 00:10

 El feminicidio en Bolivia es uno de los más altos del continente. Las cifras del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal muestran que en 2018 Bolivia ocupa el tercer lugar en feminicidios por número de habitantes. El primer lugar lo tiene El Salvador, el segundo Honduras y el tercero Bolivia con 2,3 muertes por 100  mil mujeres. Frente a esta realidad, las autoridades sólo atinan a incrementar sanciones contra los actores. Añaden así más violencia a la violencia y la perpetúan.   

 La facilidad con la que las burocracias observan las apariencias sin mayor reflexión sobre la esencia que las provoca hace que sus soluciones sean inoperantes. El feminicidio, como culminación de la violencia intrafamiliar, tiene motivaciones más complejas que un homicidio cualquiera. Combatirlo con medidas punitivas exclusivamente pierde eficacia.

 Claramente, el feminicidio en Bolivia, como probablemente lo sea también en El Salvador y Honduras, es resultado multicausal de un complejo de circunstancias que confluyen exacerbando la violencia general de la sociedad. Entre nosotros, las relaciones asimétricas de poder oficiales, con ejemplos personales incalificables, cultivan el machismo, el autoritarismo y el egocentrismo, que se repiten y agudizan en el seno de las familias, haciendo víctimas a los niños frente a los adultos, a la mujer frente al hombre y provocando que todos soporten sumisos el abuso del más fuerte. 

 Nosotros hemos tenido 14 años de abuso sin otra ley que no sea el bloqueo, la manifestación ruidosa y destructiva de la protesta, la judicialización de la política y la limitación de las libertades de expresión y comunicación. En ese contexto, la violencia nos hizo vivir de fuga o de embestida hasta que la arremetida sin armas de las pititas, en octubre de 2019, hizo huir al dictador, pero no desarmó la dictadura. 

Ésta ha vuelto respaldada por una mayoría electoral, pero con otro gobierno y con la esperanza de que las nuevas autoridades, con una visión más clara de la realidad, no se dejen doblegar por el peso del pasado y actúen con la ley, no con el poder de la fuerza.

Si tal cambio se produce podremos esperar que también mejoren las relaciones sociales, que cambie el extractivismo que destruye la naturaleza, incrementa el trabajo informal y denigra la vida humana y su ambiente; que los hogares se reconstruyan, que aumente el empleo digno, que todos disfrutemos de paz social y el progreso se expanda en beneficio también de todos.   La violencia, por legal que sea, genera mayor violencia. Los feminicidios e infanticidios no se corregirán ampliando las cárceles, sino construyendo escuelas para niños y jóvenes sanos.

 Estamos todavía en el declarado año de la lucha contra la violencia de género. Los estudios de expertos abundan para corroborar que solamente los feminicidios son más de 100 por año y existen miles de recomendaciones para abordar el problema, sin resultados efectivos. En nuestro campo vinculado a la salud pública, los “expertos” rara vez penetran en la esencia de las causas y se limitan a la descripción, a veces súper detallada de su apariencia. Esta situación provoca que frecuentemente los estudios, cuanto más acabados parecen, por su acumulo de datos y cifras estadísticas, sean menos eficaces.

 Las burocracias, nacionales e internacionales son maestras en estos estudios meticulosamente pormenorizados que sirven solamente para describir una realidad, no para cambiarla. Medran así los proyectos y más los proyectistas, mientras la situación empeora para todos.

 Esto que es cierto en cuanto hace a la política de salud en general resulta patético con tintes de tragedia en el tema de la salud sexual y reproductiva y su relación con la violencia intrafamiliar, infanticidios y feminicidios incluidos. Toda verdad permite conocer para cambiar y todo cambio es positivo si nace del conocimiento fiel de la realidad. No necesitamos más estudios, sino cambios reales y posibles. 

Por feliz coincidencia, las dos primeras autoridades de gobierno son padres de familia, con esposas e hijos legítimos que constituyen hogares bien integrados. Sus primeras declaraciones están a favor de la paz social con justicia, equidad y solidaridad. Podemos pues seguir defendiendo con fe y con esperanza la libertad, la ética, la moral y los derechos humanos.
 

 

Javier Torres-Goitia T. fue ministro de Salud de Bolivia.
 

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