Grover Rojas Ugarte

Operaciones militares y el daño colateral

lunes, 7 de diciembre de 2020 · 00:08

El agricultor Juan compró pesticidas y agroquímicos para mejorar la producción de sus plantaciones. Al poco tiempo notó que sus plantíos mejoraron pero que ya no producían frutos, como era esperado. Los pesticidas habían matado a las abejas, los mayores polinizadores de las plantas. El uso de pesticidas mejoró sus sembradíos pero afectó a la producción. A esto se denomina daño colateral.

En mayo de 1999, Estados Unidos bombardea un objetivo militar ubicado en Yugoslavia y por error de cálculo de coordenadas los proyectiles destruyen la embajada de China en ese país. Hubo varios muertos y heridos. El gobierno americano se disculpó por el grave error y pese al gran daño causado en vidas humanas y materiales fue considerado como un daño colateral.

En Filipinas Ronjhay Furio, un niño de ocho años, guardaba cola en un puesto callejero de Manila para comprar un pollo a la barbacoa que le entusiasmaba. Mientras esperaba su turno, cuatro hombres armados llegaron repentinamente en dos motocicletas y abrieron fuego contra un grupo de vecinos que se había aglomerado cerca del puesto. Las balas hirieron al supuesto objetivo de la redada, un hombre de 52 años, y atravesaron también el abdomen del pequeño Ronjhay que falleció en el tiroteo. En Filipinas 101 niños fueron asesinados entre julio de 2016 y diciembre de 2018, en ocasiones siendo objetivos directos de las redadas y en otras por simplemente hallarse en el lugar equivocado en el momento erróneo. A estos hechos las autoridades filipinas las denominan daños colaterales.

En el Boletín Informativo de la Fiscalía General de la República respecto de la sentencia de la masacre de octubre del 2003, entre los antecedentes del hecho señala que campesinos bloquearon el altiplano paceño para hacer escuchar sus requerimientos al gobierno de turno, y que por esa razón varios turistas se vieron bloqueados en la localidad de Sorata, sin poder salir del lugar, razón por la cual el gobierno habría decidido rescatar a los mismos enviando militares a Warisata, situación confusa hasta hoy que causó la muerte de la niña de iniciales MNRR.

Como podrá advertirse esta niña no era partícipe ni protagonista de los hechos que se sucedían en ese momento, más por el contrario, totalmente ajena a los problemas en curso entre los campesinos del lugar y el gobierno de entonces. Ni las autoridades judiciales, ni la Fiscalía General del Estado comprendieron de esta manera la situación y basaron su sentencia -en parte- en este hecho para enviar a militares a la cárcel. A la luz de los hechos fácticos descritos líneas arriba se infiere que la muerte de la niña corresponde a la esfera del daño colateral que ni el Ministerio Público ni los magistrados lo entendieron o no quisieron entenderlo como tal. Las evidencias muestran que algunas bajas fatales y heridos fueron a causa de acciones no directamente relacionadas con el enfrentamiento entre el gobierno y los campesinos.

La institución militar tuvo varias bajas entre su personal profesional y la tropa. La justicia actuó y sancionó a los militares con penas superiores a los 15 años de cárcel, pero hasta el día de hoy no se establecieron responsabilidades entre quienes se encontraban al frente ni menos se investigó para dar con los autores.

Los conflictos sociales de agosto del 2020 entre las organizaciones sociales y el gobierno generaron una pérdida económica al sector productivo de país –según el Ministro de Economía– más de 8400 millones de bolivianos en los 12 días de bloqueo de carreteras. Hubo dos actores en pugna política:, gobierno y organizaciones sociales, pero un tercero ajeno a dicho conflicto (el sector productivo) es el que sufrió las consecuencias. El daño ocasionado a este tercer actor es lo que denominamos daño colateral. 

Pero ¿qué se entiende por daño colateral en operaciones militares? La doctrina militar boliviana no la define textualmente,  pero sí la encontramos en otros países que refieren a las lesiones o daños accidentales o no intencionales a personas u objetos que no son objetivos militares legales en las circunstancias imperantes en ese momento. Tal daño no es ilegal, siempre que no sea excesivo a la luz de la ventaja militar general que se prevé de la acción.

Aunque esta definición corresponde a las operaciones militares de guerra o conflicto internacional, se infiriere que la misma puede ser también aplicada a los conflictos sociales al interior de los países. Cuando se trata de una acción de armas en un conflicto armado, como los varios que tuvimos en el pasado con los países vecinos, los objetivos militares son los campamentos de tropas enemigas, columnas militares enemigas, instalaciones y centros logísticos enemigos y otros. En los conflictos sociales al interior del país, en los cuales participaron las fuerzas militares - y lo seguirán haciendo a futuro - no se tiene a un enemigo al frente y, por lo tanto, los objetivos militares son los estrictamente señalados por la Constitución, las leyes, reglamentos y manuales militares; es decir, contribuir a la protección del medioambiente, de los recursos naturales y de todo el patrimonio nacional; la seguridad y control de las zonas de seguridad fronteriza.

 También se establecen el mantener el orden y la paz social, evitar la toma, destrozo o incendio de la propiedad pública o privada y de instalaciones o infraestructura relativa a servicios públicos esenciales; garantizar el normal funcionamiento de servicios públicos esenciales y el libre tránsito de personas y bienes, así como garantizar el normal desarrollo de la actividad productiva y comercial. En lo referente al mantenimiento del orden público, que también es atribución y responsabilidad de las Fuerzas Armadas, la ley le señala una condicionante sine qua non previa, y es que la institución legalmente constituida para ese fin resultare insuficiente y que además el empleo, sea dispuesto por el Presidente del Estado.

Las operaciones militares de las Fuerzas Armadas de Bolivia, como las de cualquier otro país, están regidas por normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) o también llamadas derecho de los conflictos armados. Éstas tienen el propósito de limitar el uso de la fuerza en conflictos armados internacionales y no internacionales, proteger las víctimas de la guerra y regular la conducción de las hostilidades. Bolivia es parte de estas normas, por lo tanto plenamente aplicables.

Por otro lado, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos o solamente los denominados Derechos Humanos se gestan en el orden interno de los Estados, son reconocidos por los sistemas jurídicos nacionales, incluso con rango constitucional,.

Los primeros son aplicados en conflictos armados y los segundos en todo tiempo. Ambas instituciones convergen y se complementan en el interés compartido a través de sus normativas específicas relativas en última instancia a proteger al individuo en toda circunstancia.

Bolivia ha normado el uso de la fuerza militar en conflictos internos por medio del Manual del Uso de la Fuerza en Conflictos Internos, aprobado por Decreto Supremo (DS) 27977 de enero del 2005.

El segundo considerando del DS señala que “en situaciones de conmoción interna, pueden conllevar el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas; uso que por su incidencia directa en la vigencia y protección de los Derechos Humanos, tiene que estar regulado y condicionado por requisitos básicos que lo tornen legítimo y acorde con los postulados de un Estado social y democrático de derecho”.

De la misma manera, señala que el ejercicio legítimo de la fuerza por las Fuerzas Armadas está determinado por la Constitución Política del Estado, las convenciones y tratados internacionales vigentes sobre la materia, leyes y decretos supremos.

Aunque el texto no especifica cuál es la instancia jurisdiccional que deba procesar a los infractores del Manual, la lógica deductiva permite inferir que al ser una operación militar en curso y dispuesta por el Capitán General de las FFAA deberá ser la Jurisdicción militar la que tome conocimiento, conforme lo señala el artículo 180. III de la Constitución Política.

Se hace necesario considerar que el presente Manual requiere de una urgente complementación y actualización con las tácticas, técnicas y procedimientos para el proceso de adquisición o identificación de objetivos cuando se tenga que hacer uso de la fuerza letal y no letal. Ésta será una de las formas de evitar el daño colateral en los bienes públicos o privados y particularmente en personas ajenas a los conflictos.

La doctrina del manejo del conflicto y la aplicación de los factores de poder dentro la planificación estratégica nacional establece que el empleo de la fuerza armada responde a tres imperativos: primero, por estado de necesidad y en estricto ejercicio del principio de proporcionalidad con relación al oponente. Segundo, en estado de conmoción interna que obligue al gobierno a emitir la norma correspondiente del empleo coercitivo del poder del Estado en resguardo de la nación del peligro. Tercero, como recurso de última ratio, es decir, como garantía última del orden institucional del Estado cuando todas las instituciones han sido ya empleadas y además, han resultado insuficientes o no garantizan de ninguna manera el logro del resultado previsto.

La inadecuada aplicación por parte del gobierno de los tres imperativos señalados genera una grave disyuntiva al militar. Por un lado, el estricto cumplimiento de la orden política, que a futuro le implicará un proceso penal por las bajas humanas que las más de las veces son daños colaterales y que lamentablemente terminan en las cárceles, como en el caso de octubre del 2003; y, por otro lado, la desobediencia a las mismas órdenes políticas, que implicaría procesos en la justicia militar, con penas privativas de más de 20 años para sus responsables.

Ciertamente, el militar por su formación profesional y altamente patriota se inclinará a ciegas por la primera opción que le señale la obediencia debida, preferirá su sacrificio personal y el de su familia en beneficio del pueblo, al que juró mil veces defenderlo aun a costa de su vida. El político que emitió las órdenes no afronta procesos, se refugia en la impunidad y se esconde en su cobardía.

El determinar excesos en el uso de la fuerza, establecer responsabilidades por incumplimiento de las órdenes de operaciones en el empleo de las unidades militares, establecer el empleo inadecuado de las técnicas, tácticas y procedimientos en la determinación de blancos y objetivos militares, establecer el rompimiento de la cadena de mando y otros temas estrictamente militares corresponde a los tribunales de justicia militar, por cuanto entrañan tipos penales específicos determinados por los códigos de justicia militar. La jurisdicción ordinaria no tiene las competencias técnico-jurídicas para este cometido que implica ciencia y arte.

Los gobiernos deben estar conscientes que el empleo de sus Fuerzas Armadas conlleva responsabilidades, que las Fuerzas Armadas detentan el poder de violencia legal del Estado y que sabrán cumplir sus tareas con el equipo, material y armamento que el pueblo boliviano ha puesto en manos.

Finalmente, referir que existen instituciones que han nacido antes que la patria y que basan su existencia en principios y fundamentos perennes en el tiempo. Su accionar siempre estará apegado a la Constitución, las leyes y los reglamentos militares. Sus misiones y objetivos pueden cambiar con el tiempo y las circunstancias, pero sus principios no.

Grover Rojas Ugarte es General de División y abogado.

AVISO IMPORTANTE: Cualquier comunicación que tenga Página Siete con sus lectores será iniciada de un correo oficial de @paginasiete.bo; otro tipo de mensajes con distintos correos pueden ser fraudulentos.
En caso de recibir estos mensajes dudosos, se sugiere no hacer click en ningún enlace sin verificar su origen. 
Para más información puede contactarnos https://www.paginasiete.bo/contacto/

16
7

Otras Noticias