Gregorio Lanza

Carta abierta a Diego García Sayán

sábado, 15 de febrero de 2020 · 00:09

Estimado señor García Sayán:

Lo conocí por los años 90, cuando usted era director de la Comisión Andina de Juristas, que formaba parte de un espacio de reflexión e incidencia conjunta con Acción Andina, WOLA, ITT y otras instituciones para abordar temas relativos a la política antidroga. Criticábamos el sesgo punitivo que tenía la estrategia imperante y coincidíamos en que descargaba su violencia sobre los eslabones más débiles de la cadena, como ser los productores de coca y los consumidores.

Exigíamos entonces que se diferenciara la producción de coca del proceso de transformación y estábamos atentos; en mi caso, como diputado nacional, para exigir el debido proceso y evitar las vulneraciones a los derechos humanos. En ese entendido estuvimos en varias reuniones, en diversos países y si la memoria no me falla en Nueva York, en la reunión sobre drogas de las Naciones Unidas, en la que también participaron dirigentes de los productores de hoja de coca, entre ellos Evo Morales.

De lo que usted no ha podido informarse y comprender, más aún para hablar sobre Bolivia, es que la expansión del narcotráfico y su articulación con el poder político ha generado un Estado manejado por grupos delincuenciales que, especialmente en los últimos años, han logrado apoyo a base de la prebenda y la corrupción de las redes clientelares y las élites. Eso ha generado el efecto perverso de la destrucción de los tejidos sociales, que tomará mucho tiempo reconstruir, en y la judicialización de la política como sistema de gobierno.

En el trópico de Cochabamba, una gran parte de los productores de coca se han convertido en productores de pasta base de cocaína y muchos de sus dirigentes en articuladores y socios de carteles para la cristalización y de exportación de droga desde Chimoré, con la protección de Evo Morales. Morales ha violentado la ley y efectivamente dado un golpe de Estado, vulnerando la Constitución Política del Estado  y manipulando el voto ciudadano, primero con el incumplimiento del referendo del 21 de febrero de 2016 y después con el fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019.

Lastimosamente, usted, en estos años, no se ha referido a esas vulneraciones, sino que ha escamoteado sistemáticamente su tratamiento en las instancias internacionales defensoras de derechos humanos. De esa manera, nunca se pronunció, primero en la CIDH y posteriormente en su relatoría de la ONU, a pesar de los reiterados pedidos para que sea analizado el caso boliviano y la ilegal sentencia del Tribunal Constitucional al servicio de Morales.

La única explicación posible es que su mirada ideológica se ha congelado o ha podido más el interés personal para mantenerse en altos cargos con el apoyo de los gobiernos represivos de Venezuela y Nicaragua, que en su momento, con la chequera de Caracas, lograron apoyos mayoritarios en la OEA.

Lo que no cabe duda es que en Bolivia no se puede  dejar en la impunidad las sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos y la destrucción del patrimonio y de la hacienda pública; el uso del Estado y sus instituciones para hacer riqueza ilícita con el narcotráfico, todo ello al amparo de Morales y su clan en el poder.

Es posible que en estas últimas semanas se hayan cometido errores en la forma del tratamiento a los culpables de esos hechos y que se debe exigir que se cumpla el debido proceso, pero ello no justifica sus temerarias e infundadas acusaciones contra el gobierno de la presidenta Añez.

Su amnesia por los derechos humanos y su abierta parcialidad con los regímenes vulneradores de derechos, como ser Venezuela, Bolivia o Nicaragua, debían ser suficiente motivo para no estar en esa alta investidura que le confiere la ONU. Peor aún, la ignorancia en sus comentarios sobre Bolivia y lo que ha sucedido lo obligan a renunciar, si es que tiene, como alguna vez lo conocí, la rectitud y decencia de un juez probo y que sabe enmendar sus errores.

Atentamente,

Gregorio Lanza.

Gregorio Lanza es economista con maestrías en políticas públicas y exresponsable de Prevención y Atención de Conflictos de la Defensoría.

 

 

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