CARTAS A LA DIRECTORA

martes, 25 de febrero de 2020 · 00:10

Carta del Ministerio de Educación
Señora: 
Isabel Mercado 
Página Siete
Presente.-

De la captura de pantalla adjunta a la presente misiva, se evidencia claramente un Libelo Difamatorio en contra de mi persona que daña mi imagen como autoridad, profesional y mujer, cuando irresponsablemente, en la edición digital de su medio de comunicación, Pagina Siete, en la plataforma de Facebook de fecha 20 de febrero de 2020, refieren y cito textual: “Aprehenden a Berta Chuquimia, viceministra de Educación, tras ser denunciada por cobros irregulares para optar a cargos públicos...”(sic). Afirmación alejada de la realidad que mella mi dignidad y me causa un daño irreparable.

Su medio de comunicación debió darse a la tarea de revisar la redacción de su personal antes de publicar noticias de manera irresponsable y no corroborar los nombres de las personas involucradas en la noticia de referencia antes de realizar este manejo –reitero- irresponsable de la información.

La conducta del personal de su medio de comunicación se adecúa a la previsión prevista en el Art. 283 del Código Penal: “El que por cualquier medio imputare a otro falsamente la comisión de un delito, será sancionado con privación de libertad de seis meses a tres años y multa de 100 a 300 días” (sic).

Por lo brevemente expuesto, exijo que inmediatamente se publique una satisfacción pública formal y que en su edición digital sea reiterativa esta aclaración, hasta que no quede sombra de duda sobre mi reputación, tomando en cuenta que hasta el momento la captura de pantalla tuvo 462 reacciones y comentada por 69 personas, y que encontrándonos en la era digital ya debió ser replicada por miles de personas más a nivel nacional, tomando en cuenta que esta noticia fue replicada en sus cuentas de Twitter y Facebook,  seguida por 722.744 personas (dato extraído de la página oficial de Facebook de su medio de comunicación).

MSc. Lic. Bertha Isabel Chuquimia Morales, viceministra de Educación Regular Ministerio de Educación

NdD: Página Siete se disculpa nuevamente con la viceministra  Bertha Isabel Chuquimia Morales por la nota mencionada. Cabe recalcar que esa es una nota que recibimos de un servicio de agencia y no fue reporteada por Página Siete, lo cual es muy frecuente en los medios de comunicación con agencias autorizadas. Sin embargo, en cuanto recibimos la denuncia del error, eliminamos la publicación y publicamos las disculpas públicas del caso, las mismas que siguen y seguirán en nuestra web en el siguiente link: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/2/20/disculpa-publica-247393.htmlCarta de la senadora Gonzales a Página Siete

Señora

Lic. Isabel Mercado
Directora de Página Siete
Presente.-
De mi consideración:

He leído con preocupación la editorial publicada por su medio en fecha 19 de febrero de 2020, respecto a las acciones de investigación que en mi condición de Senadora del Estado Plurinacional de Bolivia he asumido sobre el caso de presunta comisión de delitos de exministros y viceministros en el ejercicio de sus funciones en la empresa San Cristóbal S.A. Al respecto debo manifestar los siguientes elementos: 1) Me extraña que antes de que el medio de comunicación haya asumido una posición tan definitiva con respeto a los actos que estoy llevando, hubiera tenido la gentileza ni la Directora del medio  ni los periodistas de pedir una versión de lo que yo estoy haciendo, para que puedan conocer la razón por la cual estoy llevando adelante esta acción. 2) Las acciones de investigación que he llevado en este caso y en otros  están amparadas en el numeral 19 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, que literalmente me faculta a realizar investigaciones en el marco de mis atribuciones fiscalizadoras.

Respecto al caso específico que el medio de comunicación que usted dirige ha hecho mención, me permito señalar que esta denuncia me ha llegado a conocimiento a partir de un grupo de trabajadores que han sufrido una serie de atropellos en sus derechos laborales.

Lo que llevé a cabo es una denuncia para que el Ministerio Público investigue este tema, siendo obligación de todos velar porque estos se reparen; (ya que)  se ha incurrido en estas faltas de manera totalmente intencionada, lo cual llevaría a responsabilidades de la empresa en este tema.

Me llama la atención que su medio de comunicación haya llevado adelante una publicación de este tipo asumiendo  toda la defensa de una empresa.  Si usted considera que al tomar una opción en beneficio de los trabajadores he cometido un error, quiero decirle que me siento totalmente responsable y orgullosa de salir en defensa de los más pobres, de los más necesitados de Bolivia.  Otras personas, como su propio medio, saldrán en defensa de las grandes empresas y grandes corporaciones, mientras que yo como Senadora saldré en defensa de los pobres, de los humildes y de los trabajadores de mi país.

A tiempo de agradecerle, pido y exijo la publicación íntegra de esta nota a la brevedad posible, me pongo a su disposición para cualquier aclaración.

Con las siguientes puntualizaciones de orden fáctico:

1. La publicación titulada “Un error de la Senadora” es de opinión.

2. La nota de opinión no tiene el nombre del autor. Téngase presente que en virtud a los artículos 3, 4  y 5 de la Ley de Imprenta  se considerará clandestina la publicación que no lleve el nombre del editor porque en consecuencia será susceptible de multa onerosa.

3. El convenio al que hace referencia es producto de la irregularidad.  El Ministerio de Trabajo, a través de una resolución administrativa, ha dejado sin efecto un Laudo Arbitral que tiene calidad de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada al amparo de la Ley General del Trabajo.

4. Adjuntamos la declaración de la directora jurídica que emite la resolución administrativa del Ministerio de Trabajo dejando sin efecto el Laudo Arbitral en el que señala que ella desconoce quién habría  elaborado los informes en los que se basa.

5. Se adjunta también las planillas, en las que se puede evidenciar que, en un primer momento se adscribe a un determinado monto de “haber básico” y con el salario dominical en cero, mientras que, posterior al pliego petitorio o de reclamaciones, en la planilla de junio de 2018  se resta el monto del “haber básico” y el monto restante se registra en la columna de salario dominical, respaldado a su vez por una certificación de la misma empresa. Configurando esta práctica en un presunto delito. 

6. Se adjunta el registro de candidatos del MAS, en el se encuentra el nombre del Sr. Orlando Gutiérrez Luna, quien firma el irregular convenio en nombre de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y Juan Carlos Huarachi, como secretario ejecutivo de la COB y socio estratégico del gobierno.

7. Se adjunta el poder notarial correspondiente en el que se evidencia de manera fehaciente que el tipo societario de la Minera San Cristóbal es una Sociedad Anónima. Por lo que extraña que en la nota de opinión se haga textual referencia a que dicha denuncia, que dio lugar a una posterior huelga “(...) generó una pérdida de medio millón de dólares diarios al TGN, totalizando pérdidas de más de 10 millones de dólares para varias instituciones del Estado”.  Siendo un despropósito señalar que  porque una empresa privada no cumpla con obligaciones legales de orden pecuniario los trabajadores no puedan ejercer el derecho constitucional a la huelga.

10. Mi denuncia nunca ha versado contra de la empresa San Cristóbal como tal, en calidad de denunciada ni con participación alguna, sino los actos de presunta corrupción por parte de exautoridades en el ejercicio de sus funciones.

11. El tenor de la publicación de prensa tiene un tenor potencialmente difamatorio e injurioso al sentenciar textualmente “(...) No es un error pequeño acusar sin fundamento a una de las empresas más grandes que opera en Bolivia, más cuando hay abundantes pruebas que demuestran lo contrario”.

Sin otro particular, señalar que es momento de dotar de sensatez a quienes ejercen la libertad de expresión, y que deben realizar su labor periodística con ética y transparencia.

Atentamente,

Sen. Carmen Eva Gonzales
Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Senadores

NdD:
Nota de Dirección

Los editoriales de Página Siete, al igual que los de cualquier otro diario de Bolivia y el mundo, no tienen firma del autor porque expresan la opinión institucional del periódico y su responsable es el director o directora del mismo. El pasado 14 de febrero, la opinión de la senadora Carmen Eva Gonzales sobre este tema fue consultada por Lidia Mamani, periodista de Página Siete, pero la senadora no respondió, a pesar de haberse comprometido a hacerlo en el transcurso de ese mismo viernes. 

Página Siete asumió una posición editorial sobre este caso después de que la senadora Gonzales presentó una demanda penal por un proceso laboral que ya había sido resuelto, tal como lo demuestran los documentos que ella misma envió a este medio.

En particular, el convenio del 6 de septiembre de 2019 firmado entre la Empresa San Cristóbal y sus trabajadores, después que una sentencia constitucional (Auto Constitucional No. 072/19 de 23 de agosto de 2019) dejó sin efecto el Laudo Arbitral de 08/08/2019 por irregularidades en su emisión. Un convenio es ley entre partes y de obligatorio cumplimiento.

El Art. 48 de la Constitución, así como el Art. 4 del Decreto Supremo 28699 de 1  de mayo de 2006, corresponden a la Judicatura Laboral para resolver controversias entre empleadores y trabajadores, las mismas que deben resolverse bajo el amparo de dicha ley. 

Por lo tanto, no es legal que un fallo de carácter laboral tenga un desenlace en el ámbito penal, especialmente si no existe un delito. Es difícil imaginar el caos que se generaría si todos los procesos laborales desembocaran  en el ámbito penal.

El intento de aplicación de medidas coercitivas de un proceso penal a un proceso laboral recuerda las persecuciones judiciales tan comunes durante el gobierno del MAS. Página Siete defiende principios y derechos de personas naturales y jurídicas, especialmente cuando percibe que los mismos fueron violados. No es la primera vez ni será la última en que asumimos defensa de una empresa. 

El conflicto de San Cristóbal con sus trabajadores el año pasado fue seguido con mucha atención por este periódico y en su oportunidad se llegó a la conclusión de que el mismo fue manipulado por una red mafiosa, que hoy está siendo juzgada penalmente porque intentó chantajear a la empresa, mal utilizando a sus trabajadores, cuya huelga costó al país más de  70 millones de bolivianos en impuestos y regalías no recibidas.

36
3

Otras Noticias