Juan Carlos Salazar del Barrio

La “republiqueta ” del Chapare

jueves, 12 de marzo de 2020 · 00:11

La palabra “republiqueta” no figura en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero la historiografía reconoce con ese nombre a los territorios independientes organizados por grupos guerrilleros durante la Guerra de la Independencia del Alto Perú (1811-1825). Su característica era la precariedad institucional y el dominio militar que ejercían los rebeldes sobre los mismos. Probablemente debemos el término al político e historiador argentino Bartolomé Mitre, quien en su Historia de Belgrano y de la guerra de la independencia argentina (1859) designa así a las zonas controladas por los rebeldes en lo que hoy es Bolivia.

Eran famosas las “republiquetas” de Ayopaya, La Laguna, Larecaja, Tarija y Cinti. La de Ayopaya, encabezada por José Miguel Lanza, dominaba 1.400 kilómetros cuadrados entre Cochabamba y Oruro con más de 600 hombres en armas, y la de La Laguna, liderada por Miguel Ascencio Padilla y Juana Azurduy, contaba con un “ejército” de 200 fusileros y 4.000 indígenas en el norte de Chuquisaca. 

Las de Larecaja, con el cura Idelfonso Escolástico de las Muñecas; Tarija, con el Moto Méndez, y Cinti, con José Vicente Camargo, también eran “territorios libres”, gobernados y administrados mediante el cobro de impuestos  por sus caudillos, quienes disponían de sus propias “montoneras” para enfrentar a las tropas realistas.

La “tradición” altoperuana de las “republiquetas” parece haberse extendido a los tiempos de la Bolivia republicana, a juzgar por las evidencias que van surgiendo en torno a las actividades del narcotráfico en la zona cocalera del Chapare. El ministro de Defensa, Luis Fernando López, dijo recientemente que “el Chapare es un micro-Estado narcoterrorista independiente”, en lo que podría ser una nueva definición de las “republiquetas” del siglo XXI. 

En una entrevista con el diario El Deber, López confirmó la presencia de extranjeros armados en la región, aunque admitió que no sabe si en número suficiente “como para montar una milicia”, pero que son parte de ese “micro-Estado narcoterrorista”,  donde impera la ley de los narcotraficantes y donde los “policías no entran”. 

La propia presidenta Jeanine Añez aseveró que en la zona están operando al menos nueve organizaciones criminales extranjeras, cuyos miembros -según López- “vienen con armamento a conquistar un territorio que no les pertenece”. 

Es la primera vez que las advertencias sobre el peligro de las actividades ilegales que han sentado raíz en el trópico vienen de las dos más altas autoridades del Estado. 

Jean-Francois Barbieri, agregado policial de la Embajada de Francia en La Paz, entre 2009 y 2012, confirmó en declaraciones a Página Siete que en Bolivia están presentes los cárteles mexicanos y colombianos, no como simples “emisarios” compradores de droga, sino como operadores de los megalaboratorios que fabrican el clorhidrato de cocaína en la selva. 

Agregó que “la Ley 906 -que autorizó el incremento de la producción de hoja de coca hasta 22.000 hectáreas- encubre al narcotráfico”, y que, “en este tema”,  el gobierno de Evo Morales operó como “casi un narco-Estado, cubriendo la producción de coca ilegal”.

En una conversación con analistas políticos, un alto funcionario gubernamental admitió que el Chapare se encuentra dominado por una “estructura delincuencial” que involucra no sólo a elementos políticos y sindicales, sino a los miembros de los organismos de seguridad que se desplazaron a la zona durante la pasada gestión, una estructura que -según dijo- será “muy difícil de erradicar” sin el concurso de la fuerza pública, con todos los riesgos que supone un enfrentamiento armado, sobre todo en un momento de transición política como el actual.

Según un documento del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), revelado por Página Siete, el Gobierno se plantea definir “las zonas y extensión de cultivos dentro de los límites legales” y reformular la Ley General de la Coca en el marco de una nueva estrategia para evitar el desvío de la coca excedentaria al  narcotráfico. 

No será fácil. Barbiere advirtió que, si se cambia la ley, “seguramente los cocaleros del Chapare van a ir a una guerra civil”. No necesitaba decirlo. El dirigente cocalero Leonardo Loza anticipó que ningún productor de coca permitirá cambio alguno. “Primero muertos a perder nuestros campos de coca en la zona del Chapare”, señaló. 

Uno de los protagonistas de la guerra de la independencia definió  a las “republiquetas” de antaño como  “pequeñas repúblicas huerfanitas buscando una república madre que las cobijara y la sabían muy lejos”. Dependerá de éste y del futuro gobierno que la transnacional de la droga no se convierta en la “república madre” del Chapare. Menudo desafío.


Juan Carlos Salazar del Barrio es periodista.

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