Rosa Talavera Simoni

Una tentación irresistible

jueves, 12 de marzo de 2020 · 00:09

El gobierno transitorio (y constitucional) de Jeanine Añez, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ha anunciado que presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley para modificar los artículos 59, 60 y 61 del Código Tributario Boliviano (CTB) relativos a la prescripción de la deuda tributaria y, concomitantemente, establecer un régimen transitorio que permita a los contribuyentes que tengan deudas con los entes recaudadores, regularizar su situación. 

Claramente, el objetivo central de esta propuesta es reducir a cuatro años el periodo de prescripción que, a través de sucesivas disposiciones legales aprobadas en el año 2012, fue establecido en ocho años, con vigencia desde la gestión 2013; al mismo tiempo, busca eliminar la imprescriptibilidad de la facultad de la administración tributaria para ejecutar las deudas determinadas,  que también fue establecida en 2012.  

La inclusión en el proyecto de ley, de un nuevo régimen para regularizar deudas tributarias (popularmente llamado perdonazo), sólo tiene el propósito de captar simpatías para un proyecto de ley que tiende a restituir la normativa que, sobre este tema, estableció el CTB aprobado en agosto de 2003.

Cabe señalar que coincidiendo con la disminución de la bonanza que favoreció al Gobierno anterior y seguramente también como parte de la campaña por la cuarta gestión de Evo Morales, se aprobaron, en dos oportunidades, marcos normativos para regularizar, con beneficios, las deudas tributarias.  El primero tuvo vigencia entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2016 (seis meses) y el segundo entre el 1 de octubre de 2018 y el 28 de junio de 2019 (nueve meses). 

El proyecto del nuevo Gobierno que ofrece, además de la eliminación de multas, la no actualización del valor de los tributos omitidos y la aplicación de una tasa de interés de 2% anual, tendría vigencia hasta el 15 de mayo de 2020, es decir, poco más de dos meses, si su aprobación fuese expedita.  

Según los informes técnico-legales y la exposición de motivos del proyecto de ley en curso, al 31 de diciembre de 2019 la mora tributaria acumulada era de 41.465 millones de bolivianos; mientras que, con la misma fuente, al cierre de 2015, es decir antes del primer “perdonazo”, la mora registraba 24.456 millones de bolivianos, con un crecimiento de 70% entre 2015 y 2019.  

Por otra parte, el último perdón tributario, que se extendió por nueve meses, generó una recaudación total (renta interna y renta aduanera) de sólo 4.383 millones de bolivianos, que equivalen a un magro 10,6% de la deuda acumulada.  Es, asimismo, ilustrativo anotar que del total de los contribuyentes que se acogieron al beneficio, únicamente el 11% (14.427) fueron personas jurídicas; en tanto el 89% (116.724) fueron personas naturales.  

Las estadísticas que pretenden apoyar el proyecto de ley, paradójicamente, muestran que el ofrecer en forma reiterada, como se ha hecho en el pasado reciente, y se pretende hacer ahora este tipo de facilidades para que los contribuyentes puedan regularizar sus adeudos, asumiendo únicamente el costo del dinero (la tasa de interés de 2% en el proyecto actual), no sólo implica un riesgo moral, sino que puede llegar a ser contraproducente a los fines de recaudación fiscal.  

En efecto, algunos contribuyentes pueden asumir posturas tributarias agresivas, apostando a que de ser fiscalizados tendrán la opción de pagar el monto de los impuestos omitidos, aprovechando los beneficios de un nuevo perdón de multas y sanciones.

Indudablemente, un periodo de prescripción de ocho años y la imprescriptibilidad de las deudas tributarias tienden a restar eficacia a la administración en el ejercicio de sus obligaciones de fiscalización y ejecución tributarias y, por otro lado, erosiona en extremo la seguridad jurídica del contribuyente.  Sin embargo, sería más conveniente para el interés general del país que la modificación de este aspecto fundamental del CTB se produzca, no de manera aislada, sino como parte de una redefinición del conjunto de la legislación tributaria, en el marco de una estrategia de desarrollo nacional.  

Pero no se puede negar que, siendo corto el periodo de oportunidad para quienes gobiernan actualmente, la tentación de probar suerte en la Asamblea Legislativa con este proyecto de ley que, sin duda será del agrado de los contribuyentes llamados a votar el próximo 3 de mayo, puede resultar irresistible.

Rosa Talavera Simoni es especialista en temas tributarios.

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