Jaime Rodrigo Machicao

Círculos viciosos tributarios

lunes, 16 de marzo de 2020 · 00:10

Se llaman círculos viciosos a las crisis que no logran resolverse. Así se puede calificar a los famosos perdonazos tributarios que se instrumentaron desde el año 2016 al 2019, contemplando condiciones cada vez más atractivas para reducir la mora tributaria.

La Ley 812 condonó entre el 60% y 80% de las multas y redujo las tasas de interés haciéndolas variables, en función del periodo de mora, pero se mantuvo el interés compuesto. Luego, en  2018, la Ley 1105, amplió la rebaja hasta un 95% de las multas.

La Ley 1154 extendió el plazo y admitió que el desistimiento pudiese ser parcial. Se permitió el blindaje de los contribuyentes frente a fiscalizaciones por periodos anteriores al año 2019 a cambio de un impuesto único sobre ventas o importaciones y se inauguró la era de los planes de pago con cinco años.

A pesar de su atractivo, dichas condiciones resultaron  insuficientes para reducir la mora, que desde el año 2012, con 10.359.000 bolivianos,  había adquirido un crecimiento vertiginoso, cuadruplicándose a 41.465.000 bolivianos en 2019, lo cual reflejaba una curva casi vertical, a pesar de que los perdonazos habían permitido una recuperación de más de  diez millones de bolivianos.

La recaudación en 2019 llegó a 31.774.000 bolivianos; sin embargo, debajo de la mora acumulada en casi   diez millones de bolivianos, lo cual revelaba un índice de ineficiencia recaudatoria impresentable.

Una crisis de tales dimensiones sólo podía enfrentarse atacándose las causas que la provocaron, máxime cuando no era ningún misterio que la composición de la deuda tributaria al combinar intereses, mantenimiento de valor y un interés compuesto, auspiciaba que el importe original se multiplique muy rápidamente; sin embargo, en lugar de ello se extendió el plazo de prescripción entre ocho y 10 años.

El incumplimiento de una obligación fiscal acarreará consecuencias relacionadas con tres factores: uno, el valor presente del tributo omitido, para lo cual se toma como parámetro de actualización el índice de precios al consumidor (UFV); dos, los intereses causados al haberse privado al acreedor de dichos recursos con un plus que desincentive el uso de este medio de financiamiento para el contribuyente en desmedro del fisco.

En tercer lugar están las multas que reproducirán el valor del tributo adeudado a valor presente; por lo tanto, desde la perspectiva fiscal lo ideal es que el pago atrasado contemple estos factores; sin embargo, su aplicación conjunta podría conspirar contra la recuperación de la deuda, porque dependiendo de los plazos transcurridos contribuirá a que la deuda original se multiplique.

Por otro lado, tampoco hay seguridad respecto a que las causas que obligaron a los deudores a suspender sus pagos van a desaparecer en el corto o mediano plazo y por ello su recuperación con todos los factores de actualización y sanciones incluidas será posible.  

La ampliación de los periodos de prescripción y su aplicación retroactiva contribuyeron de forma funesta al propósito de reducir la mora porque la deuda determinada resultaba onerosa y su recuperación se convertía en una utopía para la administración, y una pesadilla para el contribuyente.

El diseño es tan perverso, que ni los perdonazos periódicos pudieron reducir la mora significativamente. Una sana administración fiscal no puede debatirse en dicho circulo vicioso; es necesaria una cirugía radical, reduciendo el plazo de prescripción a cuatro años y a dos para las multas por incumplimiento de deberes, restableciendo la prescripción de las deudas ejecutoriadas, modificando la estructura de la deuda tributaria, reemplazando el interés compuesto por el simple y reduciéndolo a una tasa fija.

Dichos ajustes  evitarán que la mora continúe su curva ascendente. Y en cuanto a la reducción de la mora acumulada parece inevitable instituir un nuevo proceso de  regularización excepcional, pero más audaz, si se quiere que sea definitivo, extinguiendo las deudas tributarias que tienen una antigüedad de cinco o más años, incluido el caso de aquellas que se encuentren con títulos de ejecución tributaria o con impugnaciones en curso.

Para ello debiera considerarse la creación del impuesto único de regularización. Las multas por incumplimiento de deberes con una data de tres o más años, deben extinguirse. 

En puertas de un nuevo proceso de regularización tributaria anunciado por el Gobierno, si no se apunta verdaderamente al saneamiento de la mora tributaria y se continúa utilizando este mecanismo con fines meramente recaudatorios, el círculo vicioso continuará.

Jaime Rodrigo Machicao es experto en tributación.

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