Ivan Finot

¿Hay propuestas creíbles frente a la corrupción?

miércoles, 25 de marzo de 2020 · 06:35

La corrupción no es solo un problema ético, es la causa del atraso y la pobreza en Bolivia: desde la Colonia hasta hoy la manera más fácil de progresar no son la creatividad y el trabajo –el único camino al desarrollo- sino usufructuar del poder político y/o, en segunda instancia, beneficiarse de alguna renta de recursos naturales.

La corrupción se origina en tres instituciones coloniales que aún no hemos podido superar: 1) el patrimonialismo, o uso privado de bienes públicos; 2) el prebendalismo, o compartir este uso con personas que colaboraron al acceso al poder, y 3) el clientelismo, o hacerlo con grupos que facilitaron y/o de los que depende mantener dicho acceso.

Estas instituciones se han mantenido con altibajos a lo largo de toda la historia nacional. Incluso perdimos el mar por causa de ellas, cuando Hilarión Daza, después de dar su golpe de Estado, encontró el Tesoro General de la Nación agotado: no tenía nada que compartir y le recomendaron cobrar impuestos a las salitreras a pesar de que un tratado de límites aprobado por los Legislativos de Chile y de Bolivia lo prohibía durante diez años a cambio de haber definido la frontera al sur de Antofagasta.

Hasta hoy los funcionarios deben corresponder al privilegio de tener un empleo público, y a los beneficios que éste les genera, entregando una cuota parte al partido en el respectivo gobierno. Es más: en general en América Latina el prebendalismo ha evolucionado hasta llegar a ser la fuente primordial del financiamiento de la política, a través de sobreprecios que favorecen no solamente a quienes deciden sobre contrataciones y compras públicas sino a quienes pagan las campañas.

El patrimonialismo -y sus secuelas- llegó a extremos durante la larga era del Movimiento al Socialismo, particularmente cuando, gracias a una definición de circunscripciones donde se vulnera la igualdad jurídica del ciudadano (ver columna del autor en Página Siete 2020/1/18), contaban con dos tercios en el Legislativo llegando así a controlar todos los poderes.

Por todo ello es decisivo saber si el próximo gobierno emprenderá una lucha definitiva contra la corrupción. Revisemos los programas. Para empezar, el MAS propone reducirla (no tratar de eliminarla) reconstruyendo el sistema de justicia (no explica cómo), reformando la policía e instaurando un sistema de contrataciones electrónico que se habría iniciado en 2018.

El programa de Comunidad Ciudadana es más ambicioso y plantea: 1) que el acceso a cargos públicos, incluidos los miembros de la administración de justicia, se realice exclusivamente por concurso de méritos, incluyendo entre estos una trayectoria intachable; 2) instaurar un sistema de evaluación y seguimiento de toda la inversión pública, limitar el uso de adjudicaciones directas y que las licitaciones sean “a libro abierto”; 3) informar en línea y en forma transparente sobre compras estatales, tributación y empleo estatal, y que una plataforma “de conformación plural” esté encargada de analizar esta información.

Juntos también ofrece regenerar y transformar el sistema judicial y atacar la corrupción a través de leyes 1) de contrataciones estatales y 2) acceso a la información pública y transparencia institucional. Y también, siguiendo el ejemplo de Brasil, reduciendo penas a quienes denuncien a otros miembros de redes de corrupción.

Creemos plantea la creación de una oficina anticorrupción independiente del Ejecutivo, y también una ley de contrataciones del Estado y otra de transparencia y acceso a la información. Libre 21 ofrece una justicia independiente, incluido el Ministerio Público; transparencia en las compras estatales, bajo la supervisión de una superintendencia con participación de la sociedad civil, y limitar las adjudicaciones directas a situaciones de emergencia.

En síntesis todos ofrecen medidas contra la corrupción pero ¿cómo se financiaría la política? - Lo decisivo sería un consenso para que, además de respetar la igualdad jurídica de todos los ciudadanos, las elecciones sean financiadas enteramente con recursos públicos, pues son bienes públicos puros. Y que financiarlas desde fuentes privadas sea un delito penal.

Ivan Finot es MSc en Economía, posgrados en planificación y ciencias políticas y sociales, experto en descentralización y desarrollo.

36
2

Otras Noticias