Iván Finot

Urgencia de la detección temprana del covid 19

miércoles, 15 de abril de 2020 · 00:11

Pese a que relativamente Bolivia tiene pocos habitantes, dentro de América del Sur aparecemos como el país con el menor número de pruebas para detectar al coronavirus: hasta el 12 de abril habrían sido sometidas a esa prueba sólo 2.185 personas, es decir, sólo 187 por cada millón de habitantes; mientras en Chile el mismo indicador alcanza a 4.304 y en Venezuela a 6.377 (worldometers.info).

Dado nuestro muy insuficiente sistema de salud, hay que evitar por todos los medios grandes afluencias de pacientes a los hospitales, que sería imposible atender. Para ello es indispensable una política preventiva: cuarentenas que sea efectivamente cumplidas –lo que se está intentando actualmente- y detección temprana, es decir hacer pruebas ante la más mínima sospecha de contaminación, lo que aún no se está haciendo. Y el virus se sigue difundiendo a través de contagiados asintomáticos.

En eso estamos atrasados, en primer lugar por falta de capacidad instalada: inicialmente había un solo laboratorio, el del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, en Santa Cruz. Luego también se pudo hacer pruebas en el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud en La Paz y en Cochabamba. Pero al no haber vuelos regulares ¡las muestras desde otros puntos del país tienen que ser transportadas por tierra!

Con la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo llegaron laboratorios para ser instalados en otras ciudades y con la de una gran empresa china han empezado a llegar pruebas listas para ser utilizadas. Pero estos recursos no pueden ser aprovechados de inmediato: se debe contar con infraestructura y servicios para instalar los nuevos laboratorios, ampliar los existentes, y reclutar y capacitar el personal requerido –aquí puede ser clave el apoyo de las universidades- a fin de poder realizar las pruebas. Y éstas deben será realizadas masivamente, ante la más mínima sospecha.

Otro factor es el costo: hacerse esta prueba en laboratorios privados tiene un precio superior a los 100 dólares. Pero en los servicios públicos debería ser gratuita y realizarse como parte de la atención primaria de salud: en todos los municipios se debe poder tomar muestras y enviarlas expeditamente al laboratorio más cercano.

Si se multiplican las pruebas, con seguridad el número de casos registrados aumentará aceleradamente. Hay que prever cómo aislar a los asintomáticos e incrementar la capacidad hospitalaria para atender oportunamente a quienes requieran tratamiento. El número de casos registrados aumentará, sí, pero se reducirá decisivamente la probabilidad de contagio y de muerte.

Lo más difícil es la capacidad de hacer todo esto realidad, pero no imposible. Limitaciones financieras no deberían ser obstáculo pues liberarnos del virus es la primera prioridad. Somos relativamente pocos habitantes pero habitamos un amplio territorio. Por eso poder transportar expeditamente las muestras y los afectados puede ser decisivo.

Pasada esta crisis será el momento de plantearse una reforma a fondo de nuestro sistema de salud. El próximo 20 de abril recordaremos el 26º aniversario de la promulgación de la Ley de Participación Popular. Gracias a esa Ley trascendental se incluyó en el municipio, “la base del Estado”, a toda la población rural y desde entonces ésta también cuenta –aunque todavía en condiciones muy limitadas- con atención de salud. Pero desde aquella ley (1994) no ha habido cambios significativos salvo haber retransferido la atención de tercer nivel (especialidades y subespecialidades) a los gobiernos departamentales (2000).

El sistema es insuficiente e ineficiente: falta personal calificado, infraestructura, equipamiento e insumos. E inequitativo, pues los recursos monetarios de que se dispone por habitante para el sector pueden variar de 1 a 3 según circunscripción (Finot I. 2016). ¡Y los medicamentos siguen estando a cargo de los pacientes!

Así nos llega el coronavirus pero aun así no dependamos de tendencias, que las tendencias dependan de nosotros. Se puede.

 

Iván Finot es MSc en Economía, con posgrados en planificación y ciencias políticas y sociales. Experto en descentralización y desarrollo.

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