Cartas a la directora

Cartas a la directora

sábado, 25 de abril de 2020 · 00:08

Carta del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos              Señora:

Isabel Mercado

Directora de Página Siete.

De mi consideración.-

Días atrás, en la página editorial de Página Siete se publica una nota de opinión que refiere al Informe Anual 2019 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. La presente no tiene el objetivo de cuestionar el derecho del medio a publicar esa visión crítica, sino compartir con los lectores algunas precisiones e informaciones sobre el referido capítulo del informe anual.

Siguiendo la metodología habitual, el capítulo respecto a Bolivia se basa en una variedad de fuentes confiables e independientes entre sí. En mi calidad de Relator Especial, rechazo cualquier adjudicación de intencionalidad, ideologización y parcialidad en mi accionar.

Se insiste en la necesidad de comparar la actuación de la actual administración interina con el gobierno del expresidente Evo Morales. No es el objeto del informe anual comparar gestiones, sino reportar los hechos más relevantes ocurridos durante el año en cuestión.

De hecho, ese mismo capítulo aborda la libertad de expresión en el contexto electoral en Bolivia (párrafos 173 a 178), y se documentan actos de censura, restricciones a la prensa, presiones y hostigamiento a medios, atribuidos a autoridades u organismos controlados por el anterior gobierno.

Aunque no es objeto del informe anual, también dejo constancia que como Relator Especial llamé la atención al  gobierno anterior en diversas oportunidades, realicé dos visitas de trabajo, cuatro informes anuales –a disposición en la página web de la oficina-, cartas y comunicaciones en las que denuncié la falta de ley de acceso a la información, la discriminación en la asignación de la publicidad oficial, el discurso de altas autoridades para socavar a la prensa y el acoso judicial a periodistas.

Durante 2019 reiteré éstas y otras observaciones a la Misión de Bolivia en la OEA antes de las elecciones y en una reunión que mantuve con el ministro de Comunicaciones de entonces, Manuel Canelas. Algunas semanas después, el Legislativo derogó la mayor parte de una serie de imposiciones económicas que pesaban sobre los medios. Una medida que atendió parcialmente estos reclamos.

Del mismo modo, siempre ofrecí toda mi atención a los integrantes de la extraordinaria sociedad civil boliviana que defienden la libertad de expresión, en el país y en el exterior. Recordará usted que en 2016 realicé una recordada visita a La Paz en un clima de hostilidad contra medios, periodistas y la propia Relatoría, durante la cuál me reuní todos sin exclusiones y concedí una larga entrevista para este diario. Volví en febrero de 2019 y me reuní en Sucre con la ANP, medios y periodistas. Sólo para enumerar las acciones públicas más salientes.

Respecto a las consideraciones políticas realizadas en la opinión editorial, la CIDH ha establecido que no es un órgano político de la OEA, sino uno técnico; en ese marco no le corresponde realizar reconocimientos o una calificación de los gobiernos, aunque sí debe establecer el contexto de cualquier violación. En suma, hicimos el mayor esfuerzo por establecer de buena fe el contexto existente, sin ingresar en calificaciones que no fueran las ya adoptadas por los órganos de la OEA y la propia CIDH(párrafos 87 a 90).

Por otra parte, esta Relatoría no distingue entre posibles víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales según su pertenencia política o partidaria. En Bolivia se documentaron casos en los que estuvieron involucrados agentes estatales, “grupos violentos” y partidarios de distintos sectores sociales, algunos de ellos enfrentados.

A modo de ejemplo, se documentaron agresiones presuntamente ordenadas o realizadas por partidarios del anterior gobierno y del partido MAS (párrafo 105). También se incluyeron las denuncias de violencia y agresiones contra funcionarios o partidarios del expresidente Morales, organizaciones de pueblos indígenas y sociales (párrafos 103 y 105).Por supuesto, también se incluyó el ataque “al rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y dirigente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, quien, durante movilizaciones previa,s también habría sido atacado violentamente”. La CIDH también lo incluyó expresamente este caso en un comunicado y como Relator Especial condené en redes sociales ese acto de violencia injustificable en el momento mismo que ocurrió.

Respecto a los periodistas, medios y comunicadores, se documentaron 70 casos sin distinción de línea editorial, incluyendo a los posibles agresores “tanto por parte de algunos manifestantes violentos que apoyaban el paro cívico desde el movimiento denominado Pititas, de movimientos violentos de simpatizantes del exgobierno de Morales, como también por el excesivo uso de la fuerza en las tareas conjuntas de la Policía Nacional y las FFAA” (párrafo 92 y 94).

La Relatoría Especial también incluyó en el informe la muerte del periodista Sebastián Moro del diario argentino Página 12. La Relatoría no atribuye ni sugiere responsabilidad de agentes estatales en la situación; no obstante, frente a las denuncias existentes, el Estado tiene la obligación de investigar de manera completa el caso, sin descartar antes de que se complete la investigación el ejercicio del periodismo como un móvil lógico del posible asesinato y/o agresión.

El editorial cuestiona a la Relatoría por mencionar “una supuesta agresión a activistas norteamericanos en Washington, en un hecho que no involucra al Estado boliviano. Fue un evento privado del Diálogo Interamericano, donde participaba Luis Fernando Camacho, candidato presidencial”. Al respecto he hecho llegar a las distintas partes involucradas la información disponible y mi parecer. Asimismo, el Estado entiende –y yo lo comparto- que el informe anual de la Relatoría tiene por objeto llamar la atención a los Estados respecto a medidas, acciones o falta de garantías estatales. Por ello, esta alegación se encuentra a consideración de la CIDH para su revisión.

Edison Lanza

Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

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