Erick San Miguel R.

Urge abrogar el DS 4174, el decreto de la corrupción

sábado, 23 de mayo de 2020 · 00:09

El escándalo desatado por la adquisición de ventiladores inservibles para luchar contra la pandemia del coronavirus a precios astronómicos no se resuelve con enviar a la justicia penal a un par de funcionarios corruptos. El marco legal bajo el cual se ha llevado a cabo ese proceso de contratación es el Decreto Supremo 4174 de 4 de marzo de 2020. 

¿Qué dispone esta norma? Es la que autoriza al Ministerio de Salud y a las entidades territoriales autónomas (gobernaciones, alcaldías) y a las cajas de salud a realizar contrataciones directas de medicamentos, insumos, reactivos, equipamiento médico y servicios de consultoría de salud para la prevención, control y atención de la pandemia. 

Lo primero que llama la atención es que a pesar de regular un tipo de contrataciones, no se hace ninguna referencia, ni siquiera en la parte considerativa, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas por el Decreto Supremo 181. 

Pero, ¿cuáles son las disposiciones de este Decreto que han abierto las puertas a la corrupción? 

Se exige el Certificado de Registro Único de Proveedores del Estado – RUPE sólo para “formalizar” la contratación y no como un requisito para presentar una propuesta.

Autoriza a cada entidad reglamentar la contratación directa sin ninguna referencia a las NB SABS.

No obliga a publicar la información de la contratación en el Sicoes, sino solamente una vez que ha concluido el proceso.

Es importante mencionar que esta norma fue aprobada antes de la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia, hecho que aconteció recién el 12 de marzo de 2020, cuando el gobierno dicta el Decreto Supremo 4179. De acuerdo a lo previsto, tanto en la Ley de Gestión de Riesgos como en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, las contrataciones cuando se producen en emergencias constituyen una modalidad, denominada: “Contratación por Desastres y/o Emergencias”. Entonces, ¿cuál es la diferencia? 

La diferencia radica en que todos los demás pasos de un proceso de contratación se siguen rigiendo a las NB SABS. Así por ejemplo, la publicidad y transparencia: las entidades contratantes deben publicar en el Sicoes todos los pasos de la contratación: inicio del proceso, documento base de contratación, calificación, adjudicación, etcétera. Y no solamente comunicar cuando éste está concluido. Eso permitirá que, por ejemplo, el contrato del Gobierno Municipal con un hotel de lujo como centro de aislamiento sea de conocimiento público y no esté bajo siete llaves. 

Así también eso impedirá que se contraten a “empresas” que no tienen personería ni registro en Fundempresa, como aconteció en el Gobierno Municipal de Cochabamba. Los anticipos y garantías también serán los mismos que se exigen en todo proceso de contratación: eso hubiese evitado que el gobierno haya pagado un anticipo del 50% en la compra de estos ventiladores cuando las normas sólo permiten entregar en calidad de anticipo el 20%. 

Y también, algo que no es menor dado que se vienen contrataciones millonarias de barbijos, equipos de bioseguridad e inclusive de ventiladores, se debe dar preferencia a la producción nacional. 

Entonces, es urgente la abrogación del Decreto Supremo 4174, conocido como el decreto de la corrupción. Asimismo, se debe exigir que las futuras contrataciones con cargo a los 100 millones de dólares anunciados por la Presidenta interina como ayuda externa (crédito público y donación) no sean malgastadas, malversadas ni sirvan para actos de corrupción. 

Se han dilapidado cerca de cinco millones de dólares en una compra inservible. La transparencia y el control social evitará grandemente que los 95 millones de dólares restantes sean mal utilizados y terminen en los bolsillos de autoridades y funcionarios corruptos. 

Seguro que esta propuesta será bien acogida por la ciudadanía, pero también por algunos personeros del gobierno, como el flamante Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que en sus 14 años como senador condenó las contrataciones directas y hasta propuso una ley de licitaciones. Este es el momento para que el Ministro Oscar Ortiz pueda cristalizar en los hechos su propuesta.

 
Erick San Miguel R. es abogado.

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