Alejandro Almaraz

Razones de fondo

miércoles, 27 de mayo de 2020 · 00:08

Hace algunos días, dije en las redes sociales que los que rompen la cuarentena para apedrear ambulancias, igual que los que apalean y humillan a los dirigentes sociales que no están de acuerdo con el bloqueo, deben ser reprimidos con todo el rigor de la ley, y que si las autoridades llamadas por ley no lo hacen, estarán incurriendo, por omisión, en una grave violación de derechos humanos. Ahora explico mis razones y respondo a algunos de mis detractores.

Es cierto que la cuarentena golpea duramente a mucha gente pobre que vive del día, tanto así que si no se la flexibiliza en el corto plazo será masivamente rebasada. Pero lo que esa gente pobre está comenzando a hacer ante su grave problema (y yo no me atrevo a juzgarla) es romper la cuarentena para trabajar, no romper las ambulancias o las cabezas de los que no piensan como ellos. Los actos criminales para los que pido represión no han sido cometidos por esa gente o por "el pueblo", sino por pequeños  grupos vinculados al MAS y funcionalizados a su evidente estrategia de desestabilización del gobierno.

Prueba de ello es que el bloqueo se les cayó de debilidad en las primeras de cambio. Más aún, todos tenemos el derecho a la protesta, y podemos incluso ejercerlo  movilizándonos en las calles en cuarentena (como las marchas pacíficas con distanciamiento social que vemos en distintos países). Pero apalear, humillar y amedrentar a las personas no es protesta alguna, es matonaje criminal. Y ninguna protesta, por justa que sea, puede atentar contra la vida, la dignidad o la integridad física de otros, y si lo hace deja de ser justa. El límite de los derechos humanos son los propios derechos humanos; en este caso, el derecho a la protesta de unos está limitado por el  derecho a la vida, la integridad física y la dignidad de los demás.

Estoy de acuerdo en que el principal medio para solucionar los problemas de la cuarentena y el encaramiento social de la emergencia sanitaria es el diálogo de los gobernantes con el conjunto de los sectores sociales más afectados por esos problemas. Pero los interlocutores sociales en ese diálogo deben ser los auténticos representantes de esos sectores (movilizados y no movilizados), y no los que se escudan en ellos para justificar u ocultar su violencia criminal.

No digo que la persecución legal de los crímenes denunciados sea la solución a aquellos complejos problemas, pero sí contribuye a que la misma, siendo más plena y perdurable, no promueva la creciente reproducción de los actos punibles (e impunes) y, eventualmente, de las propias impunidades, generando una espiral que devore el poco Estado de derecho que tenemos.

Es también cierto que el gobierno es derechista, que hace una mala gestión de la crisis sanitaria y que está siendo desbordado por la corrupción. Peor aun no ha esperado a que pase la crisis, ni atenderla seriamente, para favorecer a las élites terratenientes que representa, a costa de los derechos de toda la sociedad boliviana sobre el medioambiente y los bienes naturales, aprobando su nefasto decreto “transgénico”.

En absolutamente todos estos deplorables comportamientos, habrá que decirlo, al actual gobierno es la declinante y pálida continuidad del anterior, y suele contar con la decisiva colaboración de los remanentes de éste, como lo vemos en el papel que Valenzuela, hombre de confianza de Gabriela Montaño, ha tenido en el latrocinio de los respiradores. Pero no traté de evaluar la gestión de gobierno ni posicionarme ante ella, sino ante el atropello concreto (y grave) de los derechos básicos de muchas personas.Sin embargo, este asunto nos sitúa frente a una de las limitaciones más grandes para las aspiraciones democráticas de nuestra sociedad. En efecto, la defensa de los derechos básicos de las personas que las instituciones y los ciudadanos estamos llamados a asumir, no debe estar condicionada ni mediada por la posición que se tenga respecto a los actores políticos involucrados en cada caso concreto.

No se debe actuar, o dejar de hacerlo, a condición de favorecer o perjudicar al gobierno o a la oposición. Pero es precisamente como no se debe que el común de los actores políticos razonan y actúan, reproduciendo una de las peores taras que la sociedad boliviana (y no sólo el Estado) arrastra en su cultura política autoritaria; el afán de eliminar al oponente por sobre cualquier consideración o principio; el llamado “canibalismo político”. A esto mismo responde, pero descendiendo al oportunismo más vulgar y ramplón, aquello de callar lo que mandan las convicciones por no afectar cierta imagen o, lo que es lo mismo, no coincidir con determinado personaje.

Ojalá que a Murillo no se le ocurra decir que la tierra es redonda, porque si lo hace, la izquierda testimonial va a desempolvar la versión medieval del fin de los mares con cataratas y dragones. Ya es tiempo de entender que jamás habrá Estado de derecho ni institucionalidad democrática mientras la sociedad en su conjunto no instale como fundamento central del Estado, y asuma por encima de cualquier otro propósito político determinados valores o principios mínimos, como son precisamente los derechos básicos de las personas.

A los que han expresado su decepción, extrañeza o incredulidad por mi exigencia de reprimir legalmente la violencia criminal que he denunciado, les pido hacer un poco de memoria. Yo lo he hecho, honestamente, y estoy seguro de que en las muchas protestas, movilizaciones y demás  medidas de fuerza en las que he participado, igual que fuera de ellas, jamás he cometido, socapado o tolerado actos como los que ahora pido reprimir. Siempre los he rechazado y denunciado, y algunas veces he logrado impedirlos.

A atentar contra la integridad de otros he preferido atentar contra la mía, como en las prolongadas huelgas de hambre. Durante los mismos bloqueos con pititas, con los que dos tercios de los bolivianos logramos sacarnos de encima a la narco-dictadura y su proyecto de perpetuación (y que algunos me han hecho el alago de recordarme, siendo que en pocas gestas como esa tengo tanto orgullo de haber participado activamente), no se impedía el tránsito de ambulancias (y mucho menos se las apedreaba), ni de otras movilidades que prestaban servicios públicos, e incluso se garantizó el suministro de agua y alimento para toda la ciudad de Cochabamba.

Si en un momento empuñamos garrotes,  fue en la más estricta legítima defensa, para defendernos del mismo procedimiento masista que ahora victima a médicos, enfermeras, enfermos y dirigentes sociales insubordinados, y en aquel momento ya había asesinado a golpes y torturas a varios jóvenes por el sólo hecho de defender sus  pititas. Es más, mi razón de fondo al respecto es la misma que, ya hace mucho, me llevó a romper con la izquierda dogmática, autoritaria y eurocéntrica de la que fui parte.

Me convencí, y cada vez más, que la violencia como método de acción política sólo conduce al poder autoritario o al sacrificio inútil de vidas, incluyendo las de los inocentes que no querían sacrificarlas. Que el fin no justifica los medios, sino que, al contrario, los medios determinan el fin. Y siempre me pareció despreciable el oportunismo táctico de servirse de los postulados de la democracia y los derechos humanos para erigir Estados sin democracia ni derechos humanos, como los del socialismo real.

Si no conocían o no recordaban que esa es mi trayectoria, y esperaban de mi otra posición (imagino perfectamente cuál), entiendo su decepción, extrañeza o incredulidad. Que sea pues motivo para conocerme.

Alejandro Almaraz es activista.

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