Robert Brockmann

Si yo fuera ministro

jueves, 28 de mayo de 2020 · 00:10

Ojalá que pueda llegar al final de mi vida sin necesitar una peguita en el Estado, ni grande ni chiquita. Vi cómo a un ser muy querido y muy cercano, funcionario de toda la vida, mi paradigma de honestidad y eficiencia, que siempre vivió en un departamento y maneja el mismo auto hace 30 años, le cayó una docena de juicios, cortesía del MAS, sólo por haber estado en funciones desde la época de VPE. O recordemos a José María Bakovic, hombre honesto si hay alguno, a quien el MAS mató con 76 juicios, por cortesía de la hdp que había sido su mano derecha. 

Hace dos años me compré una moto de segunda mano en Cochabamba. El dueño abogado, todos los papeles en orden. Había que hacer tramitar la transferencia de propiedad y el cambio de jurisdicción: cambiar la letra C de Cochabamba a la L de La Paz en la placa. Amigos me advirtieron que había la manera fácil, y la manera correcta. Yo, tipo correcto, en La Paz acudí a amigos abogados que hacen las cosas como se debe.  

Para qué. Estuve seis meses corriendo de Herodes a Pilatos, guiado por dos tramitadores profesionales. El proceso implicaba gestiones en la Alcaldía, Impuestos, Aduana, Tránsito, Diprove y el viceministerio de disparates. Un promedio de 16 trámites por oficina, con un número parecido de papeles por trámite. Y cada trámite exigía la presentación de dos fotocopias del CI. 

Siempre me he negado a pagar coimas. Pero a los seis meses, el tramitador B me dijo que la única manera de avanzar era “aceitando” la mano que esgrime el sello. No era culpa ni del vendedor ni mía. En un recoveco burocrático, el trámite hacía un bucle perverso: no se podía obtener el sello D porque faltaba el escrito A, y no se podía obtener el escrito A sin el sello D. 

Pero según la lista de requisitos no faltaba nada. Era el producto de un error de diseño del trámite. Tras seis meses en la entraña de la burocracia boliviana (un tour totalmente recomendable) tuve que coimear.

Ello nos dice que nadie hace el trámite como dicta la norma, porque la norma es imposible de cumplir. El grueso de la gente opta por “la forma fácil” y obtiene los mismos papeles que yo, pero saltándose la potrera. 

Lo curioso es que la mitad de los documentos eran comprobantes de autenticidad de la otra mitad de los documentos. Como cuando te piden certificar la autenticidad de tu CI. Alguien tiene que avalar la autenticidad de un documento emitido por el Estado. Ninguna entidad del Estado confía en un documento emitido por otra entidad del Estado, y menos en uno provisto por un pinche ciudadano. Con tanta viveza criolla, la buena fe es ingenuidad de extranjeros. Eso se llama falta de capital social y es una carencia estructural terrible para un país.

Imaginemos entonces lo que será para un médico, recién nombrado ministro, novicio en administración pública, que debe comprar cientos de respiradores para ayer. ¿Quién lo guía por ese laberinto denso en trampas? Cada paso que se da tiene castigos si se da mal, y cada paso que no se da tiene castigos porque no se da. 

Un campo minado es un juego de niños comparado con los procedimientos de compras del Estado, según nos vamos enterando. Se parece más a las cuevas de Indiana Jones, donde hay que esquivar dardos, pisos falsos, paredes estacadas que se cierran y rocas que ruedan para aplastarte. 

Recordemos a la funcionaria que denunció el desfalco de Pari en el Banco Unión. O la del BID, que desaconsejó la compra de esos respiradores. Ambas dieron con sus huesos en la cárcel. Ni por angas ni por mangas. Es totalmente paralizante. ¿Quién querría arriesgarse a ser funcionario de nada, con tantas normas diseñadas supuestamente para proteger al Estado, producto de la desconfianza, pero que han hecho imposible cualquier clase de gestión razonable? Somos un país de eme.

Robert Brockmann es historiador.

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