Jaime Aliaga Machicao

Sálvese quien pueda

viernes, 29 de mayo de 2020 · 00:09

Muchos se habrán preguntado las razones del porqué recién en anterior artículo me referí a las empresas del Sedem y su crítica situación. Es que a fines de febrero, las entidades estatales presentan sus estados financieros a Contraloría y, a nuestro estilo, es el último día en el que todos corren y los tienen listos. 

Sólo a comienzos de marzo se podía advertir la formalización de una realidad que confirmaba las apreciaciones iniciales, y sobrevino la pandemia y las suspensiones. Ahora complemento el análisis con algunos temas, poco advertidos, que demuestran cómo ha sido manejada la administración de la cosa pública en los últimos años:

a) El sistema de contabilidad nacional no estaba preparado para analizar costos de operación de empresas públicas. Las instituciones estatales usualmente se miden por el porcentaje de presupuesto ejecutado o del POA. Los sistemas no miden la eficiencia y eficacia de las operaciones. 

b) Se encontró una contabilidad mentirosa en el caso del refrigerio, beneficio de 18 bolivianos por día trabajado, que puede llegar a 450 bolivianos por mes, por funcionario, del cual se han aprovechado de muy mala manera.

Descontaban un porcentaje de entre 2 a 5% del salario de manera forzada y para fines misteriosos, por decir lo menos. Recibí denuncias formales y quejas  de que les exigían entregar sumas entre 60 bolivianos, al que menos ganaba, y hasta 700 por mes a los profesionales. 

Solicité un reporte de los últimos cinco años de gastos y pagos destinados a ese concepto. Dicho documento, que forma parte de los estados financieros y va a la Contraloría, no coincidía con lo que en efecto sucedía.

 Los funcionarios firmaban planillas como si hubieran recibido el monto del refrigerio en su integridad. Las planillas eran el soporte de los informes de auditoría. Pero entregaban su cuota aparte a los recaudadores; entregaban en mano el dinero hurtado a personeros del Ministerio de Desarrollo Económico y Economía Plural, sea en época electoral o no. 

Se eliminó esa atrocidad y pedí a los recaudadores que se retiraran. Métale pluma el lector:  ¿cuánto se recaudaba de más de mil empleados? Y si se anima, ¿para todo el sector público, de casi 500 mil empleados?

c) Encontramos un sistema de explotación laboral mediante “contratos eventuales” renovables anualmente. Violación de la palabra “eventual” como tal. De todos los empleados del Sedem y sus empresas, sólo 60 cuentan con ítem. Desde el trabajador más modesto, hasta abogados, economistas e ingenieros, conformaban un ejército de servidores públicos abusados. No los amparaba la Ley del Trabajo, como en las empresas que nacionalizaron, las que se mantuvieron como S.A. Tampoco el Estatuto del Funcionario Público. No eran consultores de línea. Un limbo laboral. 

Bastaba un informe en contra lo deseado por la MAE para terminar la relación laboral. Cuando pedí a algunos funcionarios que se retiren en cierta fecha, instruyendo que se les pague las vacaciones no utilizadas, como a los que tenían ítem, me dijeron que para ello se tenía que firmar un contrato adicional por los días de vacación que les tocaría. No acepté hacer eso. 

Consultaron a la Contraloría y a Economía cómo hacer con las vacaciones adeudadas a los trabajadores eventuales retirados, nadie se animó a dar una línea legal cierta. Si los afectados hacen reclamos laborales, ¡sálvese quien pueda! 

Tengo la impresión de que esa situación se ha generalizado en varias empresas públicas e instituciones estatales. Si bien había una gerencia dedicada a la gestión humana, con programas anti-estrés laboral, etcétera, nunca se trató sobre el estrés provocado por la insatisfacción principal, vinculada al régimen de incertidumbre anotado, ni a los descuentos forzosos antes mencionados. 

¿Y el Ombudsman? Su rol es defender a la ciudadanía de los daños ocasionados y no al revés. Ese tipo de “Estado fallido” es con el que colisioné y alguien debería reformularlo.

 
Jaime Aliaga Machicao fue gerente general del Sedem.

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