Fernando Salazar Paredes

BID: inmunidad, impunidad o complicidad

lunes, 1 de junio de 2020 · 00:11

Qué lamentable y penoso es que la provisión de ventiladores para atenuar en algo la pandemia del Covid-19, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, se haya convertido en un caso que ahora deambula los meandros del ámbito judicial boliviano, tan servil como ausente de credibilidad, y los recovecos de la camaleónica política nacional, siempre ávida de protagonismo y réditos non santos.

Apenas surgió la noticia de que ciertas irregularidades podrían “adornar” la compra de los ventiladores, el financiador –BID– se apresuró a cuidar sus espaldas señalando que “ve con preocupación las informaciones sobre posibles irregularidades en la adquisición de respiradores realizadas por el Ministerio de Salud… y respeta las medidas de fiscalización que las instituciones públicas del país están tomando para aclarar el caso”. Añade que su Oficina de Integridad Institucional “está evaluando la información pertinente para determinar si se cometieron prácticas prohibidas en este caso”.

Hasta aquí, el proceder del BID parecía pertinente, adecuado y oportuno. Pero cuando el Procurador del Estado informa que el BID se niega a proporcionar información en torno a su “no objeción” a la compra, alegando inmunidad diplomática, las cosas toman otro cariz. El máximo defensor de los intereses del Estado va al extremo de acusar al organismo internacional de que “esconde información” y que se trata de una “señal funesta” que se acoja a la inmunidad para no cooperar con el Estado boliviano.

Las inmunidades se refieren al derecho de no estar sometido a las leyes del país donde se esté acreditado (en el caso de diplomáticos) o donde se encuentre establecida la sede y/o se ejecuten los mandatos encomendados (en el caso de organismos internacionales), y la posibilidad de rehusarse a que aquellas le sean aplicadas. Sin embargo, los fundamentos para la concesión de inmunidades difieren según se trate de agentes diplomáticos  o funcionarios internacionales, ya que la misión diplomática y la organización internacional tienen una razón de ser muy distinta. 

Los empleados del BID no son diplomáticos per se y escudarse tras una inmunidad diplomática para negar información a un Estado miembro resulta sospechoso, por decir lo menos.

Con respecto al BID y Bolivia, las inmunidades están contenidas en el Convenio Constitutivo del BID de 8 de abril de 1959 y el Convenio entre Bolivia y el BID de 1965.  La solicitud del Procurador no se contrapone con el contenido y alcance de las disposiciones de ambos instrumentos. De ahí que resulta inusual que, después de anunciar públicamente que “respeta las medidas de fiscalización que las instituciones públicas del país están tomando para aclarar el caso”, contradictoriamente se rehúse dar información a un Estado miembro, alegando inmunidad diplomática. 

No tengo idea de quién será el representante del BID en Bolivia, –dicen, no obstante, que era muy allegado al anterior gobierno, hominum sermonibus- pero seguramente no conoce el derecho internacional, ni creo que esté bien asesorado, porque hay un principio jurídico internacional –comitas gentium– que orienta las relaciones entre una representación del organismo y el país anfitrión que, además, es un Estado miembro. 

La cortesía internacional hace referencia a la aplicación de las reglas del decoro en el trato entre sujetos de derecho internacional; acoge principios adoptados en el uso de las buenas costumbres, la solidaridad, el respeto y la prudencia. Su uso demuestra sociabilidad y tolerancia entre los sujetos del derecho internacional y mantiene la espontánea armonía y el trato social en la comunidad internacional.

Nada de esto ha sucedido en la conducta del BID, que bruscamente pretende cubrirse con el manto de la inmunidad.  En tanto el BID no coopere entregando la información requerida por el Estado boliviano, esta actitud sugiere una de dos cosas, o ambas: la impunidad y la complicidad, 

Propiciar la impunidad –dejar una culpa o exceso sin el merecido castigo– podría darse por omisión o negligencia, pero la complicidad –participación activa en un hecho punible– es algo mucho más grave y lesivo que amerita que los funcionarios del BID sopesen en su justa dimensión.

Sean cuales fueren las razones del BID para ocultar la información, se  podría llegar al extremo de alegar que la detención de un Ministro de Estado –además de meritorio profesional– está causada por la extraña y sospechosa actuación del organismo internacional. Y es que la burocracia internacional, al igual que la nacional es, como sostenía don Juan Lechín Oquendo, insensible y satisfecha. Por eso mismo, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) reclama que todo servidor publico –nacional o internacional– “debe actuar con honestidad y transparencia”.

Acciones como éstas justifican que la Comisión de Derecho Internacional de la ONU esté analizando el alcance de la responsabilidad de los organismos internaciones en prácticas prohibidas con su normal desenvolvimiento. Al final de cuentas, citando nuevamente a la CEB, “es hora de la responsabilidad”.

Fernando Salazar Paredes es abogado internacionalista. 

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