Guillermo F. Torres Orías

¿La nueva agencia de empleos?

lunes, 1 de junio de 2020 · 00:08

En los últimos días se han registrado varios sucesos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que llaman la atención y que se resumen de la siguiente forma:

Primero, el 16 de marzo de 2020, el director Ejecutivo a.i. de la ANH, general Fernando Valverde, renunció a su cargo indicando con relación al período de 14 años del MAS:

“Es de todos conocido que durante este largo período, la ANH se convirtió en la agencia  de empleos del ministro de turno y en un facilitador de YPFB para que opere libre e irrestrictamente a fin de fortalecer una imagen de éxito de la ‘Nacionalización’. Ante lo expuesto, considero que dar continuidad con esta situación, como se pretende hacerlo ahora, sería deshonesto y desleal con las expectativas de la población boliviana en relación a la reactivación del sector, que es imprescindible para el crecimiento y sostenibilidad económica de nuestra patria”.

La autoridad renunciante estaba alertando que el gobierno transitorio pretende continuar con la práctica del MAS de convertir a las entidades del Estado en agencias de empleo que remuneraban la lealtad de los afines al partido a través de la repartija del cargos públicos. Se debe tomar en cuenta que la asignación arbitraria de cargos ignorando los requisitos técnicos para su ejercicio conlleva un perjuicio para el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del aparato estatal.

Segundo, el 21 de marzo de 2020 se decretó el estado de cuarentena total. La ANH, como entidad pública, debía dar cumplimiento a dicha normativa.

Tercero, el 8 de abril el Ministerio de Trabajo dispuso y enfatizó que ante la emergencia sanitaria nacional y declaración de cuarentena total, la estabilidad laboral, tanto en entidades públicas y privadas, está protegida por el Estado, quedando prohibido el despido injustificado de trabajadores. La ANH, al igual que toda otra institución pública, está obligada a cumplir las disposiciones del gobierno nacional.

Cuarto. A pesar de lo anterior, trascendió que la nueva autoridad designada el 17 de marzo, general Iván Alcalá Crespo, inició una campaña de retiros de personal técnico en la ANH con experiencia y conocimientos en la actividad regulatoria del sector de hidrocarburos. Ello, recalcamos, contra la norma establecida por el propio gobierno de inamovilidad de funcionarios públicos por la duración de la cuarentena.  Cabe preguntarse, ¿cuál es el apuro de una autoridad interina designada por un gobierno transitorio en practicar “masacres blancas” contra el personal técnico?  ¿Qué la motiva a llevarse por delante la normativa establecida para el período excepcional que se está atravesando?

Quinto, La ANH fue uno de los ejemplos más visibles de los excesos del anterior gobierno con relación al menosprecio por la ley y el uso del aparato estatal como patrimonio del Movimiento Al Socialismo; la extorsión a los funcionarios para que con aportes obligatorios financien el mantenimiento de los “guerreros digitales”; la obligación de registrar militantes, así como el incumplimiento a sus deberes instituidos por la norma, son sólo ejemplos de muchos otros abusos del pasado a los que el gobierno transitorio debió poner especial atención.

Siendo un sector estratégico para la economía, era de suponer que la selección de la primera autoridad de esa institución se debía realizar de forma cuidadosa entre los más meritorios profesionales para reencaminar los destinos de la entidad. Pero, al contrario, poco o nada se sabe de la autoridad elegida por el gobierno, de sus años de experiencia en hidrocarburos y, no menos importante, en la regulación de servicios públicos.

Sólo se ven unos actos apresurados por llenar los espacios, al extremo de vulnerar la normativa vigente, en los que no se percibe una diferencia con el gobierno anterior.

Sexto. Las acciones realizadas revelan un apuro del gobierno transitorio en cambiar técnicos experimentados por gente que presumiblemente se va a iniciar en la actividad de regulación sectorial. Lo indicado es particularmente preocupante dado el momento crítico en que se encuentra el sector y la necesidad de contar con una entidad reguladora que recupere el tiempo perdido.

Por ejemplo, este año se presenta el desafío de fijar tarifas de transporte para el gasoducto de exportación de gas a Brasil. Hasta marzo pasado, y debido a los acuerdos de exportación con el vecino país, dicho ducto era desregulado económicamente, vale decir que su estructura de tarifas se encontraba fuera del sistema de regulación, situación que cambia a partir de la presente gestión porque finalizó el contrato original y se acordó una adenda con nuevas condiciones.

Por lo indicado, aguarda una tarea delicada que requiere el concurso de la  gente más capacitada en este tipo de estudios. Ello sin mencionar los desafíos que representan la revisión de las condiciones económicas en la cadena de precios de combustibles líquidos (diesel, gasolina, etcétera) o la fijación de tarifas para los otros concesionarios del sistema de transporte, como YPFB Transporte.

Es un momento por demás extraño para deshacerse de los técnicos más experimentados para contratar gente cuya experiencia y conocimiento técnico está por probarse, para encomendarles tan importantes y urgentes tareas como las que tiene la ANH por delante.

¿Por qué debieran importar los eventos descritos? ¿No tiene el gobierno actual derecho de cambiar la gente que considere apropiada para el manejo del Estado? La respuesta  es no, por al menos dos razones:

Una, es que para demostrar un cambio con relación a los abusos del gobierno del MAS, el gobierno transitorio debiera tener una actuación impecable en el manejo de las instituciones públicas, respetando todas las formas y en estricto apego a la ley. Y más aun para una entidad como la ANH, que al ser parte del sistema regulatorio tiene que dar todas las señales de ser una institución técnica independiente cuyos actos están respaldados por las leyes. Las actuaciones hasta el momento dan una pobre señal a un sector estratégico y necesitado de inversiones como es el de hidrocarburos.

Y dos, lo que está ocurriendo en la ANH es probablemente una muestra de una crisis más generalizada y más grande en el manejo del aparato público. Es bien sabido que la repartija de cargos sin cumplir los requisitos a costa del erario nacional tiene un precio reflejado en el manejo deficiente de la cosa pública, la excesiva burocracia y el incumplimiento de funciones. La población, bastante agobiada por la situación actual, tiene derecho a exigir un cambio real para impulsar al país hacia adelante en busca de un futuro mejor.

Por todo lo indicado no es una exageración suponer que la ANH se ha convertido en la nueva “agencia de empleos”, en este caso para el gobierno transitorio.

Guillermo F. Torres Orías fue Superintendente de Hidrocarburos.

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