Erick San Miguel Rodríguez

Opacidad y cortinas de humo en las contrataciones estatales

miércoles, 10 de junio de 2020 · 00:07

Recién el 27 de mayo salió a la luz pública una Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Nº 043) de 7 de febrero de 2020 que modifica el Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales, estableciendo que las siguientes contrataciones no requieren ser registradas en el Sicoes. Bienes y servicios con único proveedor, comprendiendo los servicios de consultoría de experiencia o especialización, que sólo pueden ser realizadas por un único consultor. Bienes de tarifa única reguladas por el Estado (gasolina, gas licuado y otros), además aquellas que por razones de “seguridad nacional y defensa de los intereses del Estado” cuenten con normativa expresa de confidencialidad y reserva de la información, por ejemplo el contrato de bufetes de abogados.

 Otra modificación introducida por esta resolución señala que no corresponde registrar en el Programa Anual de Contrataciones (PAC)  las contrataciones bajo la modalidad de Desastre y/o Emergencia.

Ha generado extrañeza que estas modificaciones se hayan introducido más de un mes antes de que se declare emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19 y cuando estaba en pie las elecciones generales para el 3 de mayo.

Lo cierto es que el 4 de marzo se dictó otro decreto supremo que –signado con el número 4174–  autoriza al Ministerio de Salud, cajas de salud y a los gobiernos municipales a realizar contrataciones directas sin la obligatoriedad de publicar las mismas en el Sicoes.

En base a estas dos normas, que tienden un espeso manto no solamente a la ciudadanía, sino a los órganos de control, acontecieron los escandalosos casos de corrupción durante la cuarentena.

La Resolución Ministerial Nº 043, además de ilegal, como demostraremos más adelante, constituye un gran retroceso en la búsqueda de transparencia en el sector público, porque consagra la administración de recursos públicos en un marco de secretismo, de opacidad, que es el terreno más fértil donde florece la corrupción.

 En Bolivia, como probablemente en otros países, el camino hacia una administración transparente no ha estado exenta de dificultades y de tensiones: el poder político odia la luz, prefiere la oscuridad, las tinieblas, porque eso alimenta el terreno del abuso de poder y de la corrupción.

El primer progreso histórico en una administración transparente es el presupuesto, pero no es todo, la publicidad de las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios públicos ha sido también un avance importante, y en ese marco se inscribe la obligación que tienen todas las entidades del sector público de publicar todos sus procesos de contratación en el Sicoes.

El Ministro de Economía y Finanzas Públicas ha dispuesto, mediante un acto ilegal, peor aún, abiertamente inconstitucional, modificar el Decreto Supremo 0181 que apruebas las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios mediante una simple resolución administrativa, desconociendo además la Ley del Presupuesto General del Estado, la Constitución Política del Estado e inclusive un Convenio Internacional. Vamos a sustentar esta afirmación:

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (Decreto Supremo Nº 0181) dice: “Transparencia. Los actos, documentos y la información de los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios son públicos”. Pero además el artículo 105 que obliga a las entidades públicas a incorporar mecanismos de control interno para asegurar la veracidad de la información que se publique y el artículo 45 que obliga a que el PAC también sea publicado en el Sicoes. 

Decreto Supremo Nº 28168 de 17 de mayo de 2005, plenamente vigente, que también establece el principio de publicad y proclama que toda información que genere y posea el Poder Ejecutivo pertenece a la colectividad y es pública y que las personas tendrán el derecho de acceso irrestricto a la misma, salvo excepciones expresamente previstas en leyes. Este mismo decreto señala que la calificación de la información como secreta, reservada o confidencial sólo puede hacerse por ley. Finalmente, este decreto supremo establece que es obligatoria la publicación en el Sicoes  no solamente los PACS, sino de todos los pasos de un proceso de contratación.

Ley Nº 1267 (Ley del Presupuesto General del Estado gestión 2020), cuyo artículo 14 establece la obligatoriedad del registro en el Sicoes la información de los procesos de contratación de las entidades, y como anticipando a este tipo de actos: “independientemente de la norma aplicada en la ejecución del proceso de contratación y la fuente de financiamiento”.

La Constitución Política del Estado, que consagra como algunos principios de la administración pública los de publicidad y transparencia (artículo 232).

La Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada en Caracas el 29 de marzo de 1996, y que Bolivia ha ratificado mediante Ley de la República  1743 de 15 de enero de 1997, que dispone en su artículo 3 que los Estados Partes asegurar la “publicidad, equidad y eficiencia” de los sistemas de la adquisición de bienes y servicios.

Como una cortina de humo el Gobierno anunció con bombos y platillos que se estaba derogando el decreto que autorizaba las contrataciones directas en las empresas públicas estratégicas. Lo cierto es que esta norma (DS N 4247 de 28 de mayo de 2020) no ha abrogado ni el Decreto Supremo 4174, que es el decreto de la corrupción en tiempos de la pandemia,  bajo cuya sombra –en el sentido literal del término– han acontecido los espantosos actos de corrupción,  ni la Resolución Ministerial 043 que consagra la opacidad en la administración de recursos públicos.

La transparencia no es una palabra para llenar los discursos políticos y los mensajes presidenciales. La transparencia es una práctica que consiste en dejar a la luz pública todos los actos que se realizan en el Estado.

En una etapa de emergencia sanitaria, las normas de contratación permiten contrataciones directas por razones de oportunidad y de tiempo, pero la transparencia no tiene por qué ser afectada; todo lo contrario, cuanto más transparencia más confianza se generará en la ciudadanía, no porque la transparencia por sí misma resuelva o elimine la corrupción, sino porque permite una mayor vigilancia de parte de los órganos de control gubernamental y social y de cualquier ciudadano o ciudadana que quiere saber cómo se están administrando los recursos públicos.

 De persistir normas que consagran una administración opaca, de persistir prácticas investigativas declaradas “en reserva” de actos de corrupción, de normas que permitan abiertamente mantener en secreto las contrataciones que se realizan con recursos estatales, estamos dejando abiertas las puertas a la corrupción más descarada con un cariz de legalidad inaceptable.

Erick San Miguel Rodríguez es abogado.

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