Walker San Miguel R 

Pandemia y sanciones administrativas

miércoles, 10 de junio de 2020 · 00:08

La pandemia Covid-19 ha provocado que los gobiernos de todos los Estados en el mundo emitan normas de cumplimiento obligatorio para regular los regímenes de cuarentena y poscuarentena.  Algunos han optado por cuarentenas rígidas, con las consecuencias negativas en sus economías, mientras que otros han decidido trasladar a sus ciudadanos la mayor cuota de responsabilidad en el distanciamiento social y en el cuidado de la salud de su entorno familiar. 

Pero todos, sin excepción, han emitido decretos y resoluciones administrativas con el fin de normativizar aspectos relativos a la bioseguridad, al tránsito de mercancías, al comportamiento del ciudadano en espacios públicos y a la atención de pacientes en centros de salud. Para la poscuarentena se prevé que seguirán emitiéndose normas jurídicas para el retorno de actividades académicas presenciales, para el reinicio de prácticas deportivas y  para un sinfín de labores cotidianas.

Pues bien, toda la profusa reglamentación contiene no sólo reglas generales que limitan ciertas libertades ciudadanas –temporalmente, debido a la etapa de emergencia sanitaria- sino también incluyen sanciones administrativas a ser aplicadas contra aquellas personas que infringen las reglas que previenen la seguridad y la salud de la colectividad.

La administración pública posee una facultad sancionatoria, por medio de la cual puede imponer sanciones administrativas a ciudadanos infractores. Este tipo de sanciones no debe confundirse con las sanciones penales, que derivan de la comisión de delitos y que sólo puede imponerlas un juez competente.  La sanción que impone la  administración tiene como finalidad el atender al bien común, el infractor recibe una leve sanción y de ese modo  corrige su conducta.

En plena pandemia es común conocer de imposición de  multas (típicas sanciones administrativas de contenido pecuniario) o clausura temporal de establecimientos que incumplen las normas de prohibición (ej: restaurantes que habilitan servicios cuando está prohibida la congregación de personas), o el secuestro temporal de vehículos que circulan sin el permiso correspondiente.  El trabajo comunitario (como el que establece la Ley Municipal 414 emitida recientemente en la ciudad de La Paz) es también un tipo de sanción administrativa. 

Mientras las sanciones administrativas tienen finalidad preventiva y correctiva e intentan, con medidas proporcionales, que el ciudadano corrija su conducta y asuma que la limitación de ciertas libertades precautela el bien común, las sanciones penales en cambio derivan de la comisión de delitos tipificados en una ley o Código Penal. Es precisamente el Derecho Penal que se aplicará a las conductas delictivas y tendrá que ser un juez, luego de un debido proceso judicial, quien deberá imponer una pena privativa de libertad a través de una sentencia.

Fue la Ley 2341 (Ley de Procedimiento Administrativo) promulgada el 23 de abril del 2002 la que introdujo los principios que sustentan la potestad sancionadora de la administración pública,  entre ellos los principios de legalidad,  proporcionalidad e irretroactividad. Esto es que para imponer una multa o una clausura la infracción debe estar claramente señalada en un reglamento,  dicha sanción no debe ser excesiva sino proporcional a la conducta que se pretende corregir y debe regir para lo venidero, ya que intentar su aplicación retroactiva  atentaría a un principio constitucional.  La privación de libertad no está permitida como sanción administrativa. El Derecho Administrativo Sancionador es la rama jurídica que sistematiza estos principios y normas.

Por tanto, es importante no confundir delitos con infracciones administrativas, aunque es de lamentar que en algunos casos las propias autoridades públicas los confunden; no ha faltado quien amenace castigar “con cárcel” la trasgresión de un reglamento administrativo.

Por último, el ciudadano debe tener claro que las restricciones a su libertad -que se le impone  para cuidar la salud de la colectividad- no significan la pérdida de sus derechos individuales.  Será la propia autoridad administrativa la que deberá sopesar aquellos casos en que a título de medidas preventivas se intente vulnerar derechos ciudadanos inalienables protegidos por la Constitución Política del Estado Plurinacional. Alternativamente, el ciudadano afectado por actos arbitrarios podrá acudir a la Acción de Amparo prevista en nuestro ordenamiento jurídico, buscando la tutela efectiva de sus derechos conculcados.

Walker San Miguel R  es abogado.

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