Jaime Aliaga Machicao

Madres vs. proveedores

lunes, 15 de junio de 2020 · 00:10

No alcancé a descifrar el porqué de los decretos 2480 y 3319 que atribuyeron la gestión del subsidio prenatal y de lactancia al Sedem, Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas.  La gerencia de subsidios y articulación productiva gestiona la adquisición y distribución del subsidio prenatal y de lactancia para las madres del país. 

Se recibe: a) 300 bolivianos mensuales por cinco meses para cerca de 19.000 madres bajo el subsidio universal que proviene del Estado a través del Bono Juana Azurduy y b) 2.000 bolivianos por 17 meses para cerca de 46.000 madres que tienen cobertura de seguro social de corto plazo, que proviene del empleador. Se recauda por ese último concepto cerca de 1.104 millones de bolivianos anuales. El Sedem se queda con el 10% para la gestión y a veces más. 

El Ministerio de Salud y la Autoridad de Seguridad Social (Assus) diseñan paquetes de los dos subsidios, desde el punto de vista de la salud preventiva y nutricional en la etapa prenatal y de lactancia.

Algunos defectos y virtudes: no habré sido el único en comprobar cómo en plena calle se vendían productos del subsidio con un sello “prohibida la venta”. En Facebook y otros anunciaban: “Vendo subsidio completo en 700 bolivianos, envío por Pedidos Ya”. En plena puerta de las agencias de distribución se ofrecía el paquete completo o parte de él. 

Las madres vendían esos productos quizás porque necesitaban efectivo para pañales, fármacos u otros, o los paquetes eran mal diseñados, o el sistema de entrega estaba mal encarado. La madre prefería liquidez inmediata. O, simplemente, no está habituada a comer lo que se le imponía; algunos de los productos se le vencían, o requerían pagar el taxi para llevar el resto hasta su casa. Cada entrega pesaba entre 45 a 60 kilos. 

El Sedem adquiere esa serie de productos a pocos proveedores, entre ellos algunas empresas públicas que sólo dependen del subsidio, sin enfrentar competencia libre en calidad, costos y precios. Algunas otras ni producen, sólo compran y venden. Los pequeños productores (Oecas y otros) no tienen un rol importante. El proveedor es el que manda y no la madre, que es el objeto final del esfuerzo y quien debiera decidir qué consumir.

Cuando se intentó modificar el esquema, los proveedores se amotinaron y bloquearon los accesos. Dominan el escenario. Recuerdo cómo uno de los más beneficiados con dichas compras llamó molesto porque se decidió eliminar la foto del expresidente en los envases. Estaban tan seguros de que nunca se iría el gobierno anterior, que habían impreso millones de envases aún sin tener firmado el contrato. 

Recuerdo que durante los conflictos de noviembre, cinco días antes de la anhelada renuncia, anularon un largo proceso de convocatoria a proveedores, dejando una “bomba de tiempo” a los que venían. El Sedem enfrentó esa situación con contratos transitorios. 

La inclusión de supermercados y puntos propios de distribución mostró eficacia. Distribuir carne, pollo, pescado y verduras por esa vía ha demostrado ser útil. Ajustando precios, impuestos, comisiones y otros con la plataforma biométrica actual bien podría entregarse de esa manera todo el resto de alimentos. 

Para la distribución nada mejor que los que producen y las cadenas logísticas de reparto.  Incorporando la mayor cantidad de productos a los supermercados, la madre podría elegir el producto dentro de los aceptados en el subsidio y el Sedem pagaría a los proveedores que resultasen de esa elección.  

Durante la cuarentena se incorporó la entrega a domicilio, si bien útil, podría exponer a trabajadores como a las madres a posibles contagios si no se toman las previsiones de bioseguridad. La logística es compleja y sus costos los tiene que absorber alguien, la madre, seguramente. En todos los casos, la madre recibe productos por un valor menor al 90% de lo que le corresponde.

Si se diera el poder total a las madres beneficiarias, de igual manera se movería el aparato productivo en su conjunto y muchos proveedores podrían beneficiarse en la medida que cumplan los estándares de calidad e inocuidad alimentaria exigidos. Como mejor opción, así como en el caso de la canasta familiar última, recomendaría que los 300 bolivianos del Bono Juana Azurduy y los 2.000 bolivianos que el Tesoro y los empleadores pagan al Sedem se entregue en efectivo a cada madre. Así, con libertad y responsabilidad, ella decidirá el mejor destino de su subsidio prenatal y de lactancia, evitando más burocracia estatal y el inevitable tráfico de influencias. 

Jaime Aliaga Machicao fue gerente general del Sedem.

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