Walker San Miguel

Asociaciones público-privadas

miércoles, 24 de junio de 2020 · 00:10

La pandemia en curso nos obliga a formular diversas hipótesis sobre cómo gestionarán los diversos gobiernos de la región la recuperación económica, que será imprescindible para superar los efectos negativos de la contracción del consumo,  la cuasi paralización del aparato productivo y el desempleo. Sin duda se llevarán a cabo planes y proyectos para atraer inversión extranjera directa, lo cual es deseable y positivo, dado que el Estado por sí sólo no podrá afrontar el reto de superar la crisis. 

En esa ruta, las Asociaciones Público-Privadas (APPS) cobrarán protagonismo al constituir una modalidad de prestación de servicios donde confluyen tanto el sector público como el privado.  Las APPS están diseñadas para responder a la necesidad de desarrollar grandes proyectos de infraestructura con servicios derivados que requieren abultado capital y un conjunto de autorizaciones para poderlos llevar a cabo.

Un determinado proyecto puede originarse por iniciativa privada o estatal, previa elaboración de estudios técnicos y económicos que sustenten no sólo su rentabilidad, sino también la prestación de servicios a una gran cantidad de beneficiarios. Una APP se distingue del tradicional formato del contrato de obra pública en el que  el Estado aporta fondos fiscales,   contrata a la empresa privada especializada y esta empresa contratista cumple con sus obligaciones establecidas en un contrato administrativo. Finalizada la obra o proyecto es la entidad estatal la que se encargará de su explotación, asumiendo todos los riesgos inherentes a su sostenibilidad.   

En cambio, la APP está dirigida a imbricar al sector público con el sector privado, repartiendo  los riesgos de forma equitativa y generando una relación contractual de largo plazo para recuperar la inversión.  Esto significa que la relación no termina con la construcción de una obra de infraestructura, de un complejo industrial o de un sistema de transporte público. La relación entre partes -Estado y empresarios- se extenderá por un  periodo sustancialmente más dilatado que el de un contrato de obra tradicional, y abarcará varias fases: diseño, autorizaciones, construcción e implementación,  operación y disolución.

Sin embargo, para el desarrollo de APPS es indispensable que exista una adecuada legislación que otorgue las necesarias estabilidad y seguridad jurídicas a los inversionistas privados, quienes, a su vez, obtendrán créditos del sistema financiero formal. Entidades financieras del tamaño del BID y la CAF alientan la conformación de APPS para el desarrollo de grandes proyectos y han anunciado su disposición a financiarlos. 

En efecto, la APP se distingue porque ambos sectores (público y privado) contribuyen en la financiación de la obra y/o servicio y donde la participación de recursos del Estado puede darse de distintas formas, como aportes directos, subvenciones complementarias a las tarifas que pagarán los usuarios, cesión en uso de terrenos públicos,  compromisos de compras y trato especial en el rubro impositivo, entre otras.

El sector privado, además de aportar capital, introducirá innovaciones tecnológicas y gestión eficiente.  En una APP pueden participar varios sujetos privados: el constructor, el administrador, el financiador y, por supuesto, pueden formar parte de una APP diversas entidades estatales, incluyendo municipios y gobernaciones. El contrato de APP debe prever, asimismo, los mecanismos de gobierno corporativo y la selección de los ejecutivos de las  gerencias clave.

Por tanto, será necesario que se legisle prontamente para adecuar a la realidad local la posibilidad de insertar la figura de la APP y dotarle a la par del mecanismo contractual igualmente indispensable a efecto de marcar con claridad las obligaciones y prerrogativas del sector público y los derechos y obligaciones del sector privado.  Será deseable también erigir una entidad de control y supervisión especializada en el seguimiento y ejecución de los contratos de APPS, ya que sin ella el Estado tendrá debilidades en una tarea de alta complejidad técnica y financiera.   

No se debe confundir a la APP con una concesión o con una privatización. Las diferencias las abordaré en una futura columna. Por lo pronto, lo importante es resaltar que en el corto plazo van a requerirse grandes inversiones para el desarrollo de proyectos de envergadura, que además tienen la cualidad de generar muchas fuentes de empleo en la fase constructiva, tan necesarios en tiempos de crisis.

 

Walker San Miguel es abogado.

 

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