Erick San Miguel Rodríguez

¿Quiénes son los intermediarios?

viernes, 26 de junio de 2020 · 00:07

Al ponerse al descubierto las escandalosas compras de gases lacrimógenos y de respiradores inservibles se ha vuelto común escuchar que en estas adquisiciones han jugado un papel importante los llamados “intermediarios”. ¿Quiénes son estos personajes y qué rol tienen en las contrataciones estatales?

Los intermediarios son personas que, como señala el término, conectan a empresas con las autoridades y responsables de las compras estatales; pero no se crea que son figuras necesarias en las contrataciones que realiza el Estado. Todo lo contrario, son absolutamente prescindibles; es más, están prohibidas en la legislación, que dispone que todo relacionamiento con los proponentes tiene que ser por escrito, siendo la única excepción las consultas efectuadas de manera previa a la presentación de propuestas, en ocasión de plantear dudas al encargado del Documento Base de Contratación (artículo 40 NB SABS). 

Los intermediarios en tanto actúan en las sombras, utilizan empresas-fachada para realizar sus “negocios”; empresas que no existen físicamente, que se reducen a una casilla postal, a un teléfono celular o a uno o dos agentes que se mueven misteriosamente por las oficinas públicas. Estos personajes no ejercen el comercio ni una profesión, lo que hacen es cometer delitos (a nadie se le ocurriría decir que el ladrón que está robando está trabajando). Sin los intermediarios la corrupción pública no sería posible o al menos dejaría huella. Son ellos los que encarecen las compras, pues a los precios ofertados hay que sumar las comisiones; comisiones para los intermediarios, ya que en algunos casos hay más de uno, pero también para los funcionarios corruptos. En la compra de los 170 respiradores, un intermediario declaró que la comisión para cada uno de los tres era de  2.000 dólares por respirador, dos simples operaciones aritméticas y tendremos una idea de la magnitud de la corrupción.

Aquellas empresas que ejercen prácticas fraudulentas los necesitan; firman con ellos contratos de representación o de comisión por ventas, porcentajes altos, porque de ahí salen los “premios” para los funcionarios corruptos que van a adjudicar las compras, pues no es descubrimiento que si hay autoridades corruptas que han recibido una coima, o para decirlo en riguroso lenguaje legal que han incurrido en el delito de cohecho pasivo propio, es que al frente hay una empresa corruptora que entrega la coima, en correcto lenguaje penal, que comete delito de cohecho activo. Activo y pasivo existen gracias al intermediario, el personaje que hace el “trabajo” más sucio en el sucio negocio de la corrupción pública, pero bien remunerado. El intermediario no gana un sueldo ni gana miles de bolivianos; gana jugosas comisiones, a veces en millones de dólares.

En los procesos licitatorios los proponentes que se presentan a las convocatorias deben presentar documentación fehaciente que acredite su existencia legal en Bolivia. Aquí no hay lugar para “intermediarios” ni se puede alegar diciendo que la empresa proponente “sólo vende el producto mediante tal empresa”, pues sería descalificada. Aunque parezca sorprendente, tampoco en las contrataciones directas ni en las contrataciones por excepción, modalidades en las que se prescinde del concurso de proponentes, pero en ningún momento se autoriza a desconocer los procedimientos de selección del adjudicado, ni – digámoslo de paso - tampoco afecta la transparencia, además que la norma ordena que las entidades públicas deben desarrollar reglamentos y procedimientos que regulen las compras bajo estas dos modalidades. Las NB SABS, cuando permiten la presencia de asesores externos en compras especializadas, lo hacen siempre en el marco de la ley y de las regulaciones existentes (ejemplo: asesores y correderos de seguros). Pero los intermediarios no son asesores ni expertos, son simples traficantes de influencias, son las venas por las que fluye la purulenta savia de la corrupción. Su sola presencia –hoy en día descaradamente presentada en los más altos niveles de gobierno– no es un indicio sino una comprobación de que una compra estuvo mediada por prácticas fraudulentas.

Como quiera que este asunto ha sido discutido arduamente en el contexto internacional (las prácticas corruptas no son un patrimonio de nuestro país) es que distintos instrumentos jurídicos internacionales, tales como la Convención Interamericana contra la Corrupción o la Convención Mundial contra la Corrupción, por citar dos ejemplos de los cuales Bolivia es parte, obligan a los Estados a tipificar el delito de soborno transnacional. Bolivia lo ha incorporado en su legislación penal en la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, como cohecho pasivo internacional y como cohecho activo internacional.

La corrupción es un fenómeno muy complejo y difícil de combatir; pero se pueden reducir sus oportunidades con algunas medidas simples, que ni siquiera necesitan reformar las leyes. En este caso podemos mencionar algunas: en primer lugar, restringir las compras directas a las ya establecidas en la normativa vigente (revistas, periódicos, servicios básicos, compra de repuestos del proveedor, etcétera), incluyendo en épocas de pandemia; el resto debe realizarse mediantes licitaciones públicas, donde los proponentes tienen que presentar su rostro, mostrar su legalidad, no enviar a intermediarios. En segundo lugar, transparentar todas las compras: excepcionar con el pretexto de “seguridad nacional”, de “defensa de la patria”, es abrir las puertas a la corrupción. Las NB SABS señalan claramente que no puede alegarse oportunidad cuando la entidad podía tomar materialmente las previsiones para una determinada compra. Tercero: el gobierno debería publicitar, con parte del abultado presupuesto que tiene en esta partida, el Anexo de las NB SABS titulado “Imperativos para la conducta ética del servidor público que interviene en la contratación de bienes y servicios del Estado”, en el que entre otras obligaciones señala que los servidores públicos deben evitar tener relaciones personales o sociales que impliquen un riesgo (textual) para el proceso de contratación e inclusive que les ordena “resguardar su vida social para reducir su exposición al riesgo de soborno”.

Erick San Miguel Rodríguez es abogado.

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