Jimena Costa Benavides

La distribución de recursos públicos a los partidos

domingo, 28 de junio de 2020 · 00:10

En mi columna anterior, hace 15 días atrás, cuando reflexionaba sobre lo que debe y puede hacer el Órgano Electoral Plurinacional para esta elección mencioné la obligatoriedad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de cumplir con los principios de publicidad y transparencia que están señalados en la Ley 018. Para mi alegría y regocijo, varias resoluciones fueron subidas a la página web del OEP, y al revisarlas me alarmó encontrar el voto fundamentado de disidencia parcial de la vocal Rosario Baptista (la puedes revisar  en el siguiente link: 

https://www.oep.org.bo/wp-

content/uploads/2020/06/RES

-TSE-RSP-ADM-030-2020.pdf), que plantea su disidencia a la decisión tomada por seis de los siete vocales del TSE al aprobar el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral, el 14 de enero (documento que puedes y debes revisar como ciudadan@ activo, en:

 https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/03/Reglamento_Campana_Propaganda_Mod_2_EG_2020.pdf), que dice: 

Artículo 37. (Criterios de igualdad y proporcionalidad). 

Bajo el criterio de igualdad, el sesenta por ciento (60%) de los recursos para el fortalecimiento público en elecciones generales será dividido por igual entre el número total de organizaciones políticas y alianzas que presenten candidaturas en los comicios. 

Aplicando el criterio de proporcionalidad, el restante cuarenta por ciento (40%) será distribuido de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos por las organizaciones políticas o alianzas que participaron en el proceso electoral previo. 

Lo que es simple aplicación del Artículo 75 de la Ley 1096, que señala:

Atículo 75. (Criterios de distribución).

I. Los tiempos y espacios en medios de comunicación masiva (televisión, radio prensa) serán distribuidos entre todos los partidos políticos y alianzas que presenten candidaturas de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Igualdad: El sesenta por ciento (60%) será distribuido en partes iguales entre todos los partidos políticos y alianzas que presenten candidaturas.

b) Proporcionalidad: El cuarenta por ciento (40%) será distribuido de conformidad al porcentaje de votos obtenidos por los partidos políticos o alianzas en el proceso electoral previo del mismo tipo. En el caso de alianzas se suman los respectivos porcentajes.

Queda claramente establecido, que el “proceso electoral previo del mismo tipo” señalado en la Ley es el proceso electoral del 2019, el que quedó nulo por el fraude, a pesar de lo cual sí se llevó a cabo, nos costó una millonada y a varios les costó la libertad, a otros los obligó a fugar, a otros a asilarse, etcétera. Tanto así existió, que la severa crisis política e institucional que hoy atravesamos se funda en que esas elecciones fraudulentas tuvieron que ser anuladas. Pero existieron y votamos. El TSE enfrenta una situación muy particular, ya que como el “proceso electoral previo del mismo tipo” no tiene resultados, no cuenta con un criterio de distribución por proporcionalidad para las organizaciones políticas en competencia. 

Para la elección del 20/10 del 2019, los tres partidos que participaron de las elecciones del 2014 recibieron el porcentaje de recursos según proporcionalidad que les correspondía de acuerdo a los votos obtenidos el 2014, porque las elecciones de 2014 eran el “proceso electoral previo del mismo tipo”. Pero ya no lo son. Ya les dieron. No les pueden dar otra vez esos recursos, simplemente porque no es lo correcto y la Ley no señala nada parecido.

Como el “proceso electoral previo del mismo tipo” no presenta resultados, el TSE deberá tomar decisiones. Obviamente, estoy segura de que ninguna será vulnerando las leyes vigentes, por lo que no aplica la distribución de recursos bajo un proceso que ya no es el “previo”, como manda la ley. Espero puedan hacerlo vía decisión de Sala Plena y no tengan que presentar algún proyecto de ley transitoria que rija sólo para este proceso, porque eso sería, otra vez, poner en manos de los dos tercios del MAS la decisión de si quieren que el MAS reciba a o no el 61,38% de los recursos de distribución por proporcionalidad.

Por cierto, cuando se aprobó la Ley de Organizaciones Políticas en la Cámara de Diputados, argumentamos con insistencia sobre la necesidad de que el total de los recursos se distribuya en igualdad de condiciones. Obviamente, el MAS no lo aceptó. Aceptaron otros cambios, pero nada en el artículo sobre primarias (29); en los de financiamiento o en los de transfugio. Eso sí, las medidas a favor de la democracia paritaria las aprobamos por unanimidad, por ejemplo, en el mismo artículo 75, III, b) se señala que del 50% del tiempo y espacio de propaganda para las demás candidaturas (fuera del binomio), al menos la mitad será destinada a candidatas mujeres, incluyendo mujeres indígena originario campesinas. Así debe ser.

 

Jimena Costa Benavides es politóloga.

 

 

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