Jorge Asbun

Estados de excepción y responsabilidades

lunes, 29 de junio de 2020 · 00:08

En días pasados, el Legislativo presentó el proyecto de ley que regulará los estados de excepción. Si bien muchos de sus artículos no hacen más que repetir ciertos contenidos de la Constitución y de algunos tratados -y por ello- podría pensarse que el mismo es inofensivo -sin embargo-, esto sería un grave error, tal como se explica a continuación.

El proyecto exige a policías y a militares evitar cualquier violación de los derechos fundamentales, recordándoles que tienen responsabilidades administrativas, civiles y penales, de las cuales no puede eximirlos ninguna orden superior. Sin embargo, en relación a los ciudadanos que incumplan el estado de excepción, la única referencia es una prohibición dirigida al Órgano Ejecutivo, señalando que éste: “no establecerá sanciones administrativas por el incumplimiento de las medidas del estado de excepción, salvo la multa pecuniaria que no podrá pasar del límite del 10% del salario mínimo nacional.”  Si además, se tiene en cuenta que el proyecto prevé la revisión judicial de la sanción administrativa, entonces la misma será menos eficaz que un jalón de orejas.

Esa es la única referencia a quienes incumplen el estado de excepción, a los cuales el proyecto además omite recordarles que sus excesos también tienen responsabilidades administrativas, civiles y penales. Pero en ese caso, uno podría preguntarse si en realidad las sanciones se hallan ya establecidas en la legislación, qué sentido tendría que este proyecto las repita. Efectivamente. Por eso, llama la atención que las haya repetido respecto de las fuerzas del orden, en un lenguaje que más que un recordatorio pareciera una amenaza.

El proyecto, al efectuar esas diferencias, no sólo está siendo formalmente incongruente, sino, y esto es lo grave, envía un mensaje muy peligroso, porque puede llevar a pensar que la sanción administrativa –que no puede ser superior al 10%-  es la única para quienes incumplen las medidas de excepción y habiendo en nuestro país algunos ciudadanos propensos a los excesos, las consecuencias de esa lectura, podría ser incendiaria.

El proyecto, al describir luego las medidas que se pueden adoptar en circunstancias de desastre natural -que comprende situaciones como la pandemia- permite asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, así como los centros de producción, la utilización temporal de bienes e imponer la prestación de servicios técnicos y profesionales. Medidas que resultan manifiestamente insuficientes, porque sólo con pensar en la actual pandemia, en la que para evitar mayor contagios, fue necesario adoptar medidas de confinamiento o restricción de circulación, las cuales no encontrándose listadas en el proyecto, no podrían tomarse, por lo que las previsiones resulta manifiestamente insuficientes.

También podría efectuarse otra lectura y sostener que el proyecto permite al Ejecutivo puede adoptar cualquier otra medida de restricción, siempre que no afecte la vida y otros derechos fundamentales, pero si ello es así, qué sentido tiene que en el proyecto de ley haya establecido solamente esas dos medidas, si ellas no resultan esenciales. Es decir, se describe lo accesorio y se omite lo esencial.

Luego, en sus disposiciones transitorias, el proyecto exige al Órgano Ejecutivo, que en 24 horas remita toda la información relacionada a la declaración de la actual pandemia. Sin embargo, luego otorga 30 días a la Comisión Mixta de Legislativo para que analice y presente su informe al pleno del mismo, obviando que la Constitución le otorga sólo 72 horas después de recibido el informe del Órgano Ejecutivo, para aprobar o rechazar el mismo.

En definitiva, el proyecto de ley plantea regular los estados de excepción reiterando algunos contenidos de la Constitución y de algunos tratados, pero sólo cuando ellos imponen obligaciones a los demás y nunca al propio Legislativo, ni a quienes con sus acciones provocan el estado de excepción o estando declarado el mismo, lo incumplen. Ello, explica no sólo por qué recién después de diez años y además -justo cuando perdieron el gobierno- el Legislativo  se “acordó” de regular este tema y es posible concluir que ello es una clara muestra de que esa ley (cuando se apruebe) será un medio para proteger a algunos y un mecanismo de control para el resto o, con mayor precisión, para la mayoría. El proyecto de ley responde a esa mentalidad que busca instrumentalizar la democracia, ignorando que ésta es un fin en sí mismo y que los derechos fundamentales pertenecen a todos, sin distinción ni discriminación alguna.

Jorge Asbun es doctor en Derecho Constitucional.

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