William Herrera Áñez

La otra pandemia

lunes, 8 de junio de 2020 · 00:09

El 12 de diciembre de 2006, la Organización de las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala suscribieron un acuerdo con la finalidad de conformar una comisión especial para combatir la impunidad y la corrupción en ese país. Este acuerdo internacional, sin precedentes en la historia latinoamericana, y que se popularizó como la CICIG, permitió apoyar al Ministerio Público, a la Policía Nacional y a otras instituciones del Estado en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad, la delincuencia organizada y la corrupción pública.

El trabajo de la comisión estaba centrado en la investigación y persecución penal de fenómenos delictivos complejos y sensibles, tanto por la naturaleza de los hechos criminales como por las personas involucradas, y se logró fortalecer a las instituciones del sector justicia para que puedan continuar enfrentando a la delincuencia de “cuello blanco y corbata”. Una de estas investigaciones permitió la detención y posterior condena del expresidente Álvaro Colón y varios de sus colaboradores por hechos de corrupción.

Según el acuerdo, la CICIG tenía tres objetivos principales:

Investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometían delitos que afectaban a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.

Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes;

Hacer recomendaciones a Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.

El trabajo de la CICIG se combinaba entre la investigación y persecución penal y el asesoramiento técnico a los organismos estatales encargados de la investigación penal. La comisión estaba facultada para hacer también las denuncias contra los funcionarios públicos o particulares,que hayan pretendido obstaculizar el cumplimiento del mandato de la CICIG. Los investigadores podían convertirse en terceros interesados en los procedimientos disciplinarios iniciados contra los funcionarios públicos. Y estaban además facultados para garantizar la confidencialidad de las personas que colaboraban en las investigaciones llevadas a cabo, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, así como promover su protección ante las autoridades correspondientes.

La Organización de las Naciones Unidas no sólo hacía el seguimiento y apoyaba con expertos internacionales en diferentes áreas, sino que canalizaba recursos económicos y logísticos para el funcionamiento y el trabajo de la CICG. La comisión que trabajó 12 años, permitió no sólo el esclarecimiento de hechos complejos y la sanción de muchos “intocables” y altos jerarcas de diferentes gobiernos, sino también hacer un conjunto de reformas legales, e institucionales, que estaban disponibles para seguir luchando contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.

El modelo del trabajo excepcional de la comisión de Guatemala debe replicarse en Bolivia ante la incapacidad del Estado y el nivel de propagación del virus de la corrupción e impunidad existente. El apoyo internacional parece imprescindible para combatir esta otra pandemia, ya que al Estado lo dejaron desinstitucionalizado, débil y prostituido,y las instituciones encargadas de la persecución y sanción penal -Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, defensa pública, sistema carcelario -, no tienen independencia, presupuesto, credibilidad, ni las condiciones mínimas para restituir la dignidad nacional.

En realidad, nadie en su sano juicio debería oponerse a combatir la corrupción y terminar con la impunidad en Bolivia que existe desde siempre. Por cierto, sería una oportunidad excepcional para conocer quién es quién y de qué lado está. Nada alimenta tanto a la delincuencia y la corrupción como la impunidad.

William Herrera Áñez es autor del libro La corrupción en Bolivia.

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