Grover Rojas Ugarte

¿Qué significa que la Asamblea ratifique los ascensos a generales?

lunes, 8 de junio de 2020 · 00:08

El ascenso es un derecho profesional que se tiene en cualquier institución del Estado, mediante el cual se busca promover al personal, previo cumplimiento de requisitos previamente establecidos. En el caso militar es similar pero con sus particularidades propias.

Este derecho, para materializarse como tal, debe estructurárselo gradualmente con el cumplimiento de requisitos específicos hasta llegar al grado de coronel, a partir del cual se adiciona las necesidades orgánicas de la institución armada.

El artículo 68 numeral 8 de la Constitución Política del Estado establece que una de las atribuciones de la Cámara de Senadores es ratificar los ascensos a generales/almirantes a propuesta de la Presidente del Estado, atribución señalada en el numeral 19 del artículo 172 de la misma norma constitucional.

Sin embargo, ¿cuáles son las razones o fundamentos histórico-doctrinarios por las cuales el constituyente dispuso que el poder constituido, representado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, diera su consentimiento y aceptación a los ascensos de los generales del Estado? 

Para entender esta problemática, es necesario analizar la misma desde tres visiones claramente diferenciadas: la Institucional, la jurídica y, finalmente, la política:

Visión institucional. El proceso administrativo de los ascensos del personal militar se inicia dentro las instituciones militares llamadas por ley; es decir, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Los instrumentos que se emplean en este cometido son los reglamentos militares y la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Este proceso es llevado a cabo por tribunales colegiados de personal al interior de las Fuerzas. El resultado del proceso es aprobado por el Tribunal Superior de Personal del Comando en Jefe, que también es un tribunal colegiado, dándole la legalidad de las Fuerzas Armadas a los propuestos.

Una vez finalizado este proceso interno, la lista o relación nominal de los considerados es elevada a la instancia cabeza de sector, es decir, al Ministerio de Defensa Nacional, para de ahí ser derivado al Presidente del Estado.

Debe considerarse que de conformidad al artículo 22 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, el Ministro de Defensa es el organismo político administrativo y además representante legal de la institución armada ante los poderes públicos, razón por la cual toma conocimiento y además ejerce su función jerárquica administrativa política por encima de las Fuerzas Armadas.

Todo este proceso finaliza con la aprobación de los ascendidos por el Órgano Ejecutivo.

Visión jurídica. El Presidente del Estado, en cumplimiento de sus atribuciones establecidas en el artículo 172 numeral 19 de la Constitución, propone a la Asamblea Legislativa los ascensos a generales/almirantes y el Senado Nacional ratifica los  mismos, en conformidad a su atribución establecida en el artículo 160 numeral 8 de la Constitución.

Visión política. En los países que tienen un sistema de gobierno republicano y presidencialista, como el nuestro, se tienen a las instituciones de Estado e instituciones de Gobierno. 

Las instituciones de Gobierno están representadas por los diferentes ministerios, organismos de los dependen y otras instancias gubernamentales.

Las instituciones de Estado están representadas únicamente por el servicio exterior y el servicio de la defensa.

Los representantes de estas dos instituciones, constituidas a través del cargo de embajador y el rango de general, están sujetas al beneplácito o confianza acreditada de la máxima instancia democrática de la nación, como es el caso del Senado. Debe entenderse que estas autoridades se constituyen en los portadores de la imagen y representación del país en el exterior los primeros y en los depositarios de la confianza del pueblo boliviano para la defensa de sus intereses y su seguridad.

 Desde los primeros atisbos democráticos de la antigua Roma hasta la fecha, los uniformados (generales) de los Estados han recibido la confianza del pueblo a través de sus representantes (senadores o diputados).

Nótese que numerales 8 y 9 del artículo 160 de las atribuciones de la Cámara de Senadores están estrechamente vinculados y demandan su cumplimiento por las razones expuestas líneas arriba.

Los miembros de la Asamblea Legislativa, compuesta por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, son elegidos por el pueblo boliviano a través del voto universal, directo y secreto, y a cuya razón se los denomina “representantes nacionales”. Esto implica que son depositarios absolutos de la legitimidad del soberano que los eligió y ejercen su mandato apegados a la legalidad y constitucionalidad establecida.

Esta consideración nos señala el propósito por el cual los representantes nacionales ejercen el control político sobre la fuerza militar, es decir, sobre de las Fuerzas Armadas.

Este control político implica necesariamente una subordinación a este poder u órgano en términos que establece la normativa vigente.

De acuerdo a lo establecido en la Constitución, el control político se la ejerce de dos maneras. Una a través del Órgano Ejecutivo, a la cabeza del Presidente del Estado, designando y destituyendo al Comandante en Jefe y a los comandantes de las Fuerzas (art. 172. 17); proponiendo a la Asamblea Legislativa los ascensos a general y almirantes (art. 172. 19); ejerciendo el mando de capitán general de las Fuerzas Armadas (art. 172. 25) y, finalmente, preservando la seguridad y la defensa del Estado (art. 172. 16).

El otro control político que se ejerce sobre la Fuerzas Armadas lo realiza el Órgano Legislativo al autorizar la salida de tropas militares, armamento y material bélico del territorio del Estado (art. 158. 21); al aprobar en cada legislatura la fuerza militar que ha de mantenerse en tiempo de paz (art. 159. 10) y al ratificar los ascensos a propuesta del Órgano Ejecutivo a generales/almirantes (art. 160. 8).

Como podrá verse, estos dos controles políticos sobre la institución militar nos muestran un férreo ejercicio jurídico y normativo al accionar de las Fuerzas Armadas por parte de los órganos constituidos del Estado como no acurre con ninguna otra institución del Estado.

En conclusión: los generales del Estado requieren de la confianza de la nación y de sus órganos constituidos que se manifiestan a través del beneplácito o reconocimiento de la Asamblea Legislativa que le da legalidad a sus actuaciones y al mismo tiempo legitimidad producto de la confianza de su pueblo.

La Asamblea Legislativa al momento de tratar la ratificación de los generales debe despojarse de toda línea partidista y correligionaria e imbuirse única y exclusivamente de su espíritu patriótico y nacionalista, como depositarios de la confianza del pueblo boliviano y, en consecuencia, actuar a nombre de la nación para ratificar a sus mejores soldados en el grado de Generales del Estado.

El control político no significa en ningún momento control partidista ni afectivo, sino, el ejercicio pleno de responsabilidades para actuar a nombre de la nación y en protección de los intereses del pueblo boliviano.

Desde la visión institucional se busca que los soldados con mayor puntuación y cualidades profesionales sobresalientes puedan acceder del grado de general, situación que debe basarse en un proceso absolutamente transparente, comprobable y estrictamente apegado a la normativa. Esta es la única forma de establecer un blindaje garantista a la meritocracia que busca ascender a los mejores militares.

En el procedimiento institucional, el mecanismo del proceso de ascenso está basado en  tribunales colegiados donde el bien jurídico a proteger es la meritocracia.

En el procedimiento de control político, el mecanismo del proceso es la independencia de poderes entre los órganos del Estado (Ejecutivo y Legislativo), donde el bien jurídico a proteger es la meritocracia.

Grover Rojas Ugarte es General de División del Ejército.

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