José Luis Carvajal

La punta del iceberg del DS 4272

lunes, 13 de julio de 2020 · 00:08

El Programa Nacional de Reactivación del Empleo (PRE) es el segundo paquete de medidas económicas adoptado por el gobierno de Jeanine Añez. Viene después de un paquete inicial de medidas, compuesto por los bonos para los sectores más vulnerables, el programa de apoyo al microcrédito, el plan de emergencia para el pago de salarios, los diferimientos de impuestos y de créditos y la rebaja de los pagos de servicios básicos.

Por sus características, la pandemia ha planteado dos problemas simultáneos: shock de oferta y shock de demanda. Las proyecciones del FMI para América Latina y el Caribe realizadas en junio señalan una caída de -9,4% del producto regional en 2020. En el caso de la economía nacional esta situación impactará en la caída del índice global de la actividad económica (IGAE), que en el período enero-abril 2020 ha sido de -5,6%. Y en el indicador del desempleo urbano, que durante el primer trimestre de 2020 fue de 5,84%, lo que representa 234 mil personas desocupadas.

La pandemia y la crisis estallaron en Bolivia después de que la economía del país se había contraído por cinco años con déficits simultáneos en lo fiscal y en la balanza comercial. A fines de 2019, el país enfrentó otro duro golpe: el fraude electoral paralizó la economía más de un mes y afectó el crecimiento. Y sobre mojado, llovido. 2020 comenzó con la noticia de que un virus estaba golpeando a China.

Volviendo al PRE, digamos que este tiene el propósito de impactar de manera integral en el empleo, el cual está siendo afectado principalmente por la pandemia. Tiene cinco pilares: primero, un programa de empleo intensivo, cuyo objetivo es generar 600 mil empleos mediante la ejecución de proyectos de infraestructura en salud, educación, agua, saneamiento, riego, caminos y obras ambientales. Segundo, varios fondos de garantía para dotar a las empresas de capital de trabajo para empresas y productores, con el objeto de mantener las fuentes de empleo. Tercero, medidas de apoyo sectorial para los sectores de la construcción, la minería, la manufactura, el turismo, el transporte aéreo, las telecomunicaciones y la agropecuaria. Cuarto, las compras estatales y el estímulo a la demanda. Y quinto, responsabilidad fiscal y empresas públicas sostenibles.

El PRE terminará siendo la punta del iceberg de un programa más complejo de reforma de la economía. A manera de ejemplo, las medidas de apoyo a la agricultura cuentan con un plan de rehabilitación del sector que impulsará la producción de veinte productos agropecuarios de la canasta básica y de la agro-exportación, y garantizará la seguridad alimentaria de la población boliviana mediante el apoyo a la agricultura familiar, la agricultura de mediana escala y la agricultura agroindustrial exportadora. Otro ejemplo es el programa de vivienda, con un meta inicial de construcción de 20 mil viviendas y la titularización de la cartera de créditos de vivienda.

El objetivo más ambicioso del PRE es preservar más de cuatro millones de empleos y crear unos 600 mil empleos nuevos. Para ello se le dará un presupuesto de algo más de 2.600 millones de dólares. Este presupuesto constituye el 23% de la deuda externa, el 30% de los préstamos de las empresas públicas con el BCB o el 6,5% del PIB, y, al mismo tiempo, su impacto en el empleo, al preservar el 65% de la población ocupada, no tiene punto de comparación con el empleo generado por las empresas públicas o por cualquiera de los proyectos de inversión pública realizados en los últimos años. Además, es menor que los planes de estímulo fiscal de la región: el del Brasil alcanza al 8% del PIB y el del Perú llega al 9% del PIB.

Finalmente, hay que decir que el PRE no apunta a un cambio de modelo económico, como algunos analistas y políticos han dicho. Sólo es un programa para salvar el empleo que integra al Estado, la inversión pública, el sector privado, el sistema financiero, las entidades territoriales autónomas y todos los actores de la economía popular, entre los que se encuentran los emprendedores, la micro y la pequeña empresa.

El desafío será poner en marcha este programa, pues esto requiere el concurso de muchos actores, la capacidad de negociación política para destrabar los créditos y la creatividad para gestionar nuevos mecanismos de financiamiento. Estas tareas permitirán visualizar la parte del iceberg que se encuentra debajo del agua.

José Luis Carvajal es economista.

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