Erick San Miguel Rodríguez

¿Fuerza mayor en los contratos laborales?

martes, 14 de julio de 2020 · 00:08

Como si la pandemia y las medidas de emergencia sanitaria no hubiesen  sido suficientes golpes demoledores en contra de la clase trabajadora, algunos empresarios están efectuando despidos masivos amparados nada menos que en razones de “fuerza mayor”. En nuestro medio, la prensa informa que a fines de junio una docena de empresas habrían recurrido a esta figura no sólo para efectuar despidos, sino también para evitar el pago del desahucio y otros beneficios.

Pero la fuerza mayor no es una causal de despido; las causales están enumeradas de manera limitativa en la Ley General del Trabajo y en su Reglamento y, obviamente, no comprende la fuerza mayor ni el caso fortuito dentro de ellas. ¿De dónde viene entonces el descubrimiento? Las empresas que han recurrido a esta maniobra, más torpe que creativa, han encontrado en una sentencia constitucional (1088/2015-S1) el pseudo respaldo legal para poner en marcha estos atropellos.

Esta sentencia resuelve en realidad un amparo constitucional de los trabajadores de una empresa municipal, a quienes se les otorgó un preaviso por motivos de reestructuración, habiendo el Tribunal Constitucional Plurinacional considerado que el tribunal inferior obró correctamente al denegar la tutela (sólo la concedió a un trabajador que demostró tener una hija discapacitada) porque en ese momento se encontraba pendiente de resolución de un recurso administrativo presentado por el empleador y porque cumplieron con el plazo del preaviso. En la parte final del razonamiento, la sentencia dice que habiéndose demostrado que la situación económica de la empresa fue deficitaria en varias gestiones, la situación “se acomoda a una causal de desvinculación laboral por causas objetivas o bien por fuerza mayor”; pero concluye señalando que ese hecho de ningún modo exime al empleador del pago de los beneficios sociales.

Antes de analizar la pertinencia de invocar este fallo, digamos que los magistrados que firman esta sentencia son los mismos que firmaron la sentencia que declaró inconstitucional el artículo 168 de la CPE (limitación a la reelección), para luego ser premiados con embajadas y altos puestos en el Órgano Ejecutivo. De vilipendiados por ese infame fallo, se han convertido, de la noche a la mañana, en los adalides del empresariado más salvaje.

La fuerza mayor y el caso fortuito son dos figuras que en el marco de las relaciones entre particulares se constituyen en situaciones que no generan responsabilidad por incumplimiento de obligaciones. Nuestro Código Civil no los define, pero considera como “imposibilidades sobrevinientes no imputables al deudor” (nótese la terminología propia de esta rama del derecho) y, por tanto, se declara extinguida la obligación. Si bien la fuerza mayor puede afectar otros rubros de la vida, su sola presencia, peor aún su sola invocación de manera unilateral, no se constituye en un medio para liberarse de cualquier obligación.

Por ejemplo, los contribuyentes en general han sido afectados por la pandemia y las medidas de emergencia sanitaria, pero no pueden autoinvocar esta causal para decirle a la administración tributaria: “Fui afectado por la pandemia, no pude generar ingresos estos dos o tres meses, por lo que no pagaré tal o cual impuesto”. No. Para que este evento opere como causal ha habido necesidad de una declaración expresa de la administración tributaria, en este caso amparada en un decreto supremo, que, en el ejemplo propuesto, ha pospuesto el pago de impuestos hasta fechas determinadas. Lo mismo ha ocurrido en otros ámbitos: créditos bancarios o pago de alquileres, para citar otros dos ejemplos reales, en los que las partes afectadas no han impuesto su punto de vista de manera unilateral, sino que se ha esperado una decisión del gobierno, en un caso, e inclusive de una ley en el otro.

No voy a aburrir al lector citando las reglas hermenéuticas en el ámbito laboral que están consagradas en la Constitución Política del Estado y en la Ley General del Trabajo (principio de protección, en la duda a favor del trabajador, primacía de la relación laboral, etcétera), sino recordar simplemente que el gobierno, en el caso de las relaciones laborales, en cuatro decretos supremos relativos a la emergencia sanitaria, ha establecido medidas para garantizar la estabilidad laboral.

Para evitar cualquier interpretación antojadiza, el Ministerio de Trabajo ha emitido un comunicado público de 8 de abril señalando que están prohibidos los despidos durante la emergencia sanitaria. No está demás subrayar que la emergencia sanitaria no ha concluido. Pero adicionalmente, la Presidenta del Senado ha sancionado la “Ley que coadyuva a regular la emergencia por el covid-19” que en su artículo 7, a más de prohibir todo despido, dispone de manera taxativa: “En caso de despido o desvinculación se deberá reincorporar a la o el trabajador o servidor público con el pago de remuneración o salario devengados correspondientes”. Esta norma puede aplicarse retroactivamente por su contenido social.

Pretender invocar figuras del derecho civil a las relaciones laborales es retroceder en al menos 100 años. El derecho laboral se ha construido en un proceso de progresivo e irreversible alejamiento de los principios y normas del derecho civil. Ya la Organización Internacional del Trabajo advirtió al inicio de la pandemia de los efectos de ésta sobre el “mundo laboral”. En Bolivia han sido la Federación de Fabriles, primero, y sindicatos y asociaciones de la prensa, después, las que han denunciado estos abusos de empresarios, que no sólo quieren salir bien parados de esta crisis, sino que aspiran a salir gananciosos a costa naturalmente de los derechos de los trabajadores.

Si los empresarios declaran estar en quiebra y empiezan a despedir de manera masiva a sus trabajadores, deberían tener presente lo siguiente: que los despidos están prohibidos hasta que pase la emergencia sanitaria; que si los efectúan cuando termine ésta, las obligaciones sociales ocupan el primer lugar en la preferencia de acreedores; y, finalmente, que está vigente la Ley N 1055 de creación de empresas sociales, cuyo artículo 6 considera el retiro repentino y masivo de trabajadores como una causal de constitución de este tipo de empresas, teniendo el Estado el deber de coadyuvar en su formación, que es lo que debería acontecer en el momento presente.

Erick San Miguel Rodríguez es abogado.

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