Alejandro Almaraz

Urge el protocolo de la autodefensa social frente al Covid -19

jueves, 16 de julio de 2020 · 00:08

Hace pocos días, el coronavirus se ha llevado la vida de Jaime Albarracín, excelente persona y valioso profesional; arquitecto, docente de la UMSS y baluarte en las luchas universitarias desde sus tiempos de dirigente estudiantil. Su muerte se suma a las ya 1.807 que la pandemia ha cobrado entre los 48.215 contagiados en el país hasta la fecha. Pero Jaime Albarracín, al igual que gran parte de los otros fallecidos, no es una víctima sólo del Covid 19, también lo es de las enormes carencias del sistema nacional de salud pública. En efecto, murió en un seguro social reputado como uno de los mejores en el país, después que, sin análisis alguno, le diagnosticaran tifoidea y lo mandaran a su casa para que se curara como pudiera. Se comprende perfectamente que si eso le pasó a un docente universitario asegurado, los bolivianos de menores ingresos mueran en las calles todos los días, frecuentemente, después de haber agonizado arrastrándose inútilmente por hospitales desbordados donde no encontraron atención alguna, o solo un pasillo para morir mientras la esperaban.

Todos los días se corrobora dramáticamente que el sistema nacional de salud pública, tanto en su globalidad como en cada uno de los servicios y funciones con los que debe encararse la pandemia, está colapsado o desbordado.Hace falta, en importantes cantidades, absolutamente todo lo necesario.Para peor, tampoco es suficiente la capacidad de las autoridades públicas, de todo nivel, para hacer cumplir, sea por la persuasión o por la coerción, las normas de distanciamiento social que ellas mismas han adoptado como único medio preventivo contra la enfermedad. No es el momento –ni estas líneas el lugar- para detenerse en las causas y las culpas del gigantesco vacío que representa el sistema de salud pública.Baste decir, respecto a lo primero, que se trata de un problema propiamente estructural y de muy larga data.

En cuanto a lo segundo, ya llegará el momento en que deban rendirle cuentas (políticas y judiciales) al pueblo boliviano, los infames que despilfarraron o se robaron los recursos con los que pudo, holgadamente en sus 12 años de gobierno,  superarse la extrema precariedad sanitaria que sufrimos; los que, no contentos con esa traición, se empeñan desde el  Parlamento en privarle al país de créditos externos concesionales (no condicionados) expresamente destinados al enfrentamiento de la emergencia sanitaria; los que en su demencial afán por desestabilizar al gobierno de transición, persisten en negar la realidad de la pandemia y combaten las medidas de distanciamiento social, imprescindibles para salvar muchas vidas.

En cualquier caso, dada la magnitud del problema sanitario, no resulta razonable esperar que el gobierno central, aun con el total acierto y el mayor esfuerzo en sus acciones, alineando a todos los gobiernossubnacionales y entidades públicas, y eliminando todo latrocinio (suyo y de estas últimas) pueda superarlo o siquiera contrarrestarlo substancialmente en el corto plazo, que es el de la mortandad causada por la pandemia. Es pues plenamente previsible -o seguro-que cuando el sistema de salud pública logre atender a todos los bolivianos contagiados con Covid 19 ya sea irremediablemente tarde para los cientos -o miles- de ellos, cuyas muertes se habrán continuado acumulando diariamente, en número probablemente creciente.

Si el Estado boliviano es incapaz de atender a gran parte de sus ciudadanos afectados por la pandemia, no puede, ignorando su propia realidad, dejarlos inermes o librados a su suerte. Debe, y esto sí puede, ayudar a que esos ciudadanos se defiendan por sí solos, sin los servicios públicos de salud de los que carecen. Es pues de la mayor urgencia que el gobierno central, escuchando lo que es ya un clamor popular y orientando lo que es ya una práctica en franca generalización (incluso apoyada por varios gobiernos subnacionales), y sin dejar de hacer todo lo posible para construir el sistema de salud del que carecemos,  elabore, divulgue y financie lo que cabe entender como el protocolo de la autodefensa social frente al covid 19.Este protocolo  debe implicar las siguientes acciones (y compromisos) para el gobierno central:

La identificación de las substancias y las terapias que sean más apropiadas para prevenir el contagio de Covid 19, y para eliminar (o atenuar) sus efectos, estableciendo su dosificación y sus posibles contraindicaciones. Dada la falta de consenso científico para combatir el virus, es probable la conveniencia de incluir substancias y terapias alternativas (y eventualmente complementarias), y, más probable aún, la necesidad de advertir sobre el carácter provisional, y carente de la garantía científica, de los usos recomendados. El Comité Científico Nacional, al que se supone corresponderle estas definiciones, debe enterarse de la emergencia sanitaria y salir de su modorra burocrática, pues en los varios meses de su existencia, apenas ha desautorizado el uso del dióxido de cloro (con muy dudoso acierto) y ha aprobado un listado de medicamentos.

El gobierno central debe extremar su capacidad mediática para difundir el protocolo en cuestión de modo sistemático, masivo y pedagógicamente adecuado. A tiempo de facilitar el deseado acceso amplio de la población, esa difusión tendría la especial importancia de evitar los riesgos de la automedicación, actualmente presentes a falta de la orientación confiable que se brindaría. En esa labor, debería reemplazarse, por la divulgación del protocolo, los múltiples mensajes propagandísticos de la Presidenta- candidata. Que aparezca entregando unos cuantos ventiladores por aquí y otras cuantas camas por allá, o prometiendo múltiples artículos y prestaciones que no hay cuando lleguen, es muy poco relevante en la situación actual. Además, frustrando su claro propósito, es electoralmente contraproducente. Ocurre que la gente se da perfecta cuenta de que son campaña electoral (con su dinero), y no está para eso.

El gobierno central debe subvencionar el amplio acceso de la población a las substancias y terapias incluidas en el protocolo. Sería inevitable que las erogaciones respectivas queden ceñidas a las limitaciones económicas del Estado, no obstante, debe otorgárseles  prioridad formal y absoluta en el gasto público y, para su máxima eficacia, regirlas por el objetivo de lograr la mayor cobertura posible de la población, garantizando, en todo caso, el de la vulnerable y de menores ingresos. Asimismo, con la concurrencia de los gobiernos subnacionales y las entidades públicas y privadas en condiciones de aportar al efecto, el gobierno central debe establecer una red de distribución de las substancias del protocolo, suficientemente extensa y eficaz para asegurar operativamente el amplio acceso perseguido.

Esta es una ineludible obligación que el gobierno central debía haber asumido hace ya un buen tiempo, y hoy es ya impostergable que lo haga.Podrá hacerlo a sola condición de aceptar la realidad y, en consecuencia, abandonar la  constante simulación mediática con la que pretende darse méritos que no tiene ni tendrá; esa que sugiere que las cosas no están tan mal, y pronto estarán muy bien gracias a la Presidenta candidata. Con esa  actitud, exactamente al contrario de lo que urge hacer, se desinforma y confunde a la sociedad, obstruyendo lo único que puede salvar las vidas de los desamparados del sistema de salud que se llevará el covid 19: la autodefensa social frente a la pandemia.

Alejandro Almaraz es activista y exviceministro de Tierras.

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