Juan Antonio Morales

La confianza y las historias de vaqueros

jueves, 2 de julio de 2020 · 00:09

En las sociedades abiertas, de libre mercado, la confianza tiene un papel fundamental en la asignación de recursos, tanto o más que el sistema de precios. Las economías no son abstractas y necesitan un soporte institucional, uno de cuyos elementos es la confianza. Los sociólogos dicen que es un requisito distintivo del capital y de la cohesión social.

Desde hace algunos años notamos una erosión de la confianza en las instituciones. La ciudadanía tiene poca fe en las organizaciones básicas de un estado moderno: el poder legislativo, el poder judicial y aún la administración pública. Varios factores han contribuido a esta erosión pero me centraría en uno de ellos, que lo llamaría como en las películas del oeste americano, que es  la práctica del “gatillo rápido” o “gatillo feliz”, que consiste en disparar y después preguntar. Sin mayores evidencias, se sindica a funcionarios o exfuncionarios  de actos de corrupción y se les inicia ipso facto un juicio penal, frecuentemente con detención preventiva. El juicio es precedido además por un linchamiento mediático y en las redes sociales.

Los juicios penales, en los países de mayor desarrollo institucional que el nuestro, se manejan con mucha prudencia. Para emplear una terminología, que no es la mía, para iniciar un juicio penal se tiene que contar con serios elementos de convicción  (es decir pruebas contundentes), lo que raramente es el caso en el país. Para emplear la terminología con la que estoy más familiarizado, decimos  en estadística que las evidencias tienen que ser muy fuertes para rechazar una hipótesis. La hipótesis de base (o presunción) es la de la inocencia, principio además consagrado por la Constitución Política del Estado y por las cartas de derechos humanos. Es para arrancarse los cabellos escuchar a jueces y fiscales decir  de los sindicados, que tienen que demostrar su inocencia. La prueba de culpabilidad está a su cargo y no del acusado.

Aún si no hay detención, los acusados en juicios penales sufren cantidad de perjuicios, comenzando porque se atenta contra su dignidad (y su patrimonio). Al acusado, por el mero hecho de haber sido objeto de una investigación penal, se le cierran muchas puertas a nivel internacional.

Varios casos recientes se tienen en mente, como el de los respiradores. La acusación es grave, pero tal como se la ha presentado está completamente descontextualizada. Se debía examinar con el máximo de cuidado todas las circunstancias, que van apareciendo de a poco, antes de precipitarse con las detenciones.

Hay también desafortunadamente el fenómeno de la “corrupción de la lucha contra la corrupción”, como lo ha hecho notar gente con mucha experiencia en la función pública. Es fácil acusar de corrupto al enemigo político.

Pero no solo en los juicios penales se cometen torpezas. Se arrastran los juicios civiles del Estado por años de años, para que se acumulen intereses, muy por encima de lo que se obtiene en los bancos, y por ajustes a la UFV que, sea dicho de paso, es un  indexador que ha sido abandonado por el sistema financiero. Además se calculan mal y abusivamente los intereses. Los malpensados dirán que es una forma no convencional de recaudar. Deudas tributarias u otro tipo de adeudos al estado, muchas veces  no comprobados, pasan así de pequeñas sumas a montos millonarios, desplumando al indefenso ciudadano. 

Un tema que nos debiera preocupar por sus impactos sociales es el de la selección adversa. Con el aumento en los riesgos legales para la alta función pública, se está disuadiendo a los profesionales más talentosos de prestar sus servicios en las instituciones estatales. En la actual grave crisis sanitaria y económica no nos podemos dar el lujo de prescindir de los más aptos para combatirlas. 

Sería tiempo de revisar la Ley Quiroga Santa Cruz, que no ha disuadido la corrupción,  ha servido solamente para fines políticos y ha agravado los problemas de selección adversa. Extraordinario, uno de los gobiernos más controvertidos de la última época promulga una drástica ley anti-corrupción (para los otros). Mao Zedong hubiese dicho que fue como la vieja prostituta que quería hacer eregir un monumento a la virtud.
 

 

Juan Antonio Morales es profesor de la Universidad Católica Boliviana y expresidente del Banco Central de Bolivia.

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