Jaime Aliaga Machicao

Qué hacer con las empresas públicas

miércoles, 8 de julio de 2020 · 00:07

No creo que lo que se deba hacer con las empresas públicas en el futuro sea por la crisis económica y social que la pandemia traerá consigo como secuela; sino porque esos gastos dispendiosos creando empresas estatales han hecho gran daño al propio Estado. Eran proyectos que bien podría desarrollar el sector privado con incentivos y regulación adecuada. Considero que es necesario pensar en un golpe de timón, caso contrario, el daño podría ser mayor más adelante. Los gastos provocados por la mala ejecución de los proyectos, la dificultad para generar liquidez, la lejanía de los mercados de insumos y productos, y por los manejos políticamente interesados; se los debe atenuar. Un buen reto para el próximo gobierno.

La Ley 466 de fecha 26 de diciembre de 2013 daba pautas para la creación, organización, administración y gobierno corporativo de las empresas públicas. Muchas de ellas empero, no cumplieron lo que la Ley señalaba en materia de gobierno corporativo ni en organización. Como ejemplo, el Decreto reglamentario 1978 de 16 de abril de 2014 decía que las empresas públicas de tipología estatal, aplicarían el régimen laboral de la Ley del Trabajo para sus trabajadores, pero, como señalé antes, miles de empleados de empresas públicas, están desprotegidos. Un galimatías digno de análisis en una tesis en derecho.

El nuevo gobierno debe estar consciente que tiene que adoptar medidas responsables para con la sanidad del manejo fiscal. Han sido miles de millones de dólares de las reservas internacionales que se destinaron a empresas públicas y proyectos que harán crisis. Para paliar la afección al erario nacional, puede utilizar varias normas que se emitieron durante esos 14 años de dispendio.

La Ley 466, en su artículo 8, señala que podrán darse alianzas estratégicas de actores privados con empresas estatales que así lo requieran, sea para mejorar mercado, solventar pagos de deudas, innovar, etcétera. En su artículo 25, da pautas para la conformación de empresas mixtas. El Título IV, arts.  62 adelante, habla de la reorganización de las empresas públicas. La Ley 516 de 4 de abril de 2014 de Inversiones prevé también la aparición de protagonistas privados en empresas y proyectos públicos. El Decreto Supremo 3469 de 24 de enero de 2018 da lineamientos para la conformación de las alianzas público privadas previstas. Una participación privada en alianza estratégica con una empresa pública o convertirla en SAM implica de algún modo  “capitalizar”, palabra tan vilipendiada en su momento.

Se deberá obtener una radiografía de cada entidad, definir el método más adecuado para su valorización, identificar una necesidad de alianza o reorganizarlas y convertirlas en empresas mixtas y prepararlas para un “due dilligence” lo más transparente posible. Identificada la necesidad de alianza o conversión a mixta, diseñar los términos de referencia para la búsqueda de socios, nacionales o internacionales pero conocedores del negocio.  No advertí nada en el decreto 3469 que señale quienes pueden plantear alianzas estratégicas. No debería ser un socio elegido a dedo, cuya capacidad previa en el rubro, así como la proveniencia de sus fondos estén en duda. Similar procedimiento debería diseñarse para la elección de socio para la empresa mixta. Si de mí dependiera, aplicaría un modelo como el anterior. Convertiría las empresas en mixtas. Dependiendo de su valor, que ese sea el 50 % de la nueva SAM por el cual pujen los interesados. Hasta ahí creo que decretos serían suficientes. La variante sería que  el socio del 49 % tenga la potestad de administrar la compañía. Recuerdo que en los años 90, tuvieron que modificar al 51 % ya que hubo poco interés de potenciales inversores. Hasta modificar eso es posible con una Asamblea Legislativa consciente. El concurso podría incluir la subrogación de la mayor porción de la deuda de la empresa a la mejor tasa si es al Estado. Asimismo, se podría calificar un porcentaje de sus ingresos por ventas, para cubrir la Renta Dignidad o algún otro bono. 

Criticar es fácil. Más de uno habrá pensado eso de mis artículos anteriores sobre las inversiones en empresas públicas de la anterior gestión. No hubo voces defendiendo lo contrario. O los ideólogos fugaron todos, o no les quedó otra que asentir silenciosamente y quizás hasta acompañen lo que líneas arriba propongo.  No me extrañaría que los mismos profesionales o los consorcios que participaron en las privatizaciones de aquel entonces, y que también lo hicieron en los 14 años de dispendio, participen en esta futura etapa. Constitucionalmente les estaría permitido, éticamente, no lo sé.

Jaime Aliaga Machicao fue gerente general del Sedem.

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