Hugo del Granado Cosío

Los hidrocarburos no tocan fondo

jueves, 9 de julio de 2020 · 00:09

Parecería que la fatalidad se ha instalado desde hace años en el sector hidrocarburos, a principios de siglo, cuando todo parecía iluminarse por las buenas reservas y buenos mercados, el mal halo envió un gobierno que se ocupó de echar por la borda la inédita coyuntura de condiciones excepcionales, gastando fortunas en cualquier emprendimiento que le parecía atractivo. 

Así se consumieron cerca de 40.000 millones de dólares de la renta petrolera durante 14 años en proyectos descabellados como la planta de LNG de Río Grande o deficientes y mal ejecutados, como el de la úrea de Bulo Bulo, que por la deficiente localización tuvo que construir un ferrocarril, además duplicó los contratos de operación y mantenimiento. Un ejemplo de este último caso es el de Samsung, la empresa que construyó la planta, que tenía la obligación de operar la planta hasta dos años después de su inauguración, o sea hasta septiembre de 2019, y, a pesar de ello, los administradores de la planta firmaron otro contrato con YPFB-Chaco con el mismo objeto por el mismo tiempo y hasta abril de 2020.  Para ellos fue un detalle sin importancia porque había abundante dinero y ningún control sobre el gasto.

 En el gobierno del MAS hubieron proyectos que fueron anulados por otras disposiciones del propio gobierno, como fue la conversión vehicular a GNV que fue neutralizada por la ley de saneamiento de motorizados que legalizó 150 mil autos chutos, tampoco tuvieron reparos en fomentar la importación irrestricta de todo tipo de automotores porque la millonaria subvención se cubría con los saldos del presupuesto. 

La idea de que las reservas eran tan grandes llevó al gobierno a creer que la exploración era ya un trabajo realizado, que la tarea era fácil y de segundo plano. Las condiciones eran tan favorables que Bolivia podía prescindir de las empresas petroleras, apoyarse en el aliado venezolano e imponer las condiciones de precios y volúmenes a sus mercados. Semejante absurdo es responsabilidad de los anteriores planificadores de la política petrolera.

La dinámica petrolera de los últimos años ha sido tan rápida que ha dejado obsoleta mucha tecnología y ha pasado factura a las empresas que no supieron tomar las decisiones correctas y a los países que politizaron lo que era eminentemente técnico. 

Felizmente y gracias al cambio de gobierno de noviembre del año pasado, el escenario venezolano al que nos acercábamos peligrosamente, como dice Armando Álvarez, es ahora lejano. Es urgente que en septiembre Bolivia aumente la distancia de semejante peligro. 

Pero no será fácil porque está visto que el virus populista lo tenemos enraizado y quienes lo aborrecen no están actuando inteligentemente para neutralizarlo. Estaban dadas las condiciones para demostrar a la población la terrible secuela de daños causados a la industria petrolera por el gobierno del MAS, no sólo por el tiempo y los recursos perdidos, sino por el esfuerzo que demandará retomar el cauce de desarrollo.

Se esperaban auditorías y un análisis retrospectivo de los 14 años de gobierno que llevaron al sector al calamitoso estado en que se encuentra; que se sentaran las guías de análisis de los daños causados; de una propuesta de reestructuración de YPFB, de la ANH y del propio ministerio; de transparencia en la información; del restablecimiento de la institucionalidad y de controles cruzados. 

YPFB está en peores condiciones que las dejadas por la capitalización, a pesar de tener 6.000 empleados está más desmantelado que nunca, gran parte de sus trabajadores han perdido la mística yacimientista y el amor a su empresa, ahora están más motivados por la filiación política y sus réditos económicos. YPFB es una empresa desestructurada con múltiples cabezas y gerencias, con autoridades que están a merced de sindicatos enajenados, de movimientos sociales y de fuerzas regionales que pueden disponer los cambios que consideren necesario y oponerse a lo que creen  inconvenientes. 

Entre los ejemplos más recientes se puede citar aquello del nombramiento del vicepresidente de Contratos y Fiscalización, cargo en el que tuvo que designarse a alguien de Villamontes, la protesta de los chapareños que amenazaron con acciones si se trasladaba la planta de úrea y luego la calificación de “alta traición” de los chaqueños a la decisión de utilizar los fondos de la planta de polipropileno en destinos más urgentes porque creen que así defienden los “altos intereses de la patria”.

Es difícil de explicar la inacción del gobierno de transición durante sus cuatro primeros meses de gestión para neutralizar la estructura masista en el sector petrolero, tiempo en que pudo denunciar y esclarecer la situación porque después se cruzó la pandemia en el camino y dejó las bases de reconstrucción postergadas hasta el próximo año, entre tanto el sector continuará deslizándose por la insondable pendiente.

 

Hugo del Granado Cosío es experto en hidrocarburos.

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