Tomás Peña y Lillo Telleria

Sobre el militar violento

domingo, 2 de agosto de 2020 · 00:08

Me permito escribir sobre el subeditorial de Página Siete motivado por algunas inexactitudes alarmantes respecto a este caso.

Decir que los militares “están empoderados desde la asunción de Añez” es un error de concepto muy serio; empoderar significa “hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido”, las Fuerzas Armadas no necesitan ser empoderadas porque constituyen un poder por sí mismas desde la fundación de la República, en todos los sentidos y con todas las responsabilidades que su misma naturaleza amerita.

Calificar de tortura al incidente en el cual el delincuente no recibió daños graves o severos, no sólo es malintencionado, es un absurdo.

Pero calificar de instrumento del autoritarismo a las fuerzas militares escapa a toda descripción; la misión de las Fuerzas Armadas es la de proporcionar seguridad y prever la defensa del Estado boliviano, esta tarea implica el uso de la fuerza y la administración de la violencia en casos necesarios; por lo tanto, no es un instrumento del autoritarismo, es un instrumento de defensa del orden legalmente constituido y la democracia.

Bloquear las calles o carreteras es un delito tipificado en el código de justicia, los que lo hacen son delincuentes y la tarea del Gobierno debe ser llevar a la justicia a los organizadores y a sus cajeros; ese sí es un delito que debe ser sancionado, no el “delito” de defender a una mujer agredida y asaltada por un ladrón.

En días pasados vimos lo que trajo la desgracia del populismo al país: matones y salvajes atacando ambulancias, destruyendo infraestructura, cortando cables, atacando transeúntes, agrediendo al personal de salud y además agrediendo al personal militar; esto último no publicado en los medios de comunicación,  pero sí en las Redes Sociales.

El mensaje es claro: “O somos gobierno o no dejamos gobernar y destruimos el país”. Frente a esta amenaza y descarado chantaje está la sociedad organizada y su brazo defensor: las Fuerzas Armadas, cuyo trabajo eficiente requiere medios y el apoyo mayoritario de la población no dispuesta a dejarse intimidar por la violencia y la demente destrucción.

También requiere de un gobierno dispuesto a no dejarse avasallar, capaz de dotar los medios, de tomar las medidas legales y respaldar decididamente el accionar de las Fuerzas Armadas, sabiendo que los chantajistas tratarán por todos los medios de buscar muertos, paralizar las ciudades y destruir la economía del país mediante los bloqueos. De un gobierno que tome decisiones estratégicas para detener lo que se viene;  convertir las vías de comunicación aéreas, fluviales y terrestres en zonas estratégicas militares, las ciudades en zonas de acceso controlado bajo mando de la reserva de las Fuerzas Armadas, construir caminos de evitamiento de poblaciones conflictivas, implementar el sistema ferroviario nacional; pero, por encima de todo, llevar a la cárcel a los que ordenan con tanta alegría bloquear caminos, atacar ambulancias o destruir bienes del Estado, y a sus peones pagados, si son reincidentes.

Volviendo al tema inicial, vemos que no es lo mismo escribir tranquilamente detrás de un escritorio que enfrentarse a las piedras, dinamita y palos de los bloqueadores profesionales, encima tratar de evitar que se contagien del coronavirus los ignorantes que no acatan la cuarentena; eso es los que hacen los miembros de las Fuerzas Armadas todos los días en esta pandemia y lo que harán cuando los subversores traten de destruir al país.

Por eso, cuando se habla de legalidad y justicia, la respuesta es fácil: puede no ser completamente legal el tratamiento dado por el militar al ladrón infraganti y confeso, pero es totalmente justo. Le comunico que el delincuente fue liberado a las ocho horas de su captura.

Tomás Peña y Lillo es general y  MSc. en Seguridad y Defensa.

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